MÉRIDA, Yuc. (apro).- En histórica sesión, como la calificaron los propios legisladores, el Congreso local aprobó este viernes la eliminación del fuero a todos los servidores públicos, la disminución de los recursos a los partidos políticos, la ampliación de reconocimiento del derecho a la identidad y la derogación de la ley de pensiones a exgobernadores. Las cuatro iniciativas que ponen a Yucatán "a la vanguardia” legislativa, fueron aprobadas por unanimidad. Con el primer dictamen se reformó la Constitución Política del Estado de Yucatán para eliminar el fuero al gobernador, diputados locales, presidentes municipales, y titulares de la administración pública estatal y de los organismos autónomos. También a los magistrados y los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pero en su caso se acotará su fuero constitucional únicamente por la comisión de delitos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público, particularmente en resoluciones y sentencias, establecidos en el Código Penal del Estado. "La justicia imparcial no debe existir como una simple expresión, hay que dotar de los elementos a quienes en este país y estado se encargan de la impartición de justicia, por eso, para garantizar esta imparcialidad, era necesario mantener el fuero a los magistrados para que en libertad de conciencia puedan resolver sin temor de ser influenciados", argumentó el diputado priista Henry Sosa Marrufo. A su vez, el perredista David Barrera Zavala planteó: "votar a favor es dar el primer paso a lo que la sociedad nos reclama: acabar con esa impunidad que reina en nuestro Estado. Debemos estar al pendiente que no exista este privilegio y nuestras autoridades actúen conforme a la ley". No obstante, para que la reforma cause efecto aún debe ser sometida a la aprobación de los cabildos. En el mismo dictamen se hicieron reformas a la Constitución estatal para armonizarla con la federal para que las personas nacidas en Yucatán sean registradas de inmediato con una copia gratuita del acta correspondiente. En el segundo dictamen se plasmó el complemento a la reforma anterior con modificaciones a la Ley de Registro Civil y la Ley de Hacienda, en las que se establece que los certificados de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción no tendrán caducidad y no podrán ser exigidos documentos con un periodo determinado para trámites en instancias educativas, de salud y en general del gobierno. Además, dispone que todos los meses de enero las actas de nacimiento tengan una reducción del 50% en su costo, y también se otorgó la facultad al gobernador de reducir los precios de actas de nacimiento mediante programas sociales en caso de que algún sector necesite de un apoyo. "Su implementación a través del registro de nacimiento trae consecuencias y beneficios directos a cada ciudadano, como el acceso a la salud, la educación y el trabajo; en su aspecto social asegura que niñas y niños puedan tener participación ciudadana, ejercer sus derechos civiles y económicos, entre otros", explicó el priista Daniel Granja Peniche. El tercer dictamen modifica la Constitución del estado en materia de financiamiento a los partidos políticos para reducirles hasta en un 50% sus prerrogativas en los meses y años que no sean electorales, y los recursos provenientes de este recorte presupuestal serán enviados al Patronato del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Por último, se aprobó abrogar la Ley de Pensiones a Gobernadores, con lo que se suprimirá el derecho a una pensión vitalicia a los extitulares del Ejecutivo estatal. Esta ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, se aplicará a los próximos mandatarios y no afectará a los que ya adquirieron el derecho.