La PGR y su lenta ayuda en el caso Rodrigo Medina

Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León. Foto: Octavio Gómez Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León. Foto: Octavio Gómez

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de la República (PGR) se ocupará pronto del exgobernador Rodrigo Medina, quien tiene en Nuevo León más de 20 expedientes en investigación por casos de corrupción.

Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción de la entidad, señala que la autoridad federal ya dio muestras de imparcialidad e, incluso, de voluntad política, al detener en eventos recientes a los exmandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington; Veracruz, Javier Duarte; y Sonora, Guillermo Padrés.

Señala que ahora es cuestión de tiempo para que inicie sus propias indagatorias en contra del exmandatario nuevoleonés en el sexenio 2009-2015, pues en la entidad ya tiene imputaciones por acciones relacionadas con actos de corrupción.

Con la información que les proporcionen las autoridades federales, principalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los investigadores de Nuevo León esperan comprobar las sospechas que tienen del enriquecimiento inexplicable del priista.

Desde el inicio del presente año, la PGR se involucró en las investigaciones a Medina de la Cruz. Sin embargo, el respaldo que ha dado a los detectives estatales no ha sido suficiente, considera el subprocurador, quien se ha encargado de imputar y de llevar a ante la justicia al escurridizo exgobernador.

Para el funcionario estatal, son desconocidas las razones por las que el gobierno federal sólo coadyuva en la investigación en la entidad, y no se ha decidido a proceder contra Medina.

“Esa pregunta es más bien para la PGR. Ellos son los que tienen la respuesta, yo no la tengo”, sentencia.

Entra la PGR

El encarcelamiento de Rodrigo Medina es una cuenta que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco no ha podido saldar con el pueblo de Nuevo León.

Desde su campaña en 2015, se comprometió a procesarlo y a encerrarlo por los actos de corrupción que, se decía, había incurrido en la entidad.

Ya ha transcurrido un año y medio desde que asumió la gubernatura, pero el exmandatario tricolor sigue libre.

En julio pasado, una fuente del gobierno estatal reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya indagaba los delitos fiscales en los que pudo haber incurrido Medina de la Cruz junto a sus colaboradores, en la defraudación detectada en esta entidad. La misma dependencia federal le había pedido al gobierno del Bronco que sacara las manos de las actuaciones federales y que, llegado el momento, les compartirían los hallazgos (Proceso 2073).

Finalmente, el 10 de enero del 2017, el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, recibió a Canales Santos y otros agentes ministeriales de la entidad, y les anunció que les permitiría acceder a la información de la CNBV y el SAT, que con tanto recelo es resguardada.

Con estos datos, la subprocuraduría local tendría a su alcance información que le permitiera conocer flujos de dinero producto de actividades ilícitas en las que habría incurrido el mandatario, como sobornos o sobreprecios.

La investigación alcanzaría a Humberto Medina Ainslie, padre del exgobernador, considerado el cerebro detrás de los presuntos latrocinios perpetrados en la administración estatal pasada. Otros exfuncionarios cercanos a él también estarían involucrados.

En entrevista, el fiscal Anticorrupción de Nuevo León señala que sí hubo una invitación de la Procuraduría General de la República (PGR) para que revisaran los archivos bancarios y fiscales, pero dice que no ha fluido la información con la celeridad que demandan las investigaciones contra el político priista.

En aquella reunión, el procurador General reconoció la importancia de las aportaciones que podría hacer el gobierno federal a las pesquisas que hace la subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León y asignó como enlace al subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales Alberto Elías Beltrán.

Pero durante estos meses la ayuda ha fluido poco.

Medina de la Cruz está vinculado a tres procesos: por peculado, ejercicio indebido de funciones y daño al erario.

Dentro del mismo expediente del denominado Caso KIA, se le acusa de haber entregado de manera ilegal estímulos fiscales por más de 3 mil 500 millones de pesos a la armadora de autos surcoreana que se instaló en el municipio nuevoleonés de Pesquería.

El pasado 26 de de enero, Medina fue vinculado y enviado a la cárcel del topo Chico, pero estuvo sólo 18 horas, pues fue liberado por un amparo salvador.

Medina sigue libre. Va y viene de la Ciudad de México donde reside, a Santiago, municipio conurbado donde tiene su domicilio legal. En la localidad se sabe que todavía participa en las decisiones del PRI de la entidad.

El Bronco lo quiere encarcelar, pero pese a la anunciada ayuda, todavía espera que las autoridades federales se interesen en el caso. La presión hacia el mandatario independiente y la Procuraduría es tremenda, pues la ciudadanía demanda resultados en torno a las corruptelas personificadas en Medina de la Cruz, a quien se le considera el principal responsable de la ruina en la que se encuentran las finanzas estatales.

