MONTERREY, NL (apro).- Medio centenar de detenidos por los saqueos ocurridos en la zona metropolitana los días 5 y 6 de enero, tras las protestas por el gasolinazo y a los impuestos estatales, han obtenido libertad condicional debido a que los defensores de oficio los amenazan para que se declaren culpables y obtengan una sentencia abreviada. Así lo denunció el abogado Gregorio Martínez Rivera, quien actualmente defiende a diez personas que fueron arrestadas en diversos puntos de la zona metropolitana por, supuestamente, haber efectuado robos en tiendas departamentales que fueron allanadas por miles de personas en aquella jornada de violencia inédita en la entidad. El litigante afirma que tras los hechos unas 120 personas fueron detenidas y vinculadas a proceso, acusadas de robo agravado, con la modalidad de pandilla. Martínez Rivera explica que, al conocer numerosos casos de personas detenidas en esos eventos, se enteró de que los defensores de oficio que les proporcionó el Poder Judicial de la entidad amenazaron a los procesados, señalándoles que serían sentenciados a una pena máxima de hasta 26 años por haber saqueado los establecimientos. Los mismos abogados que proporcionó el Estado los intimidaron mientras les sugerían que se apegaran a los beneficios de reducción de penas que conlleva el juicio abreviado, al que podían acceder si se declaraban culpables de los delitos que les imputaban y reparaban el daño, explica Martínez Rivera. Son los primeros 50 que salieron en libertad, luego de saldar, en algunos casos, hasta 40 mil pesos por los supuestos aparatos que habían robado en los almacenes y reparar los daños ocasionados en cristales y estanterías durante la jornada de desordenes que inició la noche del 5 de enero frente a palacio de gobierno. Luego explica que en este proceso abreviado el juez concede, a los confesos, sentenciarlos a la mínima pena que era de cinco años y reducirla hasta tres veces, un período que resultaría en cerca de un año y medio de prisión domiciliaria, con libertad condicionada y vigilancia policiaca. Sin embargo, muchos no pudieron salir porque para acceder al beneficio es indispensable que paguen los supuestos daños que habían cometido y ellos carecían de solvencia. El abogado menciona que todo el operativo posterior a los saqueos fue un invento para detener a los que se encontraban cerca de los lugares, pues quienes iniciaron los desmanes, muchos de ellos encapuchados, actuaron con libertad ante la paciencia de los policías que tuvieron instrucciones de no detenerlos. “Ahí anduvieron ministeriales, policía municipal, policía militar. Fue una redada general e incluso detuvieron a varios que estaban grabando con sus teléfonos celulares y también les inventaron los delitos. Al final de estos hechos, los que actualmente tienen defensores de oficio están fritos”, alerta. También dice que, como sabe que sus defendidos son todos inocentes, determinó que sean llevados al juicio oral, tras el cual está seguro que, en el peor de los casos, alguno recibirá sentencia de tentativa de robo, que implica una penalidad que no es mayor a los seis meses. Sus defendidos son Javier, Mayra, Eduardo, Jorge y Roberto, detenidos en la casa de empeño First Cash, en la colonia Pueblo Nuevo, de Apodaca; Elmer, Juan Carlos y Claudia, en tienda Merco, de las calles Mixcoac y Acapulco, en Apodaca, y Jesús Armando, Juan Francisco y Juan Daniel, en Bodega Aurrerá, ubicada en Rodrigo Gómez y Almazán, de esta capital. Todos enfrentan el proceso en libertad luego de que el litigante tramitara amparos para excarcelarlos. La tarde del 5 de enero se salió de control una manifestación de 20 mil personas convocada por el Congreso Nacional Ciudadano en la Macroplaza, con el fin de protestar por las alzas a los impuestos estatales y a las gasolinas. Un grupo de jóvenes vandalizó vitrales centenarios de palacio de gobierno y se enfrentó con la policía estatal Fuerza Civil. Después de la medianoche hubo saqueos en establecimientos comerciales de Monterrey y Apodaca. Al día siguiente el gobierno del estado reportó 27 allanamientos y decenas de detenidos por estos hechos, la mayoría de los cuales aún se encuentran repartidos en las prisiones del Topo Chico, Apodaca y Cadereyta.