CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 21 de julio de 1822, el líder del Congreso, Rafael Mangino, tuvo el papel de recibir la espada de Agustín de Iturbide en la Catedral Metropolitana. Entre obispos, aristócratas poblanos, mirreyes disfrazados de pajes, y generales, el presidente del Congreso, él mismo un hombre conservador y centralista, se paró ante Iturbide como Mexici Primus Imperator Constitucionalis y vio con cierta comprensión pragmática cómo los que antes habían considerado a Iturbide un lacayo, ahora se arrodillaban ante el general y su esposa, Ana María Huarte, para besarles las manos –ungidas por el obispo de Oaxaca– y dejarse rozar por las telas que el diseñador de Napoleón y Josefina, Louis-Hippolyte LeRoy, había enviado desde Versalles. La coronación del emperador “constitucional” de México era distinta de la de Napoleón Bonaparte en un sentido teatral. Si la de Napoleón fue operística –él mismo poniéndose la corona–, la de Iturbide fue de zarzuela. El diputado Mangino no pudo sino desviar los ojos de las caras de la élite mexicana que, a pesar del protocolo aristocrático que siempre ha copiado, también hacían el rictus para aguantarse las carcajadas. Realmente no existía el menor atisbo de que el imperio “constitucional” fuera a durar, y acaso por eso, el congresista Mangino no pudo contenerse de decir, mientras le ponía la corona a Iturbide: –Cuidado, no se le vaya a caer. Tras 10 meses Iturbide abdicó y un año después fue ejecutado en Tamaulipas, tras despedirse ante el pelotón de fusilamiento con sus últimas palabras: “No soy un traidor, no”. El tema era, como siempre, la legitimidad. Por supuesto se trata de una relación arcana, inasible, que llevó al país al intento de coronar a Iturbide o a traer a Maximiliano como fórmulas para contar con algo y alguien –creer en algo no puede escapar a creer en alguien– que se colocara por arriba de las disputas políticas. En los años siguientes, José María Luis Mora llegó a escribir que “los partidos, por esencia y naturaleza, son contrarios a todo orden establecido”, y los periódicos, como El Águila Mexicana, proponían que desapareciera el Congreso para sustituirlo por reuniones de los líderes de los partidos. El lugar de lo que sobrevolaría idealmente las divisiones se fue depositando en una idea de la Ley como algo sagrado, mitológico e incontestable que explica las extrañas palabras, un tanto aztecas, que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, dice el 17 de septiembre de 1828, unos días antes de que su gobierno prohíba las “sociedades secretas”: “Serían siniestras las consecuencias de profanar, con sacrílegas manos, las páginas de esta Constitución, que es el ídolo de nuestros corazones”. Se buscaba una Verdad –así, con mayúscula– cuya legitimidad no fuera, como es, circular y que sólo puede establecerse en retrospectiva: si un gobierno cayó, es porque carecía de legitimidad. Las leyes, la legalidad, son posibles sólo si tienen legitimidad. Aterrado porque toda ley contiene, en su seno, la posibilidad de ser resistida y abolida, el conservador Lucas Alamán recordaba, ya en 1834, una cita de Voltaire en la que se sorprende de cómo los republicanos romanos no se atacaban de la risa cuando iban a legitimar sus decisiones con las adivinadoras que presagiaban el futuro: “Después de lo que ha ocurrido en México luego del 1828, la farsa que los agoreros romanos representaban nos parece una medida política con la cual se daba sanción del cielo a los actos de autoridad, lo que no engañaba a ningún hombre de juicio ni le impidió burlarse de ellos a Cicerón. Todos los que han trastornado a fuerza de revoluciones, son los que gritan más recio en favor de la legitimidad”. Para cuando Alamán escribió sobre la risa que nos dan las justificaciones de la autoridad, el doctor Mora ya estaba exiliado, y su proyecto de llegar a una legitimidad política a base de la simple discusión de ideas, derrotado. La disidencia se vivía –un poco igual que hoy– como la división en una unidad ideal, orgánica, que rompían centralistas, federalistas, conservadores y liberales, radicales y no, y la recurrencia a la