Argentina: el escándalo Odebrecht alcanza al entorno de Macri

Macri durante un encuentro con trabajadores en Buenos Aires. Foto: AP / Natacha Pisarenko Macri durante un encuentro con trabajadores en Buenos Aires. Foto: AP / Natacha Pisarenko

BUENOS AIRES (apro).- El escándalo de corrupción de Odebrecht, que salpica por igual a exfuncionarios kirchneristas y a miembros del círculo íntimo de Mauricio Macri, amenaza con extenderse.

El pasado 9 de mayo, la constructora brasileña ofreció a la justicia federal argentina “un acuerdo de colaboración amplio y eficaz, similar a los celebrados ante las autoridades judiciales de la República Federativa de Brasil, de Suiza, Estados Unidos y República Dominicana”, según se lee en el comunicado de la empresa.

Odebrecht propuso brindar información a cambio de limpiar la imagen y mantener sus actividades. El 11 de mayo, el intermediario “arrepentido” Leonardo Meirelles, quien pagaba sobornos para Odebrecht, declaró por viedoconferencia ante dos fiscales argentinos. Dijo haber transferido 850 mil dólares a Gustavo Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia argentina e íntimo amigo del presidente.

Al día de hoy en Argentina, el caso Odebrecht es investigado en varias causas. Todas se originan en las declaraciones de ejecutivos e intermediarios de la empresa que en Brasil y Estados Unidos se han acogido, para reducir sus penas, al sistema conocido como “delación premiada”.

En un primer momento, el foco de los jueces y fiscales argentinos se centró en lo actuado por exfuncionarios de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Sobre todo en quienes eran responsables de contratar obra pública. Por ejemplo, el exministro de Planificación Julio De Vido, quien en 2008 adjudicó a Odebrecht el multimillonario contrato para soterrar las vías del Ferrocarril Sarmiento. O el exsecretario de Obras Públicas José López, detenido en 2016 con 9 millones de dólares, cuyo origen se atribuye al cobro de sobornos. El exministro de Transporte, Ricardo Jaime, hoy encarcelado por otros hechos de corrupción, también participó en diferentes negociaciones con el gigante brasileño.

Con el avance de las investigaciones, sin embargo, han salido a la luz numerosas denuncias contra el entorno y el grupo empresarial de la familia de Mauricio Macri. Investigaciones realizadas por la Policía Brasileña revelan que no sólo Odebrecht pagó sobornos vinculados a la obra del Ferrocarril Sarmiento. También lo hizo su socia argentina, Iecsa, entonces parte del Grupo Macri, según publicó el diario Estado do Sao Paulo, el 17 de febrero, con base en una investigación de la Policía Federal de Brasil.

El caso Odebrecht transparenta una modalidad usual en la asignación de obra pública en Argentina desde hace décadas.

Arrepentidos

“Meirelles confirmó las cinco transferencias a Arribas que se conocían y habló de cinco más por un total de 850 mil dólares de coimas (sobornos)”, escribió el 11 de mayo Hugo Alconada Mon en su cuenta de twitter.

El periodista del diario La Nación ya había publicado el 11 de enero que el jefe de Inteligencia argentino había recibido en 2013 cinco transferencias de este intermediario brasileño, en una cuenta suiza por un total de 600 mil dólares.

Leonardo Meirelles y Alberto Youssef se encargaban de girar los pagos de sobornos de la constructora desde cuentas de empresas fantasma. Fueron condenados en Brasil. Se acogieron a la “delación premiada”. El 11 de mayo declararon por teleconferencia ante los fiscales argentinos Federico Delgado y Sergio Rodríguez. Meirelles sostuvo que las transferencias a Gustavo Arribas fueron diez y que el monto total ascendió a 850 mil dólares. Arribas sólo admite haber recibido de Meirelles una transferencia de 70 mil dólares, por la supuesta venta de los muebles de un departamento que tenía en Sao Paulo. En marzo fue sobreseído por la justicia argentina. La nueva denuncia lo pone en un verdadero aprieto.

Otro vínculo incómodo para el gobierno es la utilización que hizo Odebrecht del estudio Mossack Fonseca para pagar sobornos en todo el continente. Este estudio de abogados está en el epicentro de los Panamá Papers, filtración periodística en la que se menciona a Macri y varios de sus funcionarios como directores y accionistas de empresas offshore en paraísos fiscales.

Por si fuera poco, la semana pasada se confirmó que Odebrecht aportó fondos para la campaña electoral del Mauricio Macri. El gobierno sostiene que se trata de una donación “totalmente legal”. El Pro (Propuesta Republicana), partido político del presidente, la declaró en su balance de 2015. Desde el punto de vista político, sin embargo, este apoyo rasga el halo de transparencia con el que se presenta el gobierno.

En el vecino Brasil, Marcelo Odebrecht encabeza la lista de los “arrepentidos”. Pretende así lograr una rebaja de la condena a 19 años de cárcel que purga. El director ejecutivo de la constructora y 77 de sus ejecutivos reconocieron haber pagado sobornos por mil millones de dólares en 12 países, para quedarse con negocios monumentales. Tras firmar acuerdos con el Ministerio Público Federal de Brasil, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza, la constructora pagará una multa de 3 mil 500 millones de dólares.

