CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil anunció de manera pública su divorcio con el gobierno federal, después de seis años de colaboración, y adelantó que denunciará a la administración del presidente Enrique Peña Nieto ante la red global de la Alianza por el Gobierno Abierto, una iniciativa de colaboración entre gobiernos y entes ciudadanos presente en 75 países. Las razones expuestas durante una conferencia de prensa fueron numerosas, entre ellas el clima de acoso contra las voces críticas, una serie de auditorías "sospechosas" realizadas contra activistas y organizaciones, o la falta de voluntad política para transparentar ciertos temas, como el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La "gota que derramó el vaso" y terminó de destrozar la confianza fue el ciberspionaje gubernamental contra dos activistas y un científico, todos vinculados en la lucha contra la obesidad en México, que documentó el Citizen Lab en febrero pasado. A tres meses de la revelación, el gobierno sigue haciendo mutis. "Este hecho refleja que ya está habiendo ataques cibernéticos contra la sociedad civil. Son prácticas totalmente contrarias a las guías del Gobierno Abierto y rompe totalmente la confianza con el gobierno", señaló Juan Manuel Castañeda, director de la organización SocialTIC. "Hay un modus operandi del gobierno en materia de espionaje, es una carrera tecnológica muy rápida y desbalanceada", añadió el defensor de derechos digitales ante un escaso grupo de reporteros después de la conferencia. Indicó que hay muchos más casos de espionaje y que su organización sigue algunos de activistas y periodistas que se acercaron para descubrir si estaban sometidos a la cibervigilancia gubernamental. Desde 2011, un grupo de portavoces de Alianza por un Gobierno Abierto --conformado por diez organizaciones, entre ellas Artículo 19, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, SocialTIC, Estrategia Ciudadana o Contraloría Ciudadana-- se sentó con representantes del gobierno federal en el Secretariado Técnico Tripartita, un "espacio permanente e institucionalizado de diálogo y toma de decisiones en torno a los procesos de gobierno abierto en México". Trataban de incidir con propuestas ciudadanas y planes de acción en las políticas públicas, que abarcaban desde temas relacionados con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, hasta políticas medioambientales o de salud. Este núcleo de organizaciones tomó la decisión de retirarse del Secretariado Técnico Tripartita, y "analiza la posibilidad" de solicitar a la red global de la Alianza por un Gobierno Abierto que aplique la "política de respuesta" contra la administración de Peña Nieto, cuyo efecto sería la suspensión de México en la red. Ana Cristina Ruedas, directora de Artículo 19 en México, aseveró que este proceso de gobierno abierto iba en buen camino --el gobierno pasó de un "cumplimiento mediocre" en sus inicios a un buen desempeño--, pero en el cuarto plan de acción aparecieron las primeras fisuras. "El gobierno poco a poco fue descafeinando su apertura (...) el diálogo se perdió", dijo, y sostuvo que el gobierno incumplió con su promesa de abrir a la ciudadanía el diseño del SNA, redujo el alcance del protocolo de búsqueda para personas desaparecidas y frenó iniciativas que pretendían imponer una regulación más estricta a la comida chatarra y los refrescos. El retiro de las organizaciones del Secretariado Técnico Tripartita implica que de hoy en adelante "cualquier acción del gobierno per se ya no está avalada" por la Alianza por un Gobierno Abierto. Castañeda subrayó que tanto Alejandro Calvillo como Luis Manuel Encarnación --respectivos directores de El Poder del Consumidor y de ContraPESO, víctimas de las tentativas de espionaje cibernético en agosto pasado-- formaban parte de la mesa de diálogo con el gobierno en materia de salud. "No es posible que nos sentemos en la misma mesa con quienes nos espían", apuntó Tomás Severino, director de la organización Estratagia Ciudadana. Prosiguió: "Suspendemos nuestra participación porque no consideramos que estén las condiciones para el diálogo". Otra de las razones del retiro expuestas por las organizaciones fue el clima de acoso que alimenta el gobierno a través de ciertas medidas. Por ejemplo, Juan Pardinas, director del IMCO, señaló que recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó auditorías "sospechosas" contra la sociedad civil --especialmente contra organizaciones dedicadas a la rendición de cuentas--, de tal manera que "uno se pregunta si no asume las funciones de brazo represor". Pardinas no ofreció evidencias que confirmen su "hipótesis", sin embargo, aseveró que existe un "padrón preocupante que genera un clima de desconfianza", y expuso el caso del senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, quien amenazó abiertamente con realizar una auditoría al Centro de Estudios Espinoza Yglesias cuando hacía una campaña contra la designación de Paloma Merodio como vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dado que la candidata mintió en su currículo y no cumplía con los requisitos del perfil. Las organizaciones advirtieron que no se reintegrarán el Secretariado Técnico Tripartita hasta que el gobierno investigue y esclarezca los casos de espionaje ilegal contra la sociedad civil, y explique a la ciudadanía cómo utiliza estas armas digitales que permiten interceptar conversaciones, robar contraseñas o localizar a los usuarios de dispositivos móviles.