CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Inmigrantes mexicanos deportados que trabajaron en cárceles migratorias de Estados Unidos no pudieron cobrar su salario debido a que las tarjetas de débito que recibieron carecían de fondos o no pudieron activarlas. Y el gobierno mexicano no ha abogado por ellos. Esos indocumentados realizaron labores remuneradas durante varios meses en centros de detención administrados por la empresa The GEO Group. “De cada 100 deportados, dos o tres personas relatan eso, pero pueden ser más. Cuando van a usar la tarjeta no está activada o no tiene fondos. Nos damos cuenta cuando no tienen recursos y nos piden auxilio para apoyarlos. Eso es muy lastimoso, es trabajo esclavo”, denuncia Juan Sierra, responsable del Módulo de Atención a Migrantes de la Pastoral de la Movilidad Humana en Matamoros. Esa instancia, adscrita a la Diócesis de Matamoros y que administra la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís en esa ciudad tamaulipeca, ha conocido al menos 12 casos de este tipo en los últimos meses. Esa estafa se suma a la explotación laboral que sufren los detenidos durante su paso por las cárceles migratorias gestionadas por corporaciones privadas, un negocio que ha crecido desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, en enero último. Estados Unidos deportó a 138 mil mexicanos en 2016, mientras que este año ha devuelto a unos 41 mil indocumentados, en su mayoría mexicanos. En los refugios de Nuevo Laredo, también en Tamaulipas, se escuchan esas historias. “La gente me dice que las tarjetas no han funcionado en los cajeros automáticos, no sabían cuánto dinero tenían. Lo que más preocupa es que están expulsando mucha gente sin el debido proceso, van a una audiencia judicial, los detienen y los deportan. No tienen oportunidad de sacar nada”, relata el sacerdote Giovanni Bizzotto, director del albergue Casa del Migrante Nazaret. A ese refugio arriban migrantes procedentes de Dallas, Houston y Michigan. Agobiados por tareas urgentes como la recepción de los deportados, ayuda para contactar a familiares y respaldo psicológico para enfrentar la experiencia de la expulsión, los albergues no documentan ni sistematizan los casos de estafas –información útil para presentar demandas en Estados Unidos. Otro mecanismo de pago consiste en la entrega de cheques, que los inmigrantes han podido cobrar en casas de cambio, pero recibiendo menos de lo pactado. Para Jacqueline Stevens, directora de la Clínica de Investigación sobre Deportación de la universidad privada Northwestern –con sede en Evanston, Illinois–, el asunto es “muy serio”, pues equivale al trabajo esclavo denunciado en las prisiones migratorias. “O GEO o los guardianes se quedan con el dinero. Pienso que los fondos que permanecen en las cuentas en el comisariato o tienda de la prisión están siendo desviados a un área llamada ‘fondo de entretenimiento para los guardias’. Esto requiere alguna investigación específica –cárcel por cárcel– para saber cómo manejan los recursos”, señala la también profesora de ciencia política y estudios legales. Una investigación de Stevens sirvió de base para cimentar la primera demanda de acción colectiva presentada por nueve internos y exinternos (entre ellos, varios mexicanos) de la cárcel de Aurora, en Colorado, el 22 de octubre de 2014 ante la Corte de Distrito de Colorado, a cargo del juez John Kane. La académica, quien elaboró su pesquisa entre 2010 y 2016, publicó en mayo del año pasado “Un dólar diario: los salarios de esclavitud de las cárceles migratorias, desde 1943 al presente”, en la revista especializada Georgetown Immigration Law Journal. Los querellantes acusan a GEO, administradora de esa instalación, de violar la Orden de Colorado sobre Salario Mínimo, el Estatuto Federal de Trabajo Forzado, enriquecimiento ilícito bajo la ley local y las leyes sobre contratos de servicios y de protección de víctimas de trata. En ese sentido, aseveran que GEO obligó a más de 50 mil inmigrantes a laborar sin sueldo o por un dólar diario desde 2004. En principio, Kane concedió a la empresa el rechazo al quebranto a las disposiciones sobre el salario mínimo, pero mantuvo los señalamientos adicionales. El pasado 27 de febrero, el magistrado dio el visto bueno al calificativo de “colectiva”, con lo cual la demanda puede proseguir en nombre de todas las víctimas. Pablo Páez, vocero de GEO, dijo desconocer los alegatos. “Todas nuestras instalaciones cumplen con estándares de desempeño establecidos y ordenados por el gobierno federal, que emplea a varios monitores de tiempo completo in situ y realiza supervisiones programadas y sorpresivas para garantizar el cumplimiento”, asevera, vía correo electrónico, a Proceso. La compañía usa su filial Abraxas Youth & Family Services para servicios de paquetería y comisariato –tiendas dentro de las cárceles–, mientras que sus sucursales GEO Care y Behavioral Interventions ofrecen las transferencias financieras para los internos. Regreso al pasado Entre otros, los reclusos desempeñaron trabajos como barrer, trapear, lavar ropa, preparar alimentos, cortar el pelo o laborar en la biblioteca. Las jornadas duraban de tres a ocho horas y los internos recibían un dólar no obstante las horas trabajadas, según documentos del caso. La demanda explica que la corporación se enriqueció merced al trabajo barato mediante la política de aseo de las prisiones, bajo la cual se pedía a los internos trabajar de conserjes sin emolumentos. En la segunda variante, los detenidos podían solicitar un puesto en el programa de trabajo voluntario, en el cual se les pagaba un dólar diario. Estados Unidos posee la mayor infraestructura de detención de inmigrantes en el mundo, pues anualmente aprehende entre 380 mil y 442 mil personas, acorde con la organización no gubernamental Iniciativas Comunitarias para Visitar Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC). Texas, California, Arizona, Georgia y Nueva Jersey albergan la mayor cantidad de internos. Cerca de 65% de los inmigrantes son retenidos en instalaciones administradas por al menos 10 empresas. GEO, con sede en Boca Ratón, Florida, encarcela más indocumentados que sus competidores, según datos de CIVIC. GEO –que posee o administra 143 prisiones en Australia, Estados Unidos, el Reino Unido y Sudáfrica– y Corrections Corporation of America encarcelan juntas a unas 15 mil personas diarias en instalaciones migratorias. En 2015 la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) pagó a GEO 161 millones de dólares por la administración de centros de detención. Uno de los contratos de GEO con ICE, fechado el 2 de mayo de 2011 y revisado por este semanario, establece que los fondos externos o los generados por el trabajo de los detenidos pueden ser usados para pagar productos o servicios del comisariato existente en la prisión. El dinero debe ser mantenido en una cuenta sin generar intereses. A la liberación del detenido, todos los fondos en esa cuenta deben serle devueltos. Sierra criticó la desprotección gubernamental de los inmigrantes perjudicados. “En Florida, a un recluso le pagaban cinco centavos por hora por poner ojales a las camisas. Otra persona trabajaba en la limpieza de la cocina y recibía 27 centavos por hora, también en Florida. Los consulados no hacen la labor correcta para ayudarlos o despejar dudas. Los afectados dicen que llaman a los consulados y no les responden”, cuestiona Stevens. Para ella, GEO tiene responsabilidad legal en los casos. “Es una violación al contrato con la ICE. Equivale a enriquecimiento ilícito y quebranto a la Ley de Trabajo Forzado y la ley común de Colorado. Es robo y puede ser también fraude”, sentenció. Este reportaje se publicó en la edición 2118 de la revista Proceso del 4 de junio de 2017.