CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la red Chilangos con Delfina, Salvador Guerrero Chiprés, presentó la propuesta programática que será entregada a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, sobre inseguridad, corrupción, feminicidios y contaminación, “problemas irresueltos por la falta de capacidad y voluntad política” de los gobiernos priistas. El plan, indicó en rueda de prensa, es principalmente para combatir la inseguridad, “especialmente contra las mujeres”, la corrupción en el uso de los recursos públicos, la descoordinación ante el grave problema ambiental del Valle de México y la resistencia a la aplicación de la ley para el usufructo del uso de suelo. También se plantea la creación de una policía metropolitana para terminar con las complicidades que ha respaldado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México durante 87 años en el gobierno. “Más de setenta profesionistas, empresarios y académicos que no militan en ningún partido se reunieron esta mañana para formalizar la propuesta programática metropolitana que será entregada a la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez”, resaltó Guerrero Chiprés. Igual recordó que a la fecha no se ha recibido respuesta alguna del órgano de transparencia acerca de las actividades de Alfredo del Mazo González, quien fue designado desde 2007 presidente del Consejo Mexiquense de Infraestructura por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Esta instancia es parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y no se conocen los resultados de su accionar durante una década. Como parte de sus acciones de promoción de la transparencia, este colectivo ciudadano interpuso una solicitud de información ante la Presidencia de la República para conocer las variaciones operativas y presupuestarias registradas en el gobierno federal relacionadas con el Estado de México en el contexto electoral. En otro tema, la empresaria y abogada Luz María Rodríguez Pérez, integrante del colectivo ciudadano, sugirió generar un esquema de coordinación que supere el actual de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, instancia que “básicamente se dedica a decidir cuándo opera la contingencia y que no ha sido capaz en años de presentar una solución integral al tema”. Sin un cambio en la estructura de la gestión y del respeto a la normatividad no se solucionará el problema de contaminación, “agravado por los registros de corruptelas”, indicó Rodríguez Pérez. Gustavo Madrid Vázquez, experto en urbanismo, señaló que las ocurrencias y la ausencia de planeación y severas fallas en la implementación en desarrollo urbano demuestran que es necesario un viraje en la estructura del gobierno y en su relación con la sociedad. Por ello se pronunció por mejorar la capacidad para auditar la obra pública y terminar con los acuerdos empresariales y de autoridades que permiten la duplicación por encima de lo previsible de los costos. “En Europa más de 8% de sobrecosto se considera un delito porque se asume que hubo una estimación tramposa de la obra que se está realizando”, acotó. Itzel García Muñoz, especialista en temas de género, destacó que tras la declaración de alerta de género en el Estado de México, en el año 2015, “no se ha registrado absolutamente ningún avance, e incluso se ha presentado un retroceso que evidencia la indefensión en que se encuentra la mujer mexiquense, no sólo ante el primer lugar de feminicidio ocupado por esa entidad, sino por los aumentos en violaciones y agresiones a la mujer en lo que va del año”. La ingeniera Aurora Carbajal destacó el contraste entre la propaganda oficial federal y mexiquense en materia de desarrollo social y de programas de atención a los más vulnerables, mismos que no han generado un cambio sustantivo durante casi 30 años. La especialista asoció ese estancamiento a la incompetencia de los gobiernos y a la falta de voluntad política de quienes encabezan esas políticas públicas. En su turno, Dulce Mejía Domínguez lamentó la liberalidad ilegal con al cual las autoridades del Estado de México y de la capital del país han concedido autorizaciones para la modificación del uso de suelo, cuya consecuencia es simultáneamente su encarecimiento y el desplazamiento de comunidades enteras en los municipios mexiquenses y en la capital del país, donde los acuerdos entre autoridades y empresarios han pasado por encima de la ley y del bienestar común. El empresario Rigoberto Vargas propuso crear un esquema de policía metropolitana integral con cuerpo de seguridad limítrofe para los 18 municipios conurbados, módulos o unidades de seguridad de proximidad por colonia, patrullas escolares y un fiscal ciudadano para revisar y perseguir actos de ineficacia y corrupción en la prevención de la seguridad, y posteriormente en la impartición de justicia dentro de la policía y ante la sociedad.