CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía de Guatemala solicitará el retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales para poder investigarlo sobre el incendio ocurrido el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 41 niñas perdieron la vida. En rueda de prensa, la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Veliz, dijo que se recibió una solicitud de dos diputados opositores para quitarle la inmunidad política al presidente guatemalteco, y ahora corresponde a la Fiscalía hacer la petición a la Suprema Corte, que deberá determinar los pasos a seguir. Los diputados Sandra Morán y Locadio Juracán argumentan que el mandatario tendría responsabilidad en los hechos, porque era el superior de los funcionarios involucrados y detenidos por el caso del albergue localizado en el municipio de San José Pinula. Un día antes del siniestro, varias menores se habían fugado aduciendo malos tratos y abusos por parte de sus cuidadores, sin embargo, fueron recapturadas. Según testimonios, el incendio fue provocado por una de las menores tras más de ocho horas de estar recluidas, sin acceso a sanitarios. La diputada Morán dijo que el presidente también sería responsable de que no se contratara al personal adecuado. “En la línea de mando él era el inmediato superior de los capturados; se sabe que a medida que sucedían los hechos, el presidente era informado y no dio instrucciones”, destacó la legisladora. La Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver si acepta o no la solicitud y, según la Ley de Antejuicios, trasladarla al Congreso de la República, donde serán los diputados quienes decidan si le retiran o no la inmunidad a Morales. La solicitud contra el mandatario centroamericano ocurrió horas después de que la policía y fiscalía detuvieran a cinco funcionarios acusados de presunta participación en el incendio. Julia Barrera, vocera de la fiscalía, sostuvo que a los detenidos se les imputa homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes. Entre los detenidos están: Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, y Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. La Fiscalía ha dividido en tres los momentos importantes de la tragedia: el primero el 7 de marzo, cuando empezó la fuga; el siguiente, al momento de la recaptura de los niños, y el tercero desde que fueron recluidos en pequeñas aulas. “Ambos funcionarios dejaron de ejercer su mandato de protección a los niños y niñas y velar por sus derechos”, aseguró la Mayra Veliz, secretaria adjunta de la fiscalía, y también aseguró que delegaron la autoridad de las niñas a la policía, a pesar de que éstas no tenían conflicto con la ley. Según Veliz, la Fiscalía también solicitó que se le retire la inmunidad a la juez Rocío Albani Murillo Martínez, a quien la Procuraduría de Derechos Humanos le había solicitado realizar una exhibición personal para determinar si los niños y niñas eran víctimas de vejámenes, pero la juez, aduciendo temer por su seguridad, no la realizó. Por este caso también están en prisión y ya sujetos a investigación Carlos Rodas Mejía y Anahí Keller, exsecretario y exsubsecretaria de Bienestar Social de la presidencia, respectivamente, además de Santos Torres, exdirector del hogar. Ningún empleado, varios de los cuales habían sido acusados de prostituir y abusar de las menores, ha sido detenido ni acusado en el caso, de acuerdo con un despacho informativo de AP.