CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Las expertas en violencia de género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que acompañarán la investigación del caso de Lesvy Berlín Osorio Martínez, hallada sin vida en Ciudad Universitaria (CU) el pasado 3 de mayo, trabajarán para asegurar una investigación con perspectiva de género y la próxima semana definirán el plan a seguir. En entrevista, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del grupo de expertas, Alicia Elena Pérez Duarte, afirma que la garantía de justicia para Lesvy depende de una investigación realizada con perspectiva de género y de que tengan acceso al expediente del caso. Así, si las instancias encargadas del asunto, añade, no tienen esa perspectiva, las académicas se “pondrán a disposición de ellas. Y, si necesita dar un giro, que sea uno con perspectiva de género”. Con ello, señala, las expertas podrían orientar a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) “en el análisis del contexto en el que se dio el asesinato de Lesvy para encontrar a las personas responsables”. En próximos días se reunirán autoridades de la rectoría de la UNAM, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la PGJ para definir las tareas del grupo. Como abogada, quien fue la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), espera poder ver el cuaderno de investigación y señala: “si no podemos tener acceso a él, la verdad es que no tenemos nada que hacer, yo por lo menos no veo cómo puedo ayudar”. Por su parte, la presidenta de la comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano, y la coordinadora en México de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez Hernández, también integrantes del grupo de expertas, califican el acuerdo como un paso importante. “Significa la apertura de canales para que los estudios que como académicas realizamos sumen con las autoridades, con funcionarios públicos y con la Secretaría de Gobierno”, comenta Ramírez Hernández. Además, dice, la decisión “es una gran sinergia” y “demuestra la disposición de la UNAM porque estos actos no se repitan”. Ramírez, galardonada este año por el Senado con el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su labor en pro de los derechos de las mujeres, recalca que “lo que sucede a nivel de la Universidad es reflejo de lo que pasa en el país. "Lamentablemente el caso de Lesvy no es el único que he conocido en la UNAM, ha habido otros casos y muchos han quedado en la impunidad porque la justicia corresponde a otro ámbito distinto a UNAM, pero a la Universidad sí le corresponde atender y prevenirlos”, añadió. Menciona que desde hace años las académicas de distintas áreas han elaborado estudios que identifican los distintos tipos de violencia que viven las mujeres de la comunidad universitaria, por lo que integrar el grupo de expertas representa la oportunidad de que estos se tomen en cuenta para aportar respuestas o alternativas al que calificó como “un grave problema multidimensional”. La directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Leticia Cano, dice que este trabajo en conjunto entre instancias del gobierno y la Universidad sí podría significar un precedente para futuras investigaciones. “Los tomadores y tomadoras de decisión tienen que acercarse a la academia, a quienes dedican buena parte de su vida a la investigación, a los estudios, a los diagnósticos, a generar metodologías, a quienes se han ocupado por generar no solo conceptos para interpretar problemas sociales, sino para intervenir en ellos”, sostuvo. Cano Soriano comentó que si bien crear grupos de expertas en todos los casos de violencia de género denunciados por mujeres en la Ciudad probablemente rebasaría la capacidad de la UNAM, “ojalá no tuviéramos que integrar grupos de expertas para atender estos casos o acompañar procesos”. La académica recalca que, en el caso de Lesvy, la participación del grupo de expertas da el mensaje: “como en muchos otros problemas sociales, la UNAM está dispuesta a sumar para que estos mejoren”. Alicia Pérez externó: “me preocupa que tengamos que generar un grupo de expertas con cada feminicidio efectuado en la Ciudad, debería ser la PGJ quien tuviera sus propios recursos, pero por lo visto no los tiene”. Tras el hallazgo sin vida de Lesvy Berlín, estudiantes y académicas exigieron a través de dos marchas en CU y diversos pronunciamientos a autoridades de la UNAM y de la Ciudad de México que el caso se investigue como feminicidio y que se les garantice de una vida libre de violencia, tanto en las calles como en la instancia educativa. Las denunciantes exigieron también que las autoridades no estigmaticen a Lesvy, esto tras lo publicado por la PGJ en su cuenta oficial de Twitter, en donde expusieron datos personales de la víctima, calificados en redes como intrascendentes para la investigación y por los que días después la directora de comunicación social de la instancia, Elena Cárdenas Rodríguez, renunció. El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha promovido programas para que funcionarios públicos ejerzan considerando la perspectiva de género y sin revictimizar a quienes denuncian ser víctimas de violencia, tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se imparten regularmente capacitaciones en este ámbito. Al respecto, Pérez Duarte comenta que esas medidas no han tenido los resultados esperados: “eso se refleja en que quienes están directamente a cargo de una investigación o no los han tomado, o no han sido capacitados adecuadamente o los cursos solo se dan porque lo que importa es el número de cursos que demos y el número de personas que digamos que están capacitadas y no la profundidad de la misma”. En ello coincide Leticia Cano, quien señala que desde la academia ellas pueden aportar en la formación de las y los jóvenes en los temas de perspectiva de género. “Como investigadora puedo hablar una formación profesional que incluya estos temas”, apuntó. Ante las protestas estudiantiles, la UNAM informó ayer en un comunicado que implementaría 10 medidas para reforzar la seguridad internas: Que elementos de seguridad pública vigilen permanentemente las inmediaciones y accesos; extender y reforzar la iluminación en distintas zonas; instalar más cámaras de seguridad en espacios identificados como vulnerables; instalar nuevas bases de vigilancia; colocar botones de emergencia en puntos determinados por las comisiones locales de seguridad; reforzar controles de seguridad en accesos y salidas; controlar el ingreso a taxis sin pasaje; mejorar la seguridad en el transporte dentro de los campus; incrementar la vigilancia y el patrullaje por las noches en instalaciones universitarias, y continuar el combate a la venta de droga dentro del campus universitario.