Colombia: la terca cerrazón a los acuerdos de paz

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, saluda al máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Londoño, "Timochenko" después de firmar un acuerdo de paz. Foto: Fernando Vergara / AP El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, saluda al máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Londoño, "Timochenko" después de firmar un acuerdo de paz. Foto: Fernando Vergara / AP

BOGOTÁ (apro).- Ante el azoro de la comunidad internacional, los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC están bajo fuego en Colombia.

Y no sólo por parte de sus abiertos enemigos políticos, que están encabezados por el expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático.

También hay una élite ultraconservadora que, agazapada en segmentos del Estado, de las empresas, de la sociedad y de algunos medios de comunicación, tiene muy poco interés en que tenga éxito el pacto político que busca poner fin a una guerra de más de medio siglo.

Es la misma élite que, con su cerrazón e inflexibilidad, propició hace 53 años el surgimiento del conflicto armado interno más cruento de América Latina.

Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, el fundador de las FARC, era un campesino del tradicional Partido Liberal que pedía tierras y el fin del despojo de propiedades rurales por parte de grandes terratenientes. La respuesta de la élite fue el Ejército, la guerra sucia y una negativa total a negociar demandas no solo legítimas, sino básicas en la agenda social de mediados del siglo XX.

Colombia fue el único país de América Latina que no tuvo una reforma agraria y Tirofijo y los 47 campesinos que se levantaron en armas contra el Estado el 27 de mayo de 1964 en demanda de tierras y con las siglas FARC lo hicieron ya no con un ideario liberal, sino comunista. Una élite cerrada, invariablemente, produce la radicalización y la polarización social. Y eso es lo que ocurrió en Colombia.

Un conflicto en el campo que pudo haberse solucionado con una reforma agraria, se convirtió en una guerra interna que, hasta ahora, ha dejado 220 mil muertos, 25 mil desaparecidos, mil 982 masacres de población civil y siete millones de desplazados por la violencia, el 15% de la población del país.

Y esa guerra no tiene solución militar. Así quedó demostrado durante la Presidencia de Uribe (2002-2010), quien con todo el respaldo de Washington y con la más moderna tecnología contrainsurgente no pudo exterminar a las FARC.

Esta guerrilla, por su parte, que sufrió golpes contundentes durante el gobierno de Uribe, entendió que no era realista persistir en su objetivo estratégico: la toma del poder a través de las armas. Además de su debilitamiento militar, sufría el descrédito político y una alta impopularidad entre la población por incurrir en crímenes de lesa humanidad (secuestros, masacres de población civil, atentados terroristas contra civiles) y por financiarse con el negocio de la coca.

Sorprendidos

Es evidente que las FARC cargan con el lastre de sus propios errores, pero también es cierto que esa guerrilla tomó la decisión política de apostar por la paz y que hizo la parte que le correspondía en la negociación de cuatro años que sostuvo con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien empeñó todo su capital político en esa tarea.

Primero, el gobierno y las FARC fueron sorprendidos cuando los acuerdos de paz fueron derrotados por un estrecho margen en las urnas en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado.

Después, cuando refrendaron el acuerdo a través del Congreso, tras hacerle algunos ajustes para salvarlo, se han visto abrumados por la cantidad de obstáculos que les surgen en el camino de la implementación: retrasos en la construcción de los campamentos del desarme; oposición de congresistas miembros de la coalición gubernamental para aprobar las leyes de la paz, y el asesinato de dos exmilicianos y de ocho familiares de guerrilleros en proceso de desarme.

A esos problemas que ya venían acosando a los acuerdos de paz desde el momento de su firma, el pasado 26 de noviembre, se sumó hace unos días un fallo de la Corte Constitucional que autoriza al Congreso a modificar las iniciativas de ley presentadas por el gobierno para poner en marcha los pactos con las FARC.

Esto significa, en los hechos, que el Congreso, donde la derecha y la ultraderecha han unido fuerzas para obstaculizar aspectos sustanciales de lo negociado con esa guerrilla, pueden acabar por transformar los acuerdos de paz.

Además, la Cámara de Representantes y el Senado tienen ahora la posibilidad de alargar interminablemente los debates legislativos en momentos en que hay seis mil 884 guerrilleros en proceso de entrega de armas y en que las FARC preparan su transformación en partido político legal.

Para el vocero de las FARC en el Congreso, Jairo Estrada, tanto en el Poder Judicial, como en el Legislativo y hasta en algunos ministerios hay resabios del inflexible pensamiento ultraconservador que convirtió una lucha por la tierra en una guerra de más de medio siglo. También, afirma, en medios de comunicación como la televisora RCN, propiedad de la corporación agroindustrial y de negocios Ardila Lülle.

Las FARC debían concluir su desarme este martes 30 de mayo pero es imposible que eso ocurra porque no están definidas ni las ayudas para su reintegración a la vida civil ni ha concluido el proceso de amnistías que debe cobijar a los guerrilleros presos. También falta que se apruebe la ley para la creación del partido político de las FARC y de la protección física que tendrán los insurgentes reincorporados.

Eso, desde luego, servirá de munición a los enemigos del acuerdo de paz para seguir socavando la posibilidad de hacer de la paz un proyecto sostenible en el tiempo.

Otra ley que falta por discutir en el Congreso, que ahora tiene facultades para cambiar las leyes derivadas de los acuerdos de paz, es la de desarrollo agrario.

En la iniciativa está contemplada una tímida reforma agraria que, desde ahora, los gremios de agricultores, de empresarios y ganaderos, han comenzado a atacar con el argumento de que atenta contra la propiedad privada, algo que el gobierno de Santos –que defiende un modelo de apertura económica total— ha negado en forma reiterada.

Es de nuevo la cerrazón, la misma de hace medio siglo, aunque hoy revestida con argumentos de una pseudomodernidad: no porque se crea inseguridad jurídica, no porque los campesinos no son empresarios, no porque el campo se vuelve improductivo…

Las grandes empresas agrícolas colombianas son pujantes, productivas y muy rentables, pero cierto empresariado y sus voceros oficiosos lo quieren todo.

Santos, en cambio, y el empresariado más moderno, consideran que la paz es, a la larga, mejor negocio. Y saben que, para hacer la paz, hay que hacer concesiones políticas, económicas y sociales. Esa es la única manera en que se resuelven los conflictos armados.

En medio de esas inercias históricas que obstaculizan cualquier cambio, las FARC celebraron el pasado sábado 27 su 53 aniversario como guerrilla. En el marco de los festejos ratificaron que será su última conmemoración en armas.

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