CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización civil Ahora, que encabeza Emilio Álvarez Icaza, contestó a la amenaza de demanda de la empresa OHL al reafirmar su declaración de que ésta ha otorgado financiamiento ilegal a campañas de políticos mexiquenses a través del dinero obtenido por concesiones carreteras como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. Luego que la empresa española OHL anunció que la demandará, igual que al abogado Paulo Díez, representante legal de la empresa Infraiber --quien también denunció la financiación ilegal a las campañas de los priistas mexiquenses--, la organización reiteró que presentará una denuncia para que se indague dónde están mil 600 millones de pesos asignados al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) “que no aparecen”. En un comunicado, Ahora afirmó que existe la sospecha de que con ese dinero el PRI podría comprar hasta un millón de votos o credenciales para la elección del próximo 4 de junio a favor de Alfredo del Mazo. Agregó: “Ante la amenaza que ha hecho OHL, de proceder legalmente contra AHORA por los señalamientos expresados el pasado martes 9 de mayo, recordamos que en estos mismos momentos, esa empresa está siendo investigada por las autoridades españolas, por los delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, falsedad documental, lavado de dinero, fraude y el pago de sobornos a autoridades y dirigentes del Partido Popular, con recursos –precisamente- de OHL México”. La organización precisó que mientras ayer hacía públicos sus cuestionamientos en la investigación de #ElCiclo, al mismo tiempo el Consejo de Administración de OHL en España aceptó la renuncia del consejero Javier López Madrid, acusado de realizar transferencias millonarias desde la filial mexicana a España; fue detenido el pasado 21 de abril. “Así como están actuando las instancias de justicia en España, AHORA espera la actuación de las autoridades mexicanas correspondientes para que investiguen a conciencia la relación de servidores públicos locales y federales, con la empresa OHL; así como una presumible operación política para financiar campañas electorales con recursos de procedencia ilícita en el Estado de México y a nivel federal”, agregó. Ahora subrayó que actuará “con toda energía” y estará pendiente y exigiendo que las autoridades mexicanas, en sus distintos ámbitos de competencia, hagan justicia con el fin de que los recursos públicos en este país sean utilizados para atender las necesidades de las mexicanas y mexicanos menos favorecidos. Reiteró que presentará a las autoridades correspondientes, los elementos a su disposición, en defensa de la democracia y la libertad. “En AHORA no nos dejaremos intimidar por amenazas ni exigencias que pretenden coartar nuestros derechos, empezando por el de la libertad de expresión. Informamos que en los próximos días presentaremos las denuncias correspondientes ante diversas autoridades de nuestro país”, señaló. Ante las acusaciones de la organización civil y la empresa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a la transnacional OHL entregar un informe para acreditar que no financió campañas políticas ilegalmente. En un comunicado, la dependencia dijo que solicitó a la constructora “que en un plazo no mayor a tres días hábiles, envíe un informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa”.