Tras los recientes arrestos de exgobernadores, Canales ve con optimismo la actuación federal que, considera, pronto enfilará baterías hacia el priista nuevoleonés, a quien hasta ahora no se le han fincado delitos de orden federal, imputaciones que tendría que hacer un ministerio público de la PGR.

“La PGR no se ha involucrado lo suficiente en el caso de Rodrigo Medina. No nos ha proporcionado la información bancaria y financiera que hemos pedido del exmandatario. Sin embargo, para mí, como fiscal Anticorrupción, es muy buena noticia constatar la imparcialidad de la PGR en estos casos recientes.

“En el caso de Medina, no hemos tenido la misma respuesta de la PGR como en los casos de Veracruz y Sonora. Pero eventualmente creo que la vamos a tener. Así como les llegó su tiempo a ellos, le llegará su tiempo también a Medina. Es de celebrar en todo el país que la PGR esté dando resultados en estos casos y esperamos que lo vaya a dar también en el caso de Nuevo León”, estima.

En los archivos encriptados de las dependencias federales, los agentes ministeriales de la localidad esperan encontrar la trayectoria del dinero de las fechorías detectadas del sexenio pasado que, de acuerdo a las imputaciones, fueron orquestadas desde el mismo escritorio de Rodrigo Medina de la Cruz cuando era gobernador constitucional del estado de Nuevo León.

“Por ejemplo, en algún contrato de obra pública cualquiera, detectamos un sobreprecio. A través de un peritaje oficial, encontramos que la obra asignada tiene un copete de 40 o 50%, sobre los precios de mercado. Lo que nos había faltado es determinar que ese sobreprecio regresara al funcionario encargado de la asignación de la obra”.

“Esa información la podemos ya conseguir a través de los movimientos bancarios de la persona investigada y sus declaraciones de impuestos. Ver estos datos es un factor fundamental en el combate a la corrupción”, dice el funcionario.

En la subprocuraduría saben que mucho del dinero ilícito es entregado a prestanombres y, con frecuencia, en efectivo, por lo que es muy complicado seguir esos vectores. Sin embargo, acceder a los secretos bancarios y fiscales ayuda al propósito, pues en las transacciones financieras y en las declaraciones de impuestos se encuentran bases para armar casos, explica el Zar.

“Hay movimientos de todo tipo, cierto, pero los flujos de dinero nos van a permitir determinar cuál cantidad se fue a un determinado funcionario o a otro. Estoy de acuerdo, esto es muy complejo y mucho de esto se maneja en efectivo, pero sabemos que no todo puede manejarse así, en efectivo. Por eso esta área nos puede dar pruebas duras para sujetar a proceso con éxito a los funcionarios y empresarios corruptos”, señala.

Otros 20 expedientes

Independientemente de las actuaciones de la PGR y otros funcionarios federales que coadyuven a las indagatorias, la Fiscalía estatal hace su trabajo y prepara otras imputaciones.

Los investigadores de Nuevo León tienen mucho trabajo por hacer.

Medina es investigado en por lo menos 20 expedientes, revela Canales.

Además del caso KIA y por enriquecimiento ilícito, hay indagatorias por la asignación de estímulos indebidos a una acerera en Linares, licitaciones ilegales en carreteras estatales, irregularidades en la elaboración del plan hidráulico Monterrey VI, contrato a despachos de publicidad a los que se les dieron pagos sobrefacturados, entre otras presuntas irregularidades que están bajo escrutinio.

El fiscal señala que no hay seguridad de que habrá imputación por cada uno de los casos, aunque afirma que conforme recaben pruebas sólidas, comenzarán a armar las respectivas acusaciones que llegado el momento presentarán ante el juez de control.

“En la PGR nos habían dicho que presentáramos la petición de lo que necesitamos y sí, efectivamente, nos han dado información, pero no completa. De manera que no hemos podido, con la información que nos han dado, demostrar el enriquecimiento ilegítimo. Sin embargo, sí lo estamos logrando con auditorías estatales y por otros medios que la Fiscalía de Nuevo León consigue con sus propias uñas.

“La Fiscalía, de cualquier manera, sigue avanzando en sus pesquisas. Pero como son investigaciones en proceso, no podemos dar información porque nos estaríamos entorpeciendo. Pero pronto lo sabrán, cuando podamos concretarlo en imputaciones de delitos, que serán resultado de estas investigaciones”, dice.

El zar Anticorrupción de Nuevo León señala que el trabajo que se hace en la entidad sienta un precedente. Es el primero que, de manera sistemática y legal, emprende una investigación contra un exgobernador, con lo que se envía un mensaje sobre el fin de los tiempos de la impunidad.

Ahora, dice, en Nuevo León ya no se podrá saquear al erario tranquilamente, como ha ocurrido desde siempre, aunque se siga especulando sobre los motivos de la autoridad para promover imputaciones, vinculaciones y arrestos.

