PUEBLA, Pue. (apro).- Policías estatales reconocieron que están en desventaja para combatir a las bandas de huachicoleros que operan en esta entidad, dado que los grupos delincuenciales han demostrado que cuentan con vehículos blindados, chalecos antibalas y usan armas largas como “cuernos de chivo” y rifles R-15. En un comunicado que dieron a conocer a través del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano (OCLP), los uniformados demandaron un aumento salarial, prestaciones, capacitación, así como uniformes, armamento y equipo de trabajo que les permita cumplir con su trabajo en la zona en la que operan los ladrones de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex). Luego de lo ocurrido el pasado miércoles 3 en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, denunciaron que han sido amenazados con el despido si no participan en los operativos para combatir a los “chupaductos”, pero el gobierno estatal –subrayaron– no les resuelve sus demandas laborales. Marcos Mazatle, representante del OCLP, señaló que un grupo de policías se acercó a esa organización para advertir que las condiciones que enfrentan son preocupantes, pues ya quedó evidenciado el poder de respuesta que han alcanzado los grupos de huachicoleros tras abatir a cuatro elementos del Ejército en Palmarito. De acuerdo con los representantes de los uniformados, éstos no sólo carecen de vehículos, armamento y equipo suficiente para hacerles frente a los ladrones de combustible, sino que en los últimos ocho años no han recibido un aumento salarial, por lo que son la segunda corporación peor pagada del país, sólo después de los policías de Chiapas. El activista destacó que los policías de Puebla valoran la posibilidad de realizar un paro laboral los próximos días para exigir que sus demandas sean atenidas, y para denunciar el hostigamiento laboral que enfrentan, pues además de que reciben bajos salarios se les quiere obligar a pagar los nuevos uniformes, que tienen un costo superior a los mil 500 pesos. Mazatle indicó que los policías han señalado a su superior, el subsecretario de Inteligencia e Investigación de Seguridad Pública en Puebla, Marco Antonio Aguilar Trejo, de tener nexos con uno de los líderes de huachicoleros conocido como “El Bukanas”, así como de haber montado una red de espionaje al interior de la dependencia. No es la primera vez que se pone en evidencia este tipo de situaciones, pues en marzo pasado, cuando fueron asesinados tres agentes ministeriales en el poblado de Atzitzintla, pobladores del lugar revelaron que los policías fueron abandonados por sus compañeros, además de que no traían equipo de radio comunicación y el celular lo traían sin pila. La madrugada de este lunes se registró un nuevo enfrentamiento entre efectivos del Ejército Mexicano y huachicoleros de la comunidad de San Francisco Tláloc, perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca. Según reportes policiacos, los militares fueron agredidos por un grupo de chupaductos alrededor de las cuatro de la madrugada, cuando se encontraron de frente en las inmediaciones de los poblados San Francisco Tláloc y Atotonilco, lo que derivó en una persecución que llegó hasta las calles de San Matías Tlalancaleca. Los agresores se dieron a la fuga hasta la entidad vecina de Tlaxcala. Pronunciamiento de ONG La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), que aglutina a 82 organizaciones civiles del país, acusó a las autoridades estatales y federales de minimizar las evidencias y pretender distraer el debate nacional sobre la ejecución extrajudicial de un civil cometida por un soldado en Palmarito Tochapan. “La ineficacia del Estado mexicano alcanza un nivel grave que pone en riesgo no sólo la seguridad, sino la estabilidad nacional. Ante hechos de suma gravedad, no sólo desde una mirada de derechos humanos, sino incluso de gobernabilidad, representantes de distintos niveles de gobierno minimizan las evidencias y pretenden distraer el debate nacional”, reclamaron las organizaciones no gubernamentales. En ese contexto, la Red TDT exigió a los funcionarios que renuncien a la simulación y llamó a la sociedad civil a fortalecer sus articulaciones para continuar la construcción de alternativas técnicamente viables que ofrezcan una vía de salida a la actual crisis de derechos humanos que vive México. Señaló que ante el resultado del operativo del pasado miércoles 3 en la comunidad de Palmarito, donde a través de videos se denunció la ejecución de uno de los civiles por parte de militares, la respuesta de los actores públicos ha sido minimizar los hechos, cuestionar las evidencias y responsabilizar a las víctimas. Con eso, advirtió, “no se pretende encubrir a un militar desbordado por el estrés o a un mando que haya comunicado una orden ilegal: se busca ocultar la incapacidad de un sector de la sociedad que además ha logrado una bonanza a partir de la barbarie”. La red TDT se refirió al reporte que hizo público el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y que coloca a México sólo debajo de Siria a nivel global como el país más violento. “No es fruto de errores metodológicos en los estudios que reflejan sus resultados, sino de políticas públicas erróneas que implican responsabilidades legales para personas concretas”, subrayó. Como ejemplo de la descomposición que vive el país, también mencionó el caso de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada la noche del miércoles 10, Día de las Madres, en San Fernando, Tamaulipas, por su activismo en contra de los autores de la desaparición de su hija. “La muerte y la desaparición de civiles y de personas defensoras de derechos humanos tienen responsables que trascienden a quienes cometen esos delitos de manera material e intelectual... Las políticas públicas que han permitido que esto ocurra han sido diseñadas e instrumentadas por funcionarios que tienen nombre y apellido. E insistimos que esto implica responsabilidades políticas e incluso penales”, recalcó. Entre las organizaciones firmantes destacan el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., Universidad Iberoamericana-Puebla, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C., y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C., con sede en Tlaxcala.