CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comité estatal del Frente Popular Revolucionario en Baja California (FPRBC) denunció la campaña de intimidación que emprendieron las autoridades de Ensenada luego de la organización de jornaleros de San Quintín para conformar el colectivo de taxis independiente “Sitio 17 de Marzo”. A través de un comunicado, el FPRBC acusó que luego de la puesta en marcha del proyecto de servicio de taxis –el martes 6—, tanto los jornaleros que integran el sitio como las organizaciones que apoyan el proyecto han recibido amenazas, mismas que se intensificaron hoy. El Frente explicó que por la mañana José Felipe Romero Guzmán, director de la Unidad Municipal de Transporte de Ensenada, intimidó a los taxistas verbalmente en la delegación Vicente Guerrero, donde opera el sitio. Las amenazas subieron de tono por la tarde cuando Juan Hernández, integrante de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, fue detenido por la policía municipal “con lujo de violencia”, en un acto en el que también se usó gas lacrimógeno. La alianza, en coordinación con el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, es una de las organizaciones que más ha apoyado el proyecto de los jornaleros de San Quintín. Según indicó el frente, hasta el momento Juan Hernández sigue detenido, por lo que exigió su libertad y ya organiza una “respuesta combativa ante esta represión”. El pasado 6 de junio, a través de redes sociales, jornaleros del Valle de San Quintín informaron a los habitantes de la delegación Vicente Guerrero que arrancaría el proyecto de servicio de taxis independiente como una forma de mejorar la situación económica de los productores, al mismo tiempo que se apoyaría a los habitantes del municipio y mejoraría la calidad del servicio de transporte. Ese día el sitio de taxis anunció: “No le estamos robando a nadie (su fuente de trabajo) lo único que hacemos es coadyuvar para que la delegación de Vicente Guerrero siga prosperando. Buscamos mejorar la situación económica de nuestras familias, pero también de la ciudadanía en general”. Desde entonces, los jornaleros han sufrido amenazas. Tras la detención de Juan Hernández, el “Sitio 17 de Marzo” anticipó: “Seguiremos trabajando pese a las intimidaciones del gobierno municipal. El sitio está ayudando a mejorar la calidad de transporte, con precios accesibles. Es nuestro derecho constitucional al trabajo”.