“Por eso digo que es una gran noticia para México que la PGR esté demostrando con hechos concretos que sí va en serio en el combate a la corrupción. ¿Hay motivos políticos? Ya es especulación de cada quien. Pero lo importante es que hay hechos concretos que están demostrando que el país le da la vuelta a un siglo de impunidad y que persigue en serio casos de corrupción de personas de uno o de otro partido”, asevera.

El gobierno federal ha dado muestras de actuación apolítica, más allá de los posibles criterios partidistas que hubo, por ejemplo, en la investigación inicial hacia Javier Duarte de Ochoa quien, luego de solicitar licencia y ser relevado en el cargo, fue acusado antes de que concluyera el sexenio priista.

Para Canales, la lectura política del escándalo de corrupción en Veracruz, es que el PRI quiso que fuera acusado en tiempos en los que aún gobernaba su partido, antes de que lo hiciera el sucesor, el albiazul, Miguel Yunes, y el PAN se colgara la medalla de su caída.

“Esta actividad y la exhibición de imparcialidad de la PGR nos alienta mucho. En el pasado estas acciones habían sido claramente motivadas por factores políticos y electorales. En el caso de Duarte, en Veracruz, podría interpretarse que fue un acto de autolimpieza del PRI, antes de que llegara el relevo del PAN y tuviera méritos de sacar todos los enredos del gobernador priista”.

“El propio PRI fue el encargado de sacarlo. Pero como no se concretó el arresto, sino por el contrario, se evadió Duarte, la imaginación del pueblo con base a cien años de impunidad en el país, consideró que había complicidad de parte de la PGR. Pero ahora, el arresto demuestra que no hay tal complicidad”, considera.

Guerra de amparos

Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción emprende una lucha contra el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en particular contra el recurso de los amparos que ha permitido que Medina y su padre sigan libres, pues la protección federal impide que la autoridad local actúe contra ellos.

Al anterior gobernador, la juez quinta de distrito con sede en Monterrey, Beatriz Jaimes Ramos, le concedió la protección al considerar que no existía riesgo de evasión, pues el promovente del amparo había acudido puntualmente a cada uno de los llamados del juez de control.

El gobierno de Nuevo León, en cambio, busca convencer al Poder Judicial que el político vinculado debe estar en prisión, pues existen posibilidades de que evada la acción de la justicia al ser acusado de un daño al erario superior a los 3 mil millones de pesos, cantidad exorbitante que debería resarcir en caso de ser hallado culpable.

Pero, además, la subprocuraduría alega que Medina de la Cruz vive en la Ciudad de México y que cuenta con una sospechosa solvencia económica, pues, pese a no tener un trabajo conocido, se desplaza en avión particular cada vez que tiene que ir a declarar a la entidad.

También pende sobre él una penalidad cercana a los 12 años de prisión por cada uno de los delitos por los que es sujeto a proceso.

El 3 de marzo pasado, al acudir a una de las audiencias que le programa periódicamente la Fiscalía para el desahogo de diligencias, Medina se mostró irritado ante los medios por vez primera desde que fue imputado el pasado 3 de junio del 2016.

“La verdad es molesto, porque esto ya lleva más de un año y medio. Esto parece no tener fin y, bueno, la ley y el derecho también le asisten a quien se defiende, como nosotros, que no se nos ha comprobado nada. Esto pinta más para ser un acto de molestia”, señaló.

En las investigaciones ya fue involucrada su esposa, Gretta Salinas, a quien antes de terminar el sexenio le regaló una casa que, de acuerdo a la Fiscalía, no pudo ser adquirida con sus percepciones como servidor público. La exprimera dama estatal ya fue requerida varias veces por la Fiscalía en la investigación por enriquecimiento ilícito de su marido. Ella también viene a la entidad con protección federal para evitar el arresto.

En esta batalla por los amparos, Medina ganó un importante episodio. El 3 de abril, un Tribunal Colegiado desechó por “absurdas” las denuncias que presentó la Fiscalía estatal ante la PGR en contra de la jueza Jaimes Ramos, por “haberse extralimitado en sus funciones” al conceder beneficios constitucionales a Medina y a algunos de sus exfuncionarios.

Los magistrados señalaron que Canales Santos no pudo comprobar en su demanda, a través de datos objetivos, que la jueza actuara de manera parcial para favorecer a los exservidores públicos amparados.

“De aceptar esa postura, se llegaría al absurdo de que bastaría la presentación de una acusación de carácter grave para que el recusante consiguiera caprichosamente que el asunto que le interesa lo resuelva el órgano jurisdiccional que mejor le acomode, lo cual evidentemente es incompatible con la finalidad y función que tienen las causales de impedimento en el sistema de impartición de justicia que rige en nuestro país”, explicaron los magistrados.

El fiscal nuevoleonés anunció que recurrirá a la Organización de Estados Americanos para denunciar la inacción de la PGR que, al abstenerse de investigar a la jueza denunciada, protege al exgobernador vinculado.

Comentarios

Load More