MADRID (apro).— El 26 de septiembre se vence el plazo de dos años que se marcó la Unión Europea para acoger a 160 mil refugiados, “cuota” que está claro no va a poder cumplir. En mayo de 2015, la Comisión Europea acordó que los países socios acogieran a un primer grupo de 40 mil personas llegadas a Italia y Grecia, pero en septiembre de ese año sumó otras 120 mil personas tras dispararse los flujos de llegadas ese verano. Se pretendía reubicar a 15 mil 600 personas desde Italia, 50 mil 400 desde Grecia y otros 54 mil desde Hungría –éste último país decidió permanecer al margen de la reubicación—. Pero los resultados son decepcionantes para un continente que ya no puede presumir su política amigable con quienes, provenientes de zonas de conflicto y peligro, necesitan refugio. El más reciente informe de la Comisión Europea señala que, hasta el 28 de febrero pasado, 13 mil 546 personas que han sido acogidas y reubicadas desde Grecia e Italia a los otros 25 países miembros de la UE no llega ni a 14% de los 106 mil solicitantes que ya estarían en condición de ser acogidos. El informe advierte que si se mantiene el mismo ritmo de acogida, el número de personas trasladadas en septiembre “distará mucho del compromiso”. Pero la UE no opera como una unión. Francia es el país que mejor ha cumplido el compromiso. También Malta y Finlandia están cerca de cumplir sus obligaciones y Suecia está trabajando en una reorganización para cumplir entre este mes de junio y septiembre. Por el contrario países como Bulgaria, Croacia o Eslovaquia solo han cumplido entre el 1 y 2% de sus compromisos. Mientras que Bélgica, Alemania y España alcanzan escasamente el 10%. La parte más opuesta al programa siguen siendo Austria, Hungría y Polonia, que se niegan a participar en el esquema de reasentamiento. Los efusivos discursos de los líderes europeos cuando se asumió el compromiso distan mucho de su actitud ante el tema, a casi dos años. Si pueden evitarlo, mejor. Y si se ven orillados a abordarlo, lo hacen con mentiras y mucha insensibilidad. Con frecuencia se refieren al tema con cifras y “cuotas”, no se refieren a los solicitantes de asilo como personas que están sufriendo la cara más amarga de la peor crisis humanitaria moderna. Pese a las buenas intenciones, los requisitos europeos pusieron condición en solo aceptar sirios, iraquíes y eritreos, así como menores no acompañados, por lo que más de 30 mil personas corren el riesgo de quedar varadas en Grecia o ser devueltas a sus países, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya advertía en septiembre pasado, al cumplirse el primer año del compromiso, que a ese ritmo la Unión Europea tardaría 43 años en reubicar a los 160 mil refugiados a quienes se comprometió a dar una solución duradera antes de fin de 2017. Hasta ese momento solo habían sido reubicadas tres mil personas, casi tantas como habían muerto en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Otras siete mil 200 habían sido reasentadas, muy lejos de los compromisos alcanzados en julio de 2015 y ampliados en septiembre de ese año. “Resulta doloroso, y casi macabro, que solo en 2016 hayan muerto cerca de tres mil personas en el Mediterráneo, una cifra cercana a las que la UE ha conseguido reubicar desde el pasado septiembre”, decía Estrella Galán, secretaria general de CEAR. El compromiso en sí era un parche para dar respuesta a la crisis humanitaria y se pone peor aún el panorama al no haber voluntad de cumplir. En esto coincide Sonia Ros, porta voz de Stop Mare Mortum, quien escribió en su blog: “Hay falta de voluntad política de reconocer los derechos de estas personas, lo vimos en los procesos de negociación”. Opina que, a unos meses de que termine el plazo, “es muy difícil imaginar que ninguno de los estados se ponga tanto las pilas y agilice el proceso para llegar a un grado de cumplimiento digno, que ronde el 90-95%”. El gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a asumir a 16 mil 231 personas refugiadas (mil 300 pactados en mayo de 2015 y 14 mil 931 en septiembre), pero sólo ha recibido 886 personas. Eso sin contar los mil 449 del programa de reasentamiento que vienen de los campos de refugiados de fuera de la Unión Europea. El 17 de mayo, al comparecer en el Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), Alfonso Dastis, aseguró que han reubicado 886 refugiados procedentes de Grecia e Italia, y tiene en marcha otros mil 500 expedientes. Muy lejos del compromiso de 16 mil 231 refugiados. Asimismo, ha tramitado 960 solicitudes de reasentamientos procedentes de campos de refugiados en Líbano o Jordania. Su intervención buscaba más justiciar el incumplimiento, que ofrecer una solución satisfactoria. Por ello la diputada socialista Carlota Merchán, le pidió que deje de recurrir a excusas para justificar su ineficacia. Según el alto cargo del gobierno, la Comisión Europea tiene 12 mil 400 refugiados listos para ser reubicados, sin embargo, los datos oficiales lo desmienten, porque ya existen 60 mil expedientes resueltos y a la espera de ser reubicados. Es por ello que una iniciativa en la que participan cincuenta organizaciones sociales inició una campaña para exigir a España y al resto de Estados a que cumplan con su compromiso de reubicar a las personas que se comprometieron a acoger. El 24 de abril Stop Mare Mortum también anunció una acción legal para exigir a España que cumpla con las obligaciones contraídas y de asilo a un total de 19 mil 449 personas que se encuentran en campos de refugiados en Grecia e Italia. La falta de voluntad de los estados europeos es con los refugiados, pero incluso, entre dos de sus socios, Italia y Grecia, que están asfixiados por la llegada de refugiados. Caso aparte es el de Hungría, Polonia, incluso Austria, que han asumido una política de endurecimiento violando los derechos humanos de los solicitantes de asilo. Los mayores presupuestos europeos están dirigidos más a la seguridad para contener el flujo migratorio e impedir la llegada de solicitantes de asilo, más que en ofrecer una acogida digna a esas personas. El entonces ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo se indignaba por “la chapuza” que significaba el acuerdo con Turquía, para servir como país-filtro para cerrar el flujo de migrantes provenientes de las zonas de conflicto hacia Europa, se quejó de las devoluciones, como si desconociera que su país, en su frontera africana en Ceuta y Melilla, es uno de los sitios de trato más degradante para los migrantes, muchos de ellos, claros solicitantes de asilo. A ese ambiente negativo para los refugiados hay que sumar el veto estadunidense a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana –por más que esté bloqueado por el Tribunal Supremo estadounidense— y las campañas xenófobas de fuerzas políticas ultraderechistas en Europa, que con mentiras pretenden vincular a los refugiados con casos de terrorismo. El comisario europeo para temas de migración e interior, Dimitri Avramopoulos, advirtió que si la situación no cambia, la Comisión Europea podría abrir expediente sancionador a los países que no cumplan. “La tolerancia y la paciencia empieza a agotarse”, dijo, pero muchos dudan que se aplique una sanción y que esta redunde en beneficios para los refugiados. Lo más escandaloso de la falta de voluntad europea es la postura que tienen otros países pobres con el fenómeno: El 86% de las personas refugiadas están en países vecinos a las zonas de conflicto como Líbano, Jordania, Turquía, Egipto y Pakistán. Es también el caso de Uganda donde solo en 2015 arribaron 489 mil personas que huían de la violencia en Sudán del Sur, que sería un 25% más de los que cruzaron el Mediterráneo en 2016. Datos que son una vergüenza para la pichicatería de los ricos países europeos ante una crisis humanitaria.