CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de la coordinadora del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, Tamaulipas, Miriam Rodríguez, ocurrido el pasado miércoles 10, y exigió su pronto esclarecimiento. En particular, las relatoras para México y de Derechos de la Mujer, Esmeralda Arosamena de Troitiño y Margarette Macaulay, respectivamente, destacaron la labor de la activista tras haber emprendido la investigación sobre el paradero de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desaparecida en 2012, cuyos restos fueron localizados por la propia madre en una fosa clandestina en San Fernando, dos años después. En un comunicado, la CIDH destacó que la información de Miriam Rodríguez fue fundamental para la captura de los responsables de la desaparición y muerte de Karen, y resaltó que por lo menos desde abril el Estado mexicano sabía que la activista se encontraba en riesgo porque dos de los implicados en el asesinato de su hija se habían fugado de una cárcel estatal. Precisó que de acuerdo con la información obtenida, una vez que Rodríguez Martínez supo de la fuga, solicitó medidas de protección a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública estatales, y aunque se le asignaron patrullajes, antes de morir denunció que el policía que le fue asignado no atendía sus llamadas y que tampoco estaba recibiendo ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ante ello, la relatora para México sostuvo que los comisionados están “absolutamente consternados”, debido a que instancias estatales tenían conocimiento del riesgo que corría la activista, “y que aun así haya sido asesinada en su domicilio, nos causa profunda preocupación”. Para Esmeralda Arosamena, la fecha elegida por los perpetradores del homicidio, 10 de mayo, cuando se celebra en México el Día de las Madres, “tiene además un carácter simbólico absolutamente perturbador”, y exigió al Estado mexicano “investigar con debida diligencia el asesinato y asegurar que se haga justicia. Este asesinato no puede ni debe quedar en la impunidad”, apuntó. Alrededor de la muerte de Miriam Rodríguez, la CIDH identificó otro hecho preocupante: el incremento de la desaparición de mujeres adolescentes, de entre 15 y 17 años de edad, desde 2012, en el estado de Tamaulipas. En ese año se registró el secuestro de Karen Alejandra Salinas. La CIDH sustentó su observación con reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que advierte que en los últimos diez años, 5 mil 463 personas se reportaron como desaparecidas, de las cuales mil 914 son niños, niñas y adolescentes. Ante la denuncia de organizaciones civiles de derechos humanos que “han destacado un alarmante incremento de desapariciones” de menores de edad en los últimos años, la CIDH urgió al Estado a “atender esta grave situación con carácter urgente, para poner fin a la impunidad y evitar que esta situación continúe repitiéndose”. Margarette Macaulay recordó que “México es también Estado parte de la Convención Belém Do Pará, que obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y erradicar todos los actos de violencia contra las mujeres con la debida diligencia, y de medidas jurídicas para evitar todo acto de hostigamiento, estando ellas en una especial situación de vulnerabilidad debido a su género y a su actividad como defensoras”. La comisionada de origen haitiano resaltó que debido a que las defensoras de derechos humanos “desafían las concepciones que la sociedad atribuye a su sexo”, están en situación de mayor vulnerabilidad, por lo que “el Estado tiene un deber específico de protección, ya que está en conocimiento de estos niveles de violencia contra las mujeres y contra las defensoras de derechos humanos”. A esta exigencia se unió Arosamena, tras advertir que “es deber del Estado de México garantizar que se adopten medidas de protección adecuadas a los factores de riesgo específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en el país”. El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió al Estado mexicano a adoptar “las medidas necesarias para que el sistema de protección a defensoras y defensores de derechos humanos responda a los principios de eficiencia y debida coordinación”. Para que las medidas de protección sean adecuadas, agregó, “deben ser idóneas para proteger la situación de riesgo en que se encuentra la persona defensora, y para ser efectivas deben producir los resultados esperados, de manera que cese el riesgo para la persona que se protege”. Además, “debe tomar en cuenta una perspectiva de género para brindar efectivamente una protección integral a las defensoras de derechos humanos”.