CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reserva de información en las declaraciones patrimoniales, tributarias y de conflicto de interés de los servidores del Estado, aunque aceptó que los formatos de esos reportes sean elaborados a propuesta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Luego de dos días de discusiones, el pleno de ministros votó por seis a cuatro el proyecto de José Ramón Cossío para avalar las reformas a las leyes generales de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que prevén la protección de datos y vida privados de los servidores públicos de los tres poderes del Estado, incluidos los propios jueces constitucionales. A pesar de que las declaraciones, conocidas como “3de3”, deben ser públicas, debe prevalecer la protección de los datos personales, y en consecuencia la vida privada de los funcionarios públicos, propuso el ministro en el juicio de inconstitucionalidad promovido por una minoría de diputados de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC). Su propuesta recibió el apoyo de los ministros José Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Norma Piña, Eduardo Medina y Javier Laynez. En contra votaron el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En la sesión estuvo ausente el ministro Alberto Pérez Dayán. Luis María Aguilar criticó que el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas haya dejado en manos del Comité Coordinador del SNA la elaboración de los formatos de las declaraciones. Esa es una facultad del Congreso, consideró. El Comité Coordinador está integrado por el Comité de Participación Ciudadana del SNA, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación (ASF), Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que preside el propio presidente de la Corte. El artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas estableció que las declaraciones patrimoniales y de interés serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. A fines de mayo pasado, en un proceso cuestionado por su opacidad, el Comité Coordinador del SNA eligió a Ricardo Salgado Perrilliat, como secretario técnico del SNA, quien tendrá a su cargo la operación de las bases con los datos de los funcionarios públicos, entre otras atribuciones.