La derecha colombiana –encabezada por el exmandatario Álvaro Uribe, quien lidera las encuestas para las próximas elecciones presidenciales– lanzó una exitosa campaña para boicotear la aplicación de los acuerdos de paz que el gobierno firmó con las FARC. Así, leyes derivadas de esos acuerdos son obstaculizadas en el Congreso, el proceso de desarme de los rebeldes es lento y tortuoso y la seguridad de los efectivos desmovilizados está en duda. Pablo Catatumbo, comandante guerrillero, dice a Proceso: “Preferimos pensar que no habrá necesidad de volver a la guerra”. BOGOTÁ (Proceso).- Un funcionario del gobierno colombiano comenta en privado que el acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegó “en un momento político poco propicio”. Es, dice, “como cuando alguien llega tarde a una boda, ya pasó la ceremonia y todos los invitados están borrachos”. En este símil, las causas de la borrachera serían la polarización política que generan los acuerdos de paz con las FARC y los tropiezos que enfrenta la aplicación de esos pactos. Las leyes derivadas de los acuerdos de paz son sometidas a reparos inesperados en el Congreso. La construcción de los 26 campamentos donde las FARC harán su desarme aún no concluye. Y la seguridad de los guerrilleros desmovilizados está en duda por el asesinato de dos de ellos y de seis de sus familiares. Además, hay una ola de crímenes contra dirigentes sociales involucrados en la implementación de los acuerdos de paz (ver recuadro) y el proceso de amnistías e indultos para los 2 mil 500 guerrilleros que están encarcelados avanza con demasiada lentitud. No llegan a 200 lo que han recobrado su libertad. Como telón de fondo, importantes segmentos de la sociedad colombiana muestran indiferencia o escepticismo frente a esos pactos que pusieron fin a una guerra de 52 años. Según la firma Gallup, 57% de los colombianos considera que la implementación de los acuerdos con las FARC va por mal camino, y dos terceras partes creen que esa guerrilla no cumplirá sus compromisos. Lo cierto es que, a pesar de todo, los 6 mil 884 excombatientes concentrados en 26 campamentos a medio construir ya comenzaron a entregar sus armas personales a una misión de las Naciones Unidas y esperan terminar esa fase el lunes 29. Lo que será imposible de cumplir este mes será la entrega del armamento pesado oculto en la selva. Las FARC ya entregaron a delegados de las Naciones Unidas una lista de los 949 sitios donde están esos arsenales, pero a la misión del organismo internacional le resulta logísticamente imposible extraerlos de la selva antes del martes 3, día en el que, según los acuerdos de paz, deberá haber finalizado el desarme total de esa guerrilla. Este tipo de contratiempos son munición política para el expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, críticos acérrimos del acuerdo firmado por el presidente Juan Manuel Santos con esa guerrilla. Uribe y sus partidarios desarrollan una exitosa campaña contra lo negociado con las FARC y han advertido que, de ganar las elecciones presidenciales en 2018 –lo cual es posible, según las encuestas– someterán a revisión ese pacto. Según el exministro del Interior de Uribe, Fernando Londoño, de llegar al poder “el primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo con las FARC”. El comandante de las FARC Pablo Catatumbo dice a Proceso que “ese es un gran riesgo” y considera que una victoria electoral del Centro Democrático en 2018 haría tambalear la paz que negociaron esa guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos durante seis años. –¿Y qué harían las FARC si un eventual gobierno del Centro Democrático decidiera someter a “ajustes” los acuerdos de paz? –se le pregunta a Catatumbo. –Primero –dice– vamos a comprometer todos nuestros esfuerzos para impedir que esa transición hacia la derecha sea posible. Y vamos a jugárnosla completamente por la salida política a este gravísimo conflicto que tanto dolor ha causado. Estamos seguros de que la mayoría del pueblo colombiano quiere la paz y estamos seguros de que la insensatez de la guerra no puede ganar en un país que ha sufrido tanto. –Pero el Centro Democrático puede ganar, según las encuestas… –Siempre habrá el riesgo de que una opción de derecha llegue al poder, pero también hay millones de colombianos que están por la opción de implementar los acuerdos de paz y de construir un país en democracia. –¿Un desconocimiento de los acuerdos implicaría el