idea monárquica tomó forma. Ahora, un exfederalista, José María Gutiérrez de Estrada, volvía con una solución por encima de las “divisiones” de los partidos: “un príncipe extranjero”. Treinta años antes de que traigan a Maximiliano y a Carlota de Austria, la idea monárquica está peleada con otra, de Mariano Otero, que inventa una “sociedad civil” que pueda encarnar la Verdad perdida en cinco proyectos constitucionales y numerosos levantamientos armados. Es una instancia igual de imaginaria que la de las adivinadoras en acuerdo, esta vez, con “valores solidarios”, en lo exterior y, en su interior, con las “razones de la Historia”. Lo que los gobernantes no pueden desoír es esa manifestación del tribunal supremo que es ahora el devenir. La intención de Otero es que Santa Anna se pliegue a las decisiones de la Asamblea Constituyente, y para ello profetiza “una revolución que termine con la funesta manía de las revoluciones”. El fallo de la Historia sería entonces, tomando su origen griego, una “krisis” definitiva y significativa, no una simple “bola”, como la llamó más tarde Emilio Rabasa. Desde El gallo pitagórico, Juan Bautista Morales va más allá: no existe ninguna ley legítima, por lo que hay que ocultar sus orígenes arbitrarios, que él llama “los crímenes de la noche”, y que las revoluciones insisten en traer a la luz del día. Lo que necesita el país no es algo que lo sobrevuele, sino que se ciña a una intención de auto-organizarse. He ahí el ideal de la sociedad civil: la “fiebre asociacionista” que deja el experimento de Maximiliano es una donde nadie accede a una “verdad del caso”, sino a la defensa de intereses específicos. La sociedad civil hace su entrada como lo había hecho antes la Verdad, el debate de ideas que condujera a ella, la Ley, pero es irrepresentable. La sociedad civil, desde el inicio, no es una suma de intereses particulares sino de algo tan minado en su singularidad que pueda ser digerido como “voluntad general”. El teórico de ella, Ignacio Ramírez, quien junto con Francisco Zarco y Guillermo Prieto forman el ala izquierda del juarismo, no piensa en la armonía, sino en la lucha que ello implica. La compara con una danza ritual que vio entre los indios de Sonora y la bautiza: “lenguaje de acción”. A esa lucha, Ramírez le agrega a la opinión pública: “El periodismo es a la sociedad lo que la mente al organismo”. La sociedad civil de Ramírez no está constituida de antemano por ciudadanos racionales y universales que saben qué diablos es “voluntad general y no de todos”, sino que se construye con la democracia directa y la labor de los periodistas. Es lo que llamó “el ritual del antagonismo”. Más tarde, Ignacio Manuel Altamirano retoma la idea de la sociedad civil y la quiere llevar a la práctica en los “salones literarios”, ahí donde “las opiniones son valoradas por las obras de quienes las enarbolan y no por sus orígenes o pobrezas personales. Donde las jerarquías nacen de la estimación y el respeto espontáneo como consecuencia de los logros en cada profesión”. Pero muy pronto esta idealización de la república de las letras hace agua, entre los ricos anfitriones de las casas de Riva Palacio y Martínez de la Torre, y los endeudados escritores de la “bohemia”. Tras haber fracasado en esa siempre inasible idea de la sociedad civil, directa, igualitaria y a la vez meritocrática, sus desavenencias y pasiones por Porfirio Díaz dejan al novelista exhausto. En sus diarios de 1870 apunta, desvanecido: “La política me tiene sin cuidado. La literatura me entretenía ya hace algunos meses. Ya me va fastidiando. Hoy, me mataría”. Él había comparado la vida nacional con un género superficial, fabricado sólo con el fin de entretener y hacer dinero en taquilla: “Éste es el país de la zarzuela –escribe célebremente–: zarzuela en la política, zarzuela en la literatura, zarzuela en el comercio, zarzuela en los placeres, zarzuela hasta en la tumba”. De muchas maneras, cada vez que coronan al general, el congresista le dice: –Cuidado, no se le vaya a caer. Esa ciudadanía como espectáculo. Esta columna se publicó en la edición 2118 de la revista Proceso del 4 de junio de 2017.