CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregar información sobre transferencias de recursos públicos a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en los ejercicios fiscales de 2013 a 2016. Lo anterior luego de que un particular solicitó a la Sedatu conocer el número, monto y conceptos por los que realizó transferencias de recursos públicos a la referida universidad. También pidió el nombre del programa, proyecto, diseño, asesoría, producción o servicio que la dependencia recibió de la citada institución educativa; el procedimiento por el que se asignaron contratos a la universidad; nombre y cargo de los funcionarios que firmaron los contratos; número de licitación pública, día de su publicación y medio donde se publicó la elección de la institución educativa por parte de la dependencia; así como el nombre del titular de la dependencia al Sistema de Radio que se desempeñaba a la fecha de firmar cada contrato referido. En respuesta a esta solicitud, a través de la Dirección General de Programación y Presupuestación, la Sedatu argumentó una cláusula de confidencialidad en un convenio celebrado con la institución educativa. Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión que fue remitido a la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez quien determinó que la Sedatu no turnó la búsqueda de información a todas las unidades administrativas competentes y tampoco realizó la búsqueda de manera exhaustiva. Además concluyó que la Sedatu fue “deficiente” en la fundamentación y motivación en la atención de la solicitud por remitir a una cláusula de confidencialidad citada en un convenio de colaboración. “Al no tener certeza de que se realizó una búsqueda exhaustiva y, por tanto, que la información que da cuenta de todo lo requerido obra en los archivos de la dependencia, es evidente que no se puede clasificar la ausencia de la misma pues la inexistencia y la clasificación son dos conceptos que no pueden coexistir”, señaló el comisionado en su proyecto de resolución. El pleno del INAI coincidió con el proyecto y determinó que la Sedatu no atendió la solicitud del particular porque no la turnó a todas las unidades administrativas competentes. También advirtió que la Sedatu utilizó un criterio “restrictivo” en cuanto al documento que podría dar respuesta a parte de la solicitud y por ello, el pleno resolvió revocar la respuesta inicial de la dependencia federal y le instruyó a realizar una búsqueda de la información respecto a las transferencias de recursos públicos presupuestados a la Sedatu a favor de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en los ejercicios fiscales de 2013 a 2016 en donde detalle todo lo solicitado por el particular. El comisionado destacó que, según hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2015, las dependencias firman convenios con universidades públicas, pese a que algunas no acreditaron recursos humanos, materiales y técnicos para desempeñar su rol de proveedores, con el fin de evadir controles en los procesos de licitaciones públicas. Por ello, comentó que la ASF retomará el asunto de las irregularidades en las contrataciones con universidades públicas en la revisión de la cuenta pública 2016. “En él realizará auditorías forenses, como se les llama a los casos cuando la autoridad tiene indicios de fraudes, a seis universidades públicas; una de ellas es la del presente recurso: la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero”, expuso el comisionado Joel Salas Suárez.