riesgo de volver a la guerra? –Yo prefiero pensar que no habrá necesidad de volver a la guerra. Espero que una transición Obama-Trump, como ocurrió en Estados Unidos, no ocurra en Colombia. Aquí queremos una transición de la guerra a la paz. Ya vivimos la guerra y muchos de nosotros estuvimos más de la mitad de nuestra vida en eso. Yo duré 45 años integrando la guerrilla, y estamos absolutamente convencidos de que ya era hora de parar ese desangre. Un país polarizado El expresidente Uribe y sus partidarios dicen que no se oponen a la paz, sino al acuerdo firmado con las FARC. Argumentan que los delitos graves cometidos por los jefes de esa guerrilla en el marco del conflicto armado quedarán impunes porque no serán castigados con cárcel, sino con penas alternativas, como trabajo comunitario y restricción de movilidad. Además, rechazan que los comandantes guerrilleros participen en política tras dejar las armas. Pero ningún jefe rebelde en el mundo se ha desmovilizado para ir a la cárcel y para sellar su muerte política. El desafío para Colombia es hacer de la paz un camino hacia la reconciliación. Y este, por ahora, es un país polarizado por el encono que dejaron en la epidermis nacional 52 años de guerra, 220 mil muertos y 6 millones de desplazados por la violencia. Una encuesta de Gallup divulgada este mes retrató con nitidez el ánimo nacional frente a los acuerdos de paz. En ella, el expresidente Uribe –marcado por el asesinato de su padre, Alberto Uribe, a manos de las FARC en 1983– aparece con una popularidad de 49% y un rechazo de 46%. Y como los precandidatos presidenciales con mejor imagen figuran el exjefe del equipo del gobierno que negoció la paz con las FARC, Humberto de la Calle, y la ministra del Trabajo, Clara López Obregón, una decidida partidaria de los acuerdos con esa guerrilla. Las opiniones que les son favorables alcanzan 46% y 47%, respectivamente. En ese mismo sondeo la popularidad del presidente Santos llega apenas a 26%, un índice muy bajo que contrasta con el reconocimiento que tiene el mandatario a nivel internacional. Fue Premio Nobel de la Paz en 2016. El politólogo Juan Gabriel Gómez Albarello afirma que “por desgracia, el Nobel no le sirve a Santos para manejar la política interna y para blindar los acuerdos de paz”. El profesor de la Universidad Nacional advierte que “éste es un momento muy grave para la paz por todos los elementos que conspiran en su contra y porque la capacidad del presidente para convocar a la sociedad colombiana a respaldar el cumplimiento de los acuerdos es mínima”. Esto, a pesar de que la violencia asociada al conflicto armado ha caído a niveles históricos y de que el programa de desarrollo agrario incluido en los acuerdos no es una concesión a las FARC, sino una necesidad para sacar de la pobreza extrema a 3 millones de campesinos colombianos que carecen de salud, educación, infraestructura y servicios públicos. “Una sociedad como la colombiana debería estar celebrando que estamos haciendo este salto a la paz, pero hay mucho resentimiento hacia las FARC, muchas sospechas, y la extrema derecha ha contribuido mucho a generalizar la idea de que ésta es una paz con impunidad”, dice Gómez Albarello. De acuerdo con el doctor en ciencia política por la Universidad Washington, en San Luis, el uribista Centro Democrático “es muy inconsistente y cínico porque quiere ver a los jefes de las FARC en la cárcel, pero no quiere que ninguno de los líderes de la extrema derecha vaya a prisión, a pesar de las gravísimas acusaciones de paramilitarismo, despojo de tierras y corrupción que hay contra muchos de ellos”. El partido de Uribe ha aprovechado la mala imagen que tienen las FARC por los secuestros y atentados contra la población civil que cometieron durante años. Según Gallup, sólo 11% de los colombianos tiene una opinión favorable de esa guerrilla, aunque ese porcentaje duplica al de hace un año, lo que según Gómez Albarello refleja que una parte del país comienza a valorar el compromiso de esa guerrilla con la paz. A paso de tortuga A los odios acumulados por medio siglo de guerra y a la explotación política que se ha hecho de ellos, se suman imponderables, como las restricciones presupuestales derivadas de la desaceleración económica, la descoordinación institucional que impide al Estado caminar en una misma dirección para implementar los acuerdos y las fisuras en la coalición de gobierno frente al tema de la paz. Legisladores de