CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El Congreso del estado aprobó por mayoría de votos dar más independencia a la Policía Estatal Única y autorizó la creación de otras fiscalías especializadas, como la de Violaciones a Derechos Humanos (que incluye crímenes contra periodistas), la de Operaciones Estratégicas y la de Combate a la Corrupción, así como el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. La Policía Estatal Única se convirtió en la Comisión Estatal de Seguridad, que aún forma parte de la Fiscalía General (FG) del estado, pero con una nueva estructura con divisiones de Fuerzas Estatales, Operaciones Especiales, Inteligencia, Policía Vial, Operaciones Rurales así como la de Seguridad Bancaria y Comercial. De acuerdo con el decreto, mediante el que aprobaron las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, de la FG y del Sistema de Seguridad Pública Estatal, buscan darle a las dependencias mejor funcionalidad para combatir la violencia. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Gabriel García Cantú, presentó la iniciativa que fue aprobada por mayoría de votos. La Fiscalía General quedará conformada por la Dirección General de Administración y Sistemas y por la Agencia Estatal de Investigación. De la dirección General de Administración y Sistemas, se desprende el Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal; la Dirección General Jurídica y del departamento de Comunicación Social. De la AEI, dependerán la dirección de Servicios Periciales y Ciencia Forense; la coordinación estatal de Protección Civil y la dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, con Participación Ciudadana. Son parte de la FG además, la Fiscalía en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos; la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas; Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; fiscalías de distrito por zonas (Norte, Centro, Occidente y Sur); Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Delitos por Razón de Género; Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, así como la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. El titular de la fiscalía anticorrupción será designado en los mismos términos constitucionales en que es nombrado el Fiscal General del Estado (por el Poder Legislativo) y tendría a su cargo la investigación y persecución de delitos contra el servicio público cometidos por servidores públicos, en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos igualmente por servidores públicos, así como cualquier otro delito de contenido patrimonial tipificado en el Código Penal o leyes especiales. La también recién creada Fiscalía en operaciones estratégicas, estará a cargo de un fiscal especializado que será nombrado por el gobernador del estado a propuesta del fiscal general, contará con coordinaciones regionales y tendrá las mismas atribuciones que las otras fiscalías con funciones de investigación y persecución del delito, pero enfocada específicamente a los delitos de secuestro, extorsión, y cualquier asunto que por su naturaleza, relevancia o impacto, instruya el fiscal general, por su calidad de graves y trascendentales para la preservación de la paz y la tranquilidad sociales. La Fiscalía especializada en violaciones de derechos humanos estará a cargo de otro fiscal especializado que será nombrado por el gobernador, también a propuesta del fiscal general y se encargará de la investigación de los hechos probablemente delictuosos, en los que se adviertan violaciones graves a derechos humanos, siempre y cuando así lo determine el fiscal general bajo un criterio de priorización. Esa fiscalía podrá conocer casos de las conductas delictivas como: tortura, desaparición forzada de personas, discriminación, delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas o comunicadores, cuando estén relacionados con la función o actividad que desempeñen, delitos relacionados con la desaparición de personas, cualquier otro delito que por las circunstancias del caso, la situación o condición de las víctimas o del contexto en que haya ocurrido, determine el fiscal general o el servidor público a quien delegue esa facultad. La AEI (anteriormente División de Investigación del Delito de la Policía Estatal Única), estará bajo el mando y dirección directa del Ministerio Público, dirigida por un coordinador general que será designado por el fiscal general y tendrá cuatro coordinaciones regionales que en el ejercicio de sus funciones recibirá las órdenes de investigación directamente de los fiscales especializados o de fiscalías de distrito por zonas, coordinadores de las unidades de investigación y los agentes del Ministerio Público de que se trate, es decir, se trata de una unidad policiaca de investigación destinada a esta tarea. El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, dio a conocer que con esa reingeniería de la FG, se fortalecerán los esquemas de operatividad y especialización. “De esta manera, la Fiscalía cuenta con una redistribución de las responsabilidades y con un amplio esquema de especialización que en el corto plazo debe generar mayor eficiencia y eficacia en las tareas de seguridad pública e investigación del delito”, detalló. El objetivo de esta reestructuración, explicó, es organizar y fortalecer los esquemas de operación que permitan optimizar los tiempos de respuesta, además de especializar los trabajos. Peniche aseveró que con la concentración del mando en la figura del fiscal general se facilita la coordinación institucional con autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del Estado.