GUANAJUATO, Gto., (apro).- El regidor perredista de esta capital, Julio César García Sánchez, interpuso ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) del estado una queja en contra de Édgar Castro Cerrillo y Carlos Torres Ramírez, alcalde y secretario del ayuntamiento, respectivamente, por violar sus derechos político-electorales y obstaculizar su reincorporación al cuerpo edilicio. A mediados de diciembre pasado, García Sánchez –sometido a un juicio de desafuero por el Congreso local y posteriormente vinculado a proceso– fue denunciado por su expareja ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por violencia familiar. Aunque sigue sujeto a proceso judicial, ha expresado que no tiene impedimentos legales porque la violencia familiar no está tipificada como un delito grave en el estado. Después de su desafuero, el Congreso local aprobó una reforma que elimina el fuero para los integrantes de los ayuntamientos, y García Sánchez pide que esa ley se aplique retroactivamente en su favor. Con ello, alega, hay un cambio de paradigma jurídico en su caso y no tendría impedimento para regresar a sus funciones como regidor. En ese sentido, desde mediados de abril notificó al Cabildo que pretendía reincorporarse, pero éste determinó elaborar un estudio jurídico para definir si tiene atribuciones para su reingreso. Hoy, el perredista presentó una queja ante la PDH y acusó al alcalde y al secretario del ayuntamiento de frenar su derecho constitucional a ocupar su cargo como regidor, “mermando mis derechos ciudadanos y mi derecho de haber sido sufragado en una votación popular”. “Termina una persiguiendo a la ley” Este mismo jueves, el Centro Las Libres hizo pública una carta de la expareja del regidor, en la que se pregunta si ante la ley valen más los derechos político-electorales de García Sánchez, que sus derechos como mujer y víctima de un delito. “¿Y nosotras? Digo nosotras porque yo represento a siete de cada diez mujeres violentadas”, expone Cristina N. en la misiva, en la que dice entender por qué las mujeres no denuncian cuando son víctimas de violencia, pues en principio –apunta– se encuentran con autoridades que no les creen o que les piden conciliar con sus agresores “para acabar pronto el asunto”. Añade: “He tenido que batallar, que insistir y que creer que la justicia existe, y aun así me he sentido en ocasiones tan cansada. Que alguien me explique qué pasa con la gente que no cuenta con apoyo, que no tiene familia o que la familia que tiene es la que la agredió… Termina una persiguiendo a la ley para que ésta entienda que debe protegerte”. En el texto, dirigido al ayuntamiento y a la opinión pública, subraya que “hablar de justicia para alguien que la viola es bastante contradictorio”. Y concluye: “Ojalá logren la armonía entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen, ojalá que la ley deje de servir a nuestro antojo y se convierta en verdad, en el respaldo y protección de cada ser humano, para que el silencio, el desistimiento o la muerte dejen de ser viables en el tema de la violencia contra la mujer”. Por separado, el Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática emitió un pronunciamiento sobre el caso del regidor, en el que insta a la Comisión de Ética del Comité Nacional a retomar el expediente iniciado y sancionar a García Sánchez. En el pronunciamiento, firmado por el dirigente estatal Baltasar Zamudio; Claudia Castelo Rebollar, secretaria de Igualdad de Géneros del CEN perredista, y su homóloga estatal Selene Rodríguez Franco, se ratifica que la conducta desplegada y confesa de Julio César García Sánchez “contraviene los documentos y postulados básicos de nuestro instituto político”, por lo que se pide a la Comisión de Ética retomar el proceso iniciado. “Se integró el expediente QO/GTO-004/2016, que es seguido ante la Comisión Nacional de Ética y Vigilancia del PRD, y con fecha 7 de julio de 2016, y por segunda ocasión el pasado 9 de marzo del año en curso, Baltasar Zamudio, en calidad de presidente del CEE en Guanajuato, acudió a dicha instancia intrapartidaria para solicitar se sancionara la conducta del citado militante por considerarla contrapuesta a los documentos y principios básicos de nuestro instituto político”, expone. De igual manera, recuerda que dentro del proceso penal que se le sigue al regidor, en una audiencia celebrada el pasado 27 de enero “aceptó y reconoció el hecho que se le imputó, solicitando una disculpa pública”, y pidió la suspensión provisional del proceso, lo que le fue otorgado y posteriormente revocado cuando la víctima se inconformó. El pasado martes 16, Claudia Castello Rebollar, en su calidad de secretaria de Igualdad de Géneros del CEN perredista, compareció ante la Comisión Nacional de Ética y Vigilancia para solicitar la resolución inmediata del expediente seguido en contra de Julio César García Sánchez, considerando que: “… la violencia contra las mujeres es condenable en nuestro partido, ya que hemos abogado siempre por el respeto a la dignidad e integridad por las mujer y por la erradicación de cualquier tipo de violencia contra nosotras”. En esa comparecencia, Castello recordó que las legisladoras del PRD fueron las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, vigente en nuestro país desde 2007, por lo que la conducta que presentó el regidor guanajuatense “es incongruente con los postulados de nuestro partido. Por lo tanto, me uno a la exigencia de que la Comisión Nacional de Ética y Vigilancia deje de ser omisa en torno a este asunto y actúe de inmediato con base en sus atribuciones”. En su postura, el PRD reiteró “el compromiso como instituto político de cero tolerancia a cualquier acto que atente contra la integridad física, psicológica, económica, política, sexual, patrimonial o cualquier manifestación de violencia con perspectiva de género”.