OAXACA, Oax. (apro).- Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) salieron a las calles este miércoles para conmemorar el desalojo de 2006, y una vez más exigieron al Estado mexicano que castigue con cárcel al exgobernador Ulises Ruiz, a quien tacharon de “asesino", así como "a todos sus cómplices por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sexenio”. La marcha masiva inició alrededor de las 10 horas en el crucero de Trinidad de Viguera al Zócalo de esta capital, donde cientos de mentores corearon la frase: “Ni perdón ni olvido”. A 11 años de los hechos, la asamblea estatal del movimiento magisterial ratificó su táctica de movilización-negociación-movilización. Entre sus acuerdos sobresale la realización de una jornada político-cultural los días 17 y 18 de junio, con la exigencia de justicia en Nochixtlán, a un año de la masacre perpetrada por las fuerzas represivas del Estado, que estará acompañada de bloqueos carreteros en los 37 sectores sindicales, y el lunes 19 encabezarán una marcha masiva en el municipio mixteco. La Sección 22 también se pronunció contra la aplicación del decreto de las zonas económicas especiales, y anunció un foro sobre el tema el jueves 22 en el Zócalo de esta ciudad. De igual manera, exigió al gobierno estatal el pago inmediato del bono de homologación sin condicionamiento alguno, de lo contrario –agregó—“nos reservamos el derecho de accionar”. Y demandó una auditoria al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) por malversación de fondos que fueron empleados con fines electorales. Los maestros también exigieron la salida de Aurelio Nuño Mayer de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el desalojo fallido del 19 de junio del año pasado en Nochixtlán, y solicitaron a la CIDH una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos ocurridos y castigo a los culpables materiales e intelectuales, además de la creación de una fiscalía especial. En su informe entregado hace un año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las autoridades estatales y federales, la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) documentó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006 y 2007, durante el conflicto sociopolítico en la entidad. Dicho informe precisa que se impusieron intereses políticos para cometer las graves violaciones a los derechos humanos. El entonces presidente Vicente Fox –apunta– actuó para dar salida a la crisis postelectoral que se vivía en ese momento, debido a que el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, había denunciado un fraude, y Felipe Calderón Hinojosa, aspirante del PAN, necesitaba del PRI para legitimarse. Como moneda de cambio, el Revolucionario Institucional pidió la protección para el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, responsable de la represión en Oaxaca. Los integrantes de la CVO reiteran en su informe que Ruiz Ortiz es el responsable directo de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007, derivadas de la ingobernabilidad, y por tanto hay una responsabilidad de Estado. Entre sus conclusiones menciona que a partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal, con el objetivo de desalojar el Zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que a la postre conformarían el movimiento social con un objetivo común: destituir a Ulises Ruiz Ortiz como gobernador. Y mientras el movimiento se daba a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas la toma de instituciones, bloqueo de carreteras, instalación de barricadas, paros sindicales y manifestaciones, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales para contener la inconformidad, ya en ese momento generalizada. Con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, el gobierno de Ruiz puso en marcha los operativos Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007). El texto también destaca la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otros afectados que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia. Y para garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluido al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, pero el llamado sólo fue atendido por el expresidente de la República Vicente Fox Quesada y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva. En el apartado de anexos del informe entregado a la CIDH se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que, según las víctimas entrevistadas, son los perpetradores directos del conflicto. Sobre los casos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sanpablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Roland Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluye que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado. El reporte sostiene que durante el conflicto de 2006-2007, las detenciones respondieron a un patrón de acción por parte del Estado: en primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran mayoría participaron grupos armados ilegales que llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos donde las torturaban.