BUENOS AIRES (apro).- Irma Ferreira da Rocha tenía 47 años. Era empleada doméstica. Vivía en un suburbio de Posadas, la capital de Misiones. En esta provincia de origen selvático, incrustada como cuña entre Brasil y Paraguay, la exhuberancia del paisaje contrasta con la pobreza de gran parte de la población. Irma Ferreira era madre de siete hijos. Tímida, de estatura baja, nunca salía de noche. El sábado 17 de diciembre hizo una excepción. Fue con una amiga a un baile en el barrio. Salió de allí con un hombre. Subió con él a una camioneta. Pasada la medianoche, un vecino oyó gritos lastimeros, que provenían de un terreno cubierto de arbustos. La mujer estaba ensangrentada. La cara desfigurada a golpes. Los pantalones bajos hasta las rodillas. Una rama incrustada treinta centímetros en el ano. El domingo, antes de que le diera paz la muerte, su hermana Mabel alcanzó a verla en el hospital. “Terminaron con su dignidad, sobre todas las cosas, de una mujer”, relató a Misiones. “Todavía podía abrir sus ojos y tenía vergüenza de mirarme a la cara. Sentía asco, impotencia, dolor”, dijo, conteniendo el llanto. Por el hecho está detenido Alejandro Esteche, un albañil de 28 años. Irma Ferreira fue el segundo caso de empalamiento en el año. Ya en octubre de 2016, Lucía Pérez, de 16 años, había sido drogada, violada y muerta en Mar del Plata, del mismo modo aberrante, por dos hombres dedicados al narcomenudeo. Según datos de la ONU, la mitad de los femicidios que se producen cada año ocurren en América Latina. En Argentina, a falta de estadísticas oficiales confiables, la ONG Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) contabiliza los casos que aparecen en los medios. En 2016 registró 322 femicidios. Y 111 del 1 de enero al 27 de abril de 2017. “Recién ahora estamos viendo la crudeza de estas manifestaciones en su totalidad. No tenemos datos en nuestros países, porque aparentemente en años pasados no era un tema que se priorizara como política pública”, dice a Apro la doctora en Ciencias Sociales Eleonor Faur, coautora, junto a Alejandro Grimson, de Mitomanías de los sexos (Siglo XXI, 2016). “Lo que está claro es que se percibe mucha más saña en la violencia de género, y sobre todo en los femicidios”, sostiene. Los especialistas constatan un aumento de la brutalidad, la crueldad y el odio que se manifiesta en algunos ataques. Casos de violencia sexual extrema, propios de zonas de conflicto. Como si no alcanzara con violar y matar, sino que se buscara enviar un mensaje disciplinador. Una parte de la sociedad se resiste a modificar una cultura de sometimiento a las mujeres. Lo exponen algunos hombres, del modo más primitivo. “No sé si serán minoritarios los sectores que se resisten a este tipo de transformación, pero lo que es seguro es que el humor social colectivo no está yendo por ese lado”, constata sin embargo Eleonor Faur. “Esto es algo significativo, que tenemos que valorar porque se ha dado gracias a la lucha de las mujeres, al movimiento Ni una menos –explica–. No ha sido por generación espontánea esta mayor predisposición social para transformar algunos patrones”. El activismo de las mujeres ha obligado a los grandes medios de comunicación a modificar el tratamiento de los casos de femicidio, que hasta no hace mucho eran presentados como crímenes pasionales. La “culpabilización” de la víctima no ha desaparecido completamente. “Sobre todo en el caso de las chicas jóvenes, cuando se resalta, después de un femicidio, si la chica tenía muchos tatuajes, si tenía más de un perfil en Facebook, si le gustaba salir de noche, como si alguno de estos factores habilitara a alguien a matarla”, explica Eleonor Faur. Estados La sonrisa de Micaela García es estrellada. Vive en la boca y los ojos. Ilumina todo el rostro. Así se le ve en gran cantidad de fotos disponibles en la red. Así la mostraron, durante la primera quincena de abril, todos los medios de comunicación de Argentina. Tenía 21 años. Estudiaba Educación Física en la ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Militaba en la juventud kirchnerista y en el colectivo Ni una menos, que lucha contra la violencia de género. La madrugada del 1 de abril, a la salida de una discoteca, avisó a su novio por mensaje de texto que volvía a pie a su casa. En el camino fue interceptada por dos hombres. Sebastán Wagner, de 30 años, y Néstor Pavón, de 27. Wagner se encontraba en libertad condicional. En 2010 había sido condenado a nueve años por dos casos de violación. El juez Carlos Rossi le otorgó igualmente un beneficio que tres informes desaconsejaban. La joven fue obligada por los hombres a subir a un vehículo y llevada a un campo en las afueras. Fue violada y después estrangulada. Su cuerpo desnudo, en elevado estado de descomposición, fue encontrado días más tarde, a un costado de un camino rural, escondido entre la vegetación espesa. El crimen de Micaela García ha generado multitudinarias marchas de protesta en todo el país. Las críticas se dirigen a diferentes ámbitos de responsabilidad del Estado. En primer lugar, a la justicia, que liberó al acusado sin someterlo a ningún tipo de control. Pero también hacia la insuficiencia de las políticas públicas contra la violencia de género. El Consejo Nacional de las Mujeres ha presentado para tal fin un plan de acción, pero su presupuesto es escaso. El 