QUERÉTARO, Qro.- El dirigente del grupo de comerciantes a los que una juez federal ordenó reinstalar frente a la Alameda Hidalgo de Querétaro, Pablo Héctor González Loyola Pérez, denunció que fue amenazado de manera personal y a través de Internet. La resolución judicial plantea la reinstalación de decenas de comerciantes después que la primera administración del Partido Acción Nacional (PAN) los instaló frente a la Alameda Hidalgo en el año 2000. “Hay que leerse bien, su regreso es sólo por seis meses, se tendrían que volver a ir… No pueden regresar (permanentemente) los ambulantes a la Alameda, es patrimonio intangible de los queretanos”, dijo el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. El mandatario queretano se pronunció porque el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, se siente a dialogar con el dirigente de los comerciantes, pero en lugar de eso, Pablo González dijo a Proceso que recibió amenazas. “Vamos a ver, queremos ver si verdaderamente te pones en la alameda, ya sabes a qué le tiras y qué te va a pasar”, fue el mensaje que escuchó González Loyola de dos hombres que –relató— lo abordaron con rapidez en la calle para retirarse instantes después. El dirigente confirmó que no hay ningún acercamiento con el presidente municipal de Querétaro, y por el contrario, lamentó que públicamente les ha seguido dando un trato de delincuentes. También dijo que hay personas que lo han amenazado en su cuenta de Facebook, como ocurrió con el caso de una ciudadana. “De esa cuenta se me envía un mensaje con una foto, tomada de las fotos de mi cuenta de Facebook, se me encierra en un círculo rojo (como si pusieran un tiro al blanco) y me dice que ‘no se permitirá que la peligrosa delincuencia regrese a la alameda’, lo cual lo tomo como una amenaza”. A inicios de marzo, el presidente municipal justificó el desalojo de los comerciantes de la Alameda realizado la madruga del 19 de junio de 2016, al asegurar que en ese lugar ubicado a unas cuadras de la oficina del gobernador, había trata de personas, venta de droga, e incluso, se comercializaba granadas y armas AK-47 o “cuerno de chivo”. “No es un discurso, es una realidad de un espacio público, donde antes de esta intervención, entre constituyentes y Zaragoza, transitaban 30 mil personas de domingo a domingo (…) hoy transitan en ese lugar 120 mil personas semanalmente, esto implica un efecto positivo en la recuperación de espacios públicos, en donde, ante la ausencia de autoridad es un espacio proclive para acciones delincuenciales, como sucedió en este espacio”, soltó. Después que los comerciantes fueron instalados a las afueras de la Alameda Hidalgo en el año 2000 por el panista Francisco Garrido Patrón, la ciudad de Querétaro ha tenido 5 presidentes municipales en ese periodo, cuatro panistas y un priista, entre los que se incluye a Francisco Domínguez Servién, actual gobernador. El dirigente de los comerciantes puntualizó que, después del llamado del gobernador, no ha habido ningún acercamiento por parte de las autoridades municipales. “No ha habido un llamado, no ha habido, no hay voluntad para cumplir la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable, que es el director de Inspección en Comercio y Espectáculos del Gobierno del municipio; pero sus superiores jerárquicos, que son el secretario de Gobierno municipal, Manuel Lorenzo Velázquez Pegueros, y el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, han hecho claras expresiones públicas de su indisposición a cumplir la sentencia de amparo”, lamentó. En lugar de diálogo, el dirigente observa que está presentándose un “clima de intimidación” con el objetivo de no cumplir la resolución judicial que les favoreció. Desde el gobierno del panista Marcos Aguilar Vega, así como en algunos medios de comunicación, insisten en comunicar que “fue rescatado” el frente de la alameda “Hidalgo” –asignado a los comerciantes desde el año 2000 por la primera administración municipal del PAN en Querétaro– de un grupo de “delincuentes” que incurrían en diversos delitos como venta de droga, armas y hasta prostitución. González Loyola dijo que si el gobierno de Marcos Aguilar Vega ya utilizó a la fuerza pública para retirarlos del frente de la alameda –la madrugada del 19 de junio de 2016– y una juez le ordenó reinstalar a los comerciantes, ahora no duda en señalar que el presidente municipal podría emplear acciones violentas e ilegales. “Yo he hecho responsable de estas afirmaciones, al presidente municipal de Querétaro, y les pido a las autoridades competentes que nos brinden la seguridad”, manifestó. La resolución de la justicia federal, dada a conocer por González Loyola y sus abogados el pasado jueves 25 de mayo, ordenó al Gobierno Municipal reinstalar a los comerciantes en el espacio del frente de la alameda, en un plazo no mayor a 3 días. Sin embargo, el dirigente expuso que las autoridades municipales le solicitaron a la juez una prórroga de 5 días, la cual les fue concedida y que tiene como fecha límite el próximo miércoles 7 de junio. No obstante, puntualizó que él y los comerciantes están dispuestos a dialogar, pero que seguirán empleando recursos legales y realizando manifestaciones pacíficas.