CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Guerrero liberó a 31 policías preventivos de Zihuatanejo, de 60 que fueron remitidos acusados del presunto delito de usurpación de funciones y de estar relacionados con un grupo criminal. En un inicio se informó que se trataba de civiles armados que estaban infiltrados en la policía, pero después se confirmó que las autoridades ministeriales estatales los investigaban por el delito de usurpación de funciones debido a que portaban armas, municiones e insignias oficiales, a pesar de que habían reprobado los exámenes de control y confianza y eran considerados como no aptos para ejercer el servicio público. La tarde del jueves pasado, los 31 policías fueron notificados de su libertad y para las 23:00 horas sus familiares ya los esperaban afuera de las instalaciones de Seguridad Pública. Aún falta que las autoridades definan el futuro de estos uniformados, debido a que no acreditaron el examen de control de confianza y no pueden portar armas. Otros 20 elementos fueron trasladados a la Ciudad de México, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde continuarán las investigaciones, junto con los tres mandos operativos que fueron detenidos por personal Ejército Mexicano y la Policía Estatal. Los otros nueve fueron liberados el miércoles pasado después de que las autoridades revisaron sus expedientes, documentación y antecedentes, “y no encontraron alguna irregularidad”. Según informó el gobierno de Héctor Astudillo en un comunicado el jueves pasado, un sujeto identificado como Javier El Cadete, exdirector de Seguridad Pública en el vecino municipio de Petatlán, infiltró y tomó el control de la corporación policiaca de Zihuatanejo para ponerla al servicio de la delincuencia, sin especificar a cuál de los dos grupos que actualmente se disputan esta plaza se refería, si la Guardia Guerrerense o Sangre Nueva Guerrerense.