80% del mismo se destina a la construcción de refugios para mujeres ya victimizadas. No apunta a fortalecer paradigmas de ciudades seguras, donde se proteja el derecho de las mujeres a circular, estudiar, trabajar y divertirse. “El trabajo de prevención, lejos de estar sostenido, está siendo vulnerado por el Estado”, dice a Apro Marta Dillon, activista del colectivo Ni una menos y editora de Las 12, el suplemento feminista del diario Página 12. “No hay presupuesto suficiente para la educación sexual integral, no hay formación docente, no hay intención de que ésta sea una política pública”, sostiene. “El Estado está buscando más la desmovilización de las mujeres que protestan que pensando la manera de llegar a los barrios con una política activa”, agrega. El 3 de junio de 2015, el colectivo Ni una menos organizó marchas multitudinarias en 80 ciudades de Argentina. Las manifestaciones se repitieron el 3 de junio y el 9 de octubre de 2016 y también el 8 de marzo de 2017. “La masividad de las manifestaciones quiere decir que es algo que estaba en la sociedad como una necesidad de decir basta, de ponerle palabras a lo que venía pasando, de poder denunciar pero también hablar de un montón de experiencias que hacen a la socialización como mujeres y tienen que ver con la violencia y que estaban silenciadas –explica Marta Dillon–. Obviamente hay sectores conservadores que responden con más miedo y más violencia y buscan generar desconfianza sobre el movimiento”. Dillon se refiere a personas vinculadas a estructuras como las iglesias, fuerzas de seguridad y movimientos políticos conservadores, que defienden una jerarquía que otorga privilegios a la masculinidad y asigna a las mujeres las tareas del hogar. “Lo que produce Ni una menos es un empoderamiento de las mujeres y una necesidad de tomar conciencia sobre violencias que muchas veces estaban naturalizadas”, dice Dillon. Refiere ejemplos concretos: “En el último año están creciendo las delegadas mujeres dentro de las organizaciones sindicales –dice–. Esto da la posibilidad de poner en las agendas de los sindicatos la necesidad de guarderías y de ampliar las licencias por maternidad”. Masacre Romina Maguna tenía 36 años y era mujer policía. Vivía en el Gran Buenos Aires, junto a su hijo de 11 años y al empleado ferroviario Diego Loscalzo. El hombre, de 35 años, había sido su pareja. Todavía convivían, pero estaban separados. El 6 de febrero de 2017, Loscalzo revisó el celular de Maguna. Descubrió que ella estaba organizando una fiesta con sus compañeros de trabajo. Inició una discusión que fue subiendo de tono. El hombre arrebató el arma reglamentaria de Romina Maguna y la mató de cuatro tiros. También mató a Vanesa Maguna, hermana de Romina, y a su marido Darío Díaz, quienes vivían en la parte posterior del terreno y acudieron al oír los disparos. A una vecina, Cinthia López, que llegó corriendo, le rompió el fémur de un tiro. El niño de 11 años fue testigo de lo ocurrido. Pidió al agresor que no le disparara. Logró escabullirse. Loscalzo llamó a sus antiguos suegros, para decirles que se acercaran de inmediato, que su hija había tenido un accidente. Se subió a una moto. Interceptó el auto de los familiares a mitad de camino. Mató a tiros a su exsuegra, Juana Paiva, a un hermano de Romina, José Maguna, hirió a su mujer, Mónica Lloret, matando de un disparo al bebé que llevaba en su vientre. También hirió a una hija de Lloret, de 12 años, en las piernas. Fue detenido al día siguiente en la provincia de Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, mientras intentaba escapar en un autobús. En su trance de violencia, Diego Loscalzo cometió lo que se conoce como un femicidio vinculado. No sólo mató a su expareja, sino también a sus seres queridos. “Los femicidios vinculados son una forma de brutalidad que tiene que ver con una violencia sin límites, de no tener ningún freno, de hacer daño de una manera abismal, de estar dispuesto a todo, a perder la libertad y también la vida”, dice a Apro la periodista Luciana Peker, autora de La revolución de las mujeres (Ed. Eduvim, 2017). “Ahora hay una saña mayor y un Estado que no mide el peligro real al que están expuestas algunas mujeres”, explica. En lugar de apuntalar políticas públicas que prevengan la violencia machista, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que privilegia el sesgo punitivo. El pasado 23 de mayo, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que restringe las excarcelaciones para condenados por delitos graves como violaciones, torturas, narcotráfico, trata de personas, secuestro seguido de muerte. Se supone que la misma Cámara lo convertirá en ley en las próximas semanas. El colectivo Ni una menos, al igual que otras organizaciones sociales, tildan esta iniciativa de “facilista”. “Todos tenemos miles de machismos y necesitamos transformarnos. Tiene que haber hombres dispuestos a un cambio. Y en algunas cosas a ceder, en otras a controlarse, y en otras a ganar muchísimo”, dice Luciana Peker, privilegiando el eje cultural. Recalca, sin embargo, la responsabilidad del Estado. “Hay políticas públicas, pero son insuficientes. Por eso mismo –dice–, la idea de hablar de femicidio es ponerlo bajo la responsabilidad del Estado y sacarlo de la vida privada, del crímen inevitable, donde te matan de tanto que te quieren”.