CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la ola de asesinatos de periodistas en México, el presidente Enrique Peña Nieto debe comprometerse públicamente a abordar la impunidad de los delitos contra la libertad de expresión, reforzar la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), urgió hoy el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La organización internacional con sede en Nueva York demandó también al titular del Ejecutivo asegurarse de que el Mecanismo de Protección a Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, proporcione asistencia efectiva a los profesionales de la información para evitar los ataques letales. Desde el año 2010, 50 periodistas han sido asesinados o desaparecidos en el país. Peor aún, “en prácticamente todos los casos de periodistas asesinados en represalia directa por su labor informativa, la justicia sigue ausente y la impunidad continúa siendo la norma”, señaló el CPJ en un informe sobre México que publicó hoy. “A Peña Nieto y su gobierno se les está acabando el tiempo para resolver estos problemas. Su gestión se ha visto plagada por escándalos de corrupción y un deficiente historial en materia de derechos humanos, que incluye la incapacidad de resolver la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Sin embargo, si la justicia no prevalece antes del término de su mandato, Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de impunidad endémica”, insistió. El organismo pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que “responsabilice” al gobierno federal mexicano, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que formuló la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, según la cual México debe investigar plena, efectiva e imparcialmente estos crímenes y esclarecer sus motivos. Desde el año 2008, el puntaje de México se duplicó en el Índice de Impunidad del CPJ, el cual colocó al país en el sexto lugar de los países donde los crímenes contra periodistas menos se castigan, detrás de Somalia, Irak, Siria, Filipinas y Sudán del Sur. “Pese a condenar públicamente la violencia contra la prensa, el presidente Peña Nieto, cuyo mandato concluirá en poco más de un año, ha hecho poco para asegurar que su legado incluya erradicar este problema endémico”, deploró la organización, al recordar que la FEADLE sólo ha resuelto tres casos desde su creación. Los casos En su informe, el CPJ retomó los casos de los dos periodistas veracruzanos Gregorio Jiménez de la Cruz –secuestrado y asesinado en febrero de 2014-- y José Moisés Sánchez Cerezo, así como del oaxaqueño Marcos Hernández Bautista, corresponsal del diario Noticias Voz e Imagen en la región de la costa, asesinado el 21 de enero de 2016. En el caso de Sánchez Bautista --“levantado” fuera de su casa de Medellín de Bravo el 2 de enero de 2015 y encontrado tres semanas después, con el cuerpo mutilado y decapitado--, la policía identificó al autor intelectual del crimen, Omar Cruz Reyes, el alcalde del municipio. Sin embargo, los retrasos burocráticos le permitieron evadir la justicia, y el CPJ recordó que las autoridades no hallaron suficientes las líneas de investigación que vinculaban el asesinato con Javier Duarte de Ochoa, entonces gobernador de Veracruz. De los 17 periodistas asesinados durante el mandato de Duarte de Ochoa, el CPJ determinó que seis fueron perpetrados “en represalia directa por su labor informativa, mientras que otros tres desaparecieron”, entre ellos el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, asesinada el 28 de abril de 2012. La organización subrayó que, en los escasos casos de asesinatos de periodistas que derivan en una condena, las autoridades no logran determinar el motivo del crimen, ni dar con el autor intelectual del mismo. “Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad”, señaló. “Binomio insano” En la serie de recomendaciones que emitió en el informe, la organización pidió a Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), que persiga y condene a los autores intelectuales de los asesinatos y exija a las procuradurías locales que cooperen y se comuniquen plenamente con las autoridades federales. Adela Navarro Bello, directora del semanario bajacaliforniano Zeta y autora del prólogo del informe, recordó que las investigaciones oficiales sobre las agresiones perpetradas contra los periodistas de su medio –entre ellos Héctor Félix Miranda, asesinado el 20 de abril de 1988-- nunca determinaron la identidad de los autores intelectuales de los crímenes. La directiva insistió en que el periodismo de investigación enfrenta más obstáculos en los estados, en cuyas localidades “está enraizada la corrupción que provee impunidad oculta en una provincia”. Deploró: “Los periodistas están atrapados en el binomio insano de la corrupción y la impunidad, provocado por uno aún más fatal: la unión de gobierno y crimen organizado contra la prensa libre, contra la verdad revelada en una investigación, contra el reportaje y la crítica”.