En Argentina –según informaciones del Departamento de Estado norteamericano–, entre 2007 y 2014 Odebrecht pagó sobornos por más de 35 millones de dólares. Esto involucra al menos tres proyectos de infraestructura en los cuales la constructora tuvo beneficios por 278 millones de dólares. El monto real sería mucho mayor, si se tiene en cuenta que Odebrecht ganó obras en Argentina por 5 mil millones de dólares y que el monto habitual de estos sobornos ronda el 10%.

Otro arrepentido que puede incomodar a Macri es el exejecutivo de Odebrecht Fernando Migliaccio. Fue detenido en Suiza. Colabora con la justicia brasileña. En 2010 Migliaccio compró para la constructora la mayoría accionaria de la filial que el Meinl Bank tiene en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda. El Grupo Macri tiene prendada una suma millonaria de acciones con este banco austríaco. Esto se debe a créditos con garantía de acciones asumidos por Correo Argentino SA. Entre 1997 y 2003, el Grupo Macri gestionó el servicio postal a través de esta empresa. Entró en concurso de acreedores. En junio de 2016 el gobierno de Macri intentó condonar la millonaria deuda que el grupo familiar tiene con el Estado. El Meinl Bank compró la deuda que el Grupo Macri tenía con otros bancos y convalidó en la audiencia judicial la propuesta hecha por el consorcio. La fiscal Andrea Boquín calificó el acuerdo firmado como “ruinoso” para el Estado. El escándalo obligó al gobierno a sepultar el acuerdo firmado.

Las empresas

La Justicia Federal Argentina deberá responder ahora si accede o no a firmar un acuerdo con Odebrecht. El gobierno de Macri ha dado señales contradictorias a la hora de impulsar la investigación. El 25 de abril, el gobierno forzó la renuncia de Carlos Balbín, titular de la Procuración del Tesoro. Esta dependencia oficial se encarga de defender los intereses estatales frente a las grandes empresas que entablan demandas. Balbín estaba investigando, junto con el fiscal Sergio Rodríguez, el pago de sobornos de Odebrecht en Argentina. El objetivo era recuperar para el Estado ese dinero.

Tras el despido, el gobierno designó en su puesto a Bernardo Saravia Frías, un abogado cuyo estudio tiene entre sus clientes al Grupo Macri.

Marcelo Giulitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), no se atreve a asegurar ni a desmentir las razones por las que Balbín fue apartado de su cargo. “Más allá de eso, la designación de Bernardo Saravia Frías es preocupante”, dice a Apro. “No sólo debido a los conflictos de interés que el funcionario presenta respecto al presidente de la nación, sino también respecto a numerosas empresas que figuran como clientes de su estudio jurídico o en las cuales el funcionario posee intereses directos –sea por ser directivo, representante o socio según la base de datos de la Inspección General de Justicia– que pueden ser parte en juicios contra el Estado, debido a las actividades que desarrollan”, explica.

No es la única actitud llamativa del gobierno frente al escándalo. El presidente Macri solicitó a la Corte Suprema de Brasil que le facilite toda la información disponible sobre el capítulo argentino del caso Odebrecht.

Repitió el pedido ante la justicia de Estados Unidos. No ha recibido respuesta.

Diferentes gobiernos de la región, como el de México o el de Colombia, han suspendido o rescindido contratos con Odebrecht. Macri, sin embargo, se ha negado a aplicar el Decreto 1023 del año 2001, que lo habilita a rescindir un contrato en caso de que se constate que hubo pago de sobornos.

La responsabilidad que cabe a los empresarios en casos como el de Odebrecht ha llegado finalmente al Parlamento. En octubre de 2016, el propio presidente envió al Congreso un proyecto de penalización de las personas jurídicas. De aprobarse la ley, sería aplicable a sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas. Se castigaría el soborno, la malversación de fondos, las negociaciones incompatibles con funciones públicas y el tráfico de influencias. Se pretende así cumplir con un requisito de la Convención para combatir el Cohecho Internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Cámara de Diputados abrió el debate el 22 de marzo a un grupo de 16 expertos. Al proyecto oficial se le critica el hecho de pensar la corrupción empresarial desde la lógica del empleado infiel. Y no, tal como grafica el caso Odebrecht, como decisión de gestión empresarial.

“A mí me parece muy bien que se legisle sobre delitos vinculados a la corrupción”, dice a Apro el especialista en derecho penal Diego Luna, quien asistió a la Cámara de Diputados para recomendar mejoras al proyecto. “Pero no estoy de acuerdo con algunos supuestos de exclusión de la responsabilidad penal de las empresas que se proponen”, aclara.

Pone el acento en los “programas de integridad”. Estos son planes de acción, que tendrán que implementar las empresas para formar a su personal en la prevención de estos delitos. “La sociedad comercial sólo sería penalmente responsable en el caso de no haber implementado un ‘plan de integridad’ –explica Luna–. Pero si a pesar de haber adoptado estos recaudos, uno de sus ejecutivos paga coimas, que es el cohecho, o trafica influencias para conseguir beneficios comerciales, la empresa estaría eximida de responsabilidad penal”.

El experto hace explícita su crítica: “En la práctica, esto puede implicar que una sociedad comercial que ha decidido deliquir, implemente el ‘programa’, y después delinca tranquila, porque está eximida de responsabilidad penal”.

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