los partidos Conservador y Cambio Radical, que se suponen aliados del presidente Santos, han obstaculizado en el Congreso la aprobación de leyes derivadas de los acuerdos de paz a pesar de que el gobierno tiene facultades para hacer los trámites legislativos por una vía expedita y de que cualquier cambio a las iniciativas de ley debe contar con la aprobación del Ejecutivo. La ley que creó la Jurisdicción Especial para la Paz –el mecanismo de justicia transicional previsto en los acuerdos de paz– fue aprobada con un polémico cambio que reduce la responsabilidad de altos mandos de las fuerzas militares en delitos graves cometidos por sus subordinados. Y el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien pertenece al gobernante Partido de la U, ya dijo que es inconveniente debatir por la vía expedita la ley de reforma político-electoral prevista en los acuerdos de paz. El problema es que si esa legislación, que es fundamental para la participación política de las FARC, es discutida bajo el procedimiento legislativo habitual, puede demorarse meses y hasta años en ser aprobada. Estos escollos en el Congreso ponen en riesgo la implementación de aspectos sustanciales de lo negociado con la FARC. Uno de ellos es el acuerdo de desarrollo agrario, cuya puesta en práctica requiere de legislaciones que no cuentan con consenso político porque afectan intereses de latifundistas y comprometen una gran inversión estatal en momentos de restricciones presupuestales. A eso hay que sumar los problemas de gestión que han mostrado las instituciones colombianas para poner en marcha los acuerdos. No sólo por los retrasos en la construcción de los campamentos donde esa guerrilla está haciendo su desarme, sino por las fallas que ha exhibido el aparato gubernamental en la ejecución de uno de los programas derivados de los acuerdos: el de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El gobierno ha suscrito acuerdos para sustituir plantaciones de hoja de coca por cultivos legales con autoridades regionales y organizaciones que representan a unas 80 mil familias campesinas. “Pero hay una total falla institucional. El Ministerio del Posconflicto firma un día acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y al día siguiente llega la fuerza pública a erradicarlos por la fuerza”, dice el sociólogo y experto en conflicto armado y cultivos cocaleros, Ricardo Vargas. En el suroccidental municipio de Tumaco se han presentado violentas protestas campesinas contra la erradicación forzosa de cultivos ilícitos que desarrollan unos mil 200 policías y militares. Las autoridades afirman que sólo atacan “cultivos industriales de las bandas criminales” y que hay narcotraficantes que financian esas manifestaciones. Vargas considera que esa problemática es una señal de alerta para el gobierno sobre los desafíos institucionales que plantea la puesta en marcha de los acuerdos de paz. De cara a 2018 Para Catatumbo, uno de los siete integrantes del secretariado de las FARC, el futuro de los acuerdos de paz dependerá, en gran parte, del respaldo que reciban de la sociedad colombiana y del compromiso político que exista en éste y en los futuros gobiernos para cumplirlos a cabalidad. “Por eso son tan importantes las elecciones presidenciales de mayo de 2018, porque ese proceso electoral será un escenario para defender la paz y rechazar la guerra a la que nos quieren condenar los sectores de la extrema derecha”, señala. Las FARC esperan fundar su partido en agosto, con lo cual podrán participar en las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo. “No vamos a tener candidato propio”, afirma Catatumbo, “porque queremos jugar un papel de cohesionadores del movimiento social y popular. Creemos en una convergencia de todos los sectores no sólo de izquierda, sino también de centro y de los que quieren la paz, para así poder derrotar a la derecha”. El comandante de las FARC sostiene que la unidad de las fuerzas políticas y sociales que respaldan los acuerdos de paz es fundamental. “La derecha se va a unir para continuar la guerra, para desconocer los acuerdos y para impedir las transformaciones democráticas”, sostiene, “pero nosotros creemos que el pueblo colombiano tiene la suficiente inteligencia como para no caer en esa trampa. Y, por supuesto, la izquierda también está obligada a unirse para proteger la paz”. Este reportaje se publicó en la edición 2115 de la revista Proceso del 14 de mayo de 2017.