CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El tema de los funcionarios públicos de carrera es importante por su significado para la gobernabilidad y la estabilidad de un país. Se trata, sin duda, de elementos que garantizan el buen funcionamiento y la continuidad de la administración pública en momentos de transición, en particular al ocurrir cambios de gobierno. En México, esa garantía es casi inexistente; la costumbre, por el contrario, es la rápida sustitución de funcionarios y proyectos del gobierno anterior para colocar a los amigos que aseguran lealtades y la puesta en marcha de propósitos nuevos. Semejante costumbre le ha costado, no poco, a la posibilidad de tener planes de largo plazo indispensables para enfrentar los problemas nacionales. Existen algunas excepciones en la administración pública. Una de ellas es el Servicio Exterior Mexicano (SEM), integrado en dos terceras partes por funcionarios de carrera y el resto por nombramientos políticos que, en ocasiones, pueden contribuir a mantener y elevar el profesionalismo del área. Otras veces son la manera utilizada por el grupo en el poder para darle un destino a quienes más vale mantener alejados. La designación de Fidel Herrera como cónsul de carrera en Barcelona (lo de Consulado General se omitió para que no tuviese que pasar por el Senado) es un buen ejemplo de esas prácticas y su costo para la imagen de México. El SEM de carrera está integrado por un número muy reducido de funcionarios que no ha crecido en todo lo que va del presente siglo. Son mil 250 profesionistas, fácilmente olvidados dentro del conjunto de la burocracia desigual que tenemos en el país. El SEM ha merecido pocos reconocimientos y enfrenta circunstancias difíciles para ejercer sus responsabilidades. Las condiciones para ascender son frecuentemente imposibles, dado el poco presupuesto que se otorga a la creación de nuevas plazas; las formas de evaluación tienen un alto componente de arbitrariedad y no hay alicientes para la actualización de conocimientos; hay una gran distancia entre la imagen de glamur que muchos le atribuyen a los diplomáticos y las demandas de trabajo y problemas cotidianos que enfrentan. Por todo ello, la decisión del canciller Videgaray de tomar en cuenta los esfuerzos que venían haciendo diversos funcionarios dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores para modificar el reglamento existente y abrir la puerta a un mejoramiento de las condiciones de trabajo, perspectivas y ampliación del SEM es un paso, sin duda, positivo. Cuatro medidas merecen subrayarse: primero, las que permiten desbloquear el embotellamiento que impedía que fluyeran merecidos ascensos. Al ofrecer 50 plazas de ministro se abre la compuerta que hasta ahora sólo permitía a 10 funcionarios pasar a dicho nivel. Se podrán, así, otorgar ascensos a buen número de los que llevaban años esperando subir desde los peldaños más bajos. En segundo lugar, la decisión de celebrar un concurso de ingreso para 100 nuevos integrantes, lo cual permitirá que se eleve a mil 350 el número de miembros del SEM, cifra que mantiene a México muy por debajo de otros países comparables, como Brasil; pero al menos es un avance. En tercer lugar la revisión de la metodología para evaluar a los funcionarios caracterizada, hasta ahora, por la importancia que se concedía a opiniones que podían ser muy arbitrarias. Finalmente, la fijación de reglas para la rotación de adscripciones que permitirá eliminar la incertidumbre de quienes deben moverse con todo y familia de un lugar a otro. El anuncio sobre las medidas anteriores tuvo lugar en una ceremonia en Los Pinos, ampliamente difundida. Además de la modificación del reglamento se dieron condecoraciones a quienes llevan 25 años en el SEM, se nombró a tres embajadores eminentes y a 30 nuevos embajadores. El acto fue celebrado y presentado a los medios de comunicación como ejemplo del “fortalecimiento de la diplomacia mexicana”. Será, posiblemente, la última ocasión en que el gobierno de Peña Nieto tome medidas que permitan hablar de tal fortalecimiento. Son necesarios, por lo tanto, algunos señalamientos sobre los problemas de fondo que no fueron abordados y las limitaciones de las medidas tomadas. En primer lugar hay descuido en el tema de género. De los tres embajadores eminentes (los motivos para nombrarlos no son transparentes) ninguno fue mujer. De los 30 embajadores nombrados sólo siete son mujeres, es decir 27%, cuando hace poco se había prometido verbalmente que, al menos, 50% de los nombramientos de embajador serían femeninos. Ahora bien, la mayor omisión en este evento fue el silencio del canciller sobre cuál es el proyecto estratégico de política exterior para el que serán útiles mayor y mejor número de miembros del SEM. Las circunstancias que atraviesan las relaciones exteriores de México, en particular bajo el asedio siempre impredecible del gobierno de Trump, exigen claridad al menos sobre tres retos que corresponde enfrentar a la cancillería: primero, poner en pie un esfuerzo de gran calado para que la diversificación de las relaciones exteriores del país sea una realidad; segundo, fijar las metas de tal diversificación en función de carencias internas que requieren la colaboración del exterior como, por dar sólo un ejemplo, el atraso en materia de ciencia y tecnología; en tercer lugar, remediar el enorme desorden resultante de la conducción de asuntos centrales de las relaciones exteriores del país por diversas secretarías –Comercio, Gobernación, Energía, Defensa, Marina, entre otras– las cuales actúan sin una instancia coordinadora que dé lineamientos, fije prioridades y establezca mecanismos de seguimiento y evaluación. El canciller Videgaray señaló de nuevo que sigue siendo “aprendiz” en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posiblemente es necesario que se familiarice con los vericuetos puramente formales de la diplomacia. Sin embargo, su formación académica, la conducción de más de cuatro años de la Secretaría de Hacienda y su papel de asesor central del gobierno de Peña Nieto no le permiten autodefinirse como tal, si se trata de articular los grandes lineamientos para la inserción económica y política de México en el mundo y el papel que para perseguirlos corresponde a la cancillería que ahora encabeza. Su resistencia a bordar con mayor sofisticación sobre ese punto refleja el papel secundario que los dirigentes políticos del presente siglo, del PAN o el PRI, han otorgado al factor externo como elemento decisivo para los destinos del país. La política exterior ha ocupado, por lo tanto, un lugar secundario en sus reflexiones y planes estratégicos. Por lo ocurrido en Los Pinos, el presente sexenio se acerca a su fin sin que se haya modificado esa manera de pensar. Este análisis se publicó en la edición 2115 de la revista Proceso del 14 de mayo de 2017.