CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la reunión que sostendrán los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) este miércoles 31, el gobierno mexicano abogará por una “resolución clara” sobre Venezuela, la cual cuestionará la legitimidad de la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro, aseveró el canciller mexicano Luis Videgaray Caso. En un encuentro que se llevó a cabo en Miami con la moderación del periodista argentino Andrés Oppenheimer, Videgaray agregó que la resolución insistirá en “la necesidad de que exista un calendario electoral”, se restablezcan los poderes de la Asamblea Nacional y se libere a los “presos políticos”. Si bien Videgaray descartó que México participaría en una intervención en el país sudamericano –esto “sería profundamente contradictorio con nuestros principios de no intervención”, subrayó–, aseveró que el gobierno mexicano está dispuesto a asumir un papel de mediación en el acuerdo político. El mexicano arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó de transformar Venezuela en un país que “ha dejado de ser una democracia funcional” con rasgos “francamente autoritarios”. “Eso es algo tremendamente peligroso para la región”, agregó. Posteriormente, Videgaray penetró en el terreno resbaloso de los derechos humanos para atacar el gobierno venezolano. El titular de la SRE sostuvo que los países de la OEA comparten la creencia en la democracia representativa “con genuina división de poderes, con respeto a libertad de expresión, con respeto a los derechos humanos”, pasando por alto que México sufre una crisis sin precedente en materia de derechos humanos y una imparable serie de asesinatos y agresiones a periodistas, el 99.7% de los cuales permanecen impunes. “Si de pronto en México hay un atentado tan grave contra la democracia, se cancelaran elecciones, se desconociera al Legislativo, se encarcela a los opositores, se utilicen los tribunales militares para enjuiciar a quienes marchan contra el gobierno, si esto ocurriera en mi país, a mí no me gustaría que la comunidad internacional mostrara indiferencia y adoptara criterios de política exterior que le permitieran estar ausente del tema”, declaró. Desde el pasado mes de marzo, Venezuela atraviesa una grave crisis política, económica y social. Esta crisis se agravó a inicios de abril pasado, cuando el gobierno trató de quitar su poder a la Asamblea Nacional, la cual se encuentra bajo el control de los partidos de oposición. Las manifestaciones en exigencia de la renuncia del gobierno se multiplicaron en distintas ciudades del país y, en repetidas ocasiones, derivaron en acciones de violencia. Decenas de personas murieron y cientos fueron encarceladas. El gobierno de Maduro asegura por su parte que los manifestantes pretenden asestar un golpe de Estado y acusa a los partidos de oposición de detonar las acciones de violencia para presionar las instituciones. Igual niega la existencia de presos políticos y sostiene que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en 2018, al terminar el mandato de Maduro. Desde el estallido de la crisis, el gobierno venezolano también repudia regularmente las posturas críticas de algunos países miembros de la OEA, entre ellos México, así como de Luis Almagro, el secretario general del organismo interamericano. Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, reiteró ayer que la OEA fomenta las protestas y, con ello, “alienta el golpe fascista”. El diálogo entre oposición y diálogo está roto, y Maduro convocó a la elección de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna.