La represión en Venezuela –que ha dejado 66 muertos desde abril pasado, cuando iniciaron las protestas– exhibió las grietas en la cúpula castrense venezolana: inesperadamente, Vladimir Padrino, comandante en jefe del ejército, se sumó a la fiscal general Luisa Ortega en las críticas hacia las fuerzas de seguridad por la violación de los derechos humanos. El militar se deslindó así del ministro del Interior, el también general Néstor Reverol, señalado como estratega de la represión contra los manifestantes. BOGOTÁ.- Las cifras de la convulsión social que vive Venezuela hablan solas. Según la Fiscalía General, en 10 semanas de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro van 66 muertos y mil 300 heridos graves. Desde el 1 de abril, cuando se iniciaron las marchas de rechazo a las maniobras judiciales del oficialismo para quitar facultades a la opositora Asamblea Nacional, cada día, en promedio, ha muerto un manifestante y otros 20 han resultado lesionados. La fiscalía detuvo bajo cargos de homicidio a 10 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la policía, y giró órdenes de captura contra otros 19. De hecho, la decisión de la fiscal general, la reconocida chavista Luisa Ortega, de actuar penalmente contra los guardias y policías autores de los crímenes, la ha convertido en blanco de censuras y amenazas desde las más altas esferas del gobierno. El número dos del régimen, el diputado y capitán en retiro Diosdado Cabello, dijo que Ortega se está convirtiendo en “cómplice de la violencia” en el país y que, por ello, le quedan pocas semanas al frente de la fiscalía. Pero Ortega no está sola. A las críticas que formuló la fiscal por la actuación “violatoria de los derechos humanos” de la GNB se sumó el mismo ministro de Defensa y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general Vladimir Padrino. Sorpresivamente, Padrino dijo el martes 6, durante una conferencia ante la cúpula militar: “No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle”. Y remató: “El que se aparte de la línea de Estado de la preeminencia de los derechos humanos del respeto a los derechos humanos, y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad”. Las declaraciones de Padrino –el tercer hombre más poderoso del país, después de Maduro y Cabello– resonaron tanto en el presidencial Palacio de Miraflores, que la estatal Venezolana de Televisión censuró parte de su discurso, y la nota oficial del evento omitió sus referencias a la GNB. Rocío San Miguel, especialista en temas militares, considera que las palabras del comandante en jefe de la FANB significan un “quiebre público” con el ministro del Interior, el también general Néstor Reverol, señalado como el estratega de la represión contra las protestas sociales. Reverol, quien fue comandante de la GNB, es tan cercano al presidente Maduro que éste lo nombró ministro del Interior el pasado 3 de agosto, un día después de que una corte federal de Estados Unidos acusara al militar de participar en una red de narcotráfico. San Miguel dice a Proceso que la intensificación de la represión hizo que Padrino, quien hasta el mes pasado había defendido la actuación de la GNB frente a las protestas, diera un giro de 180 grados en su posición. La abogada y maestra en seguridad y defensa considera que Padrino se deslindó de Reverol, de cuyo ministerio dependen la GNB y la policía, “por las graves violaciones a los derechos humanos que estamos viendo todos los días en las calles de Venezuela y por el amparo que estos cuerpos han venido prestando a los ‘colectivos’ armados que atacan a los manifestantes”. El pasado jueves 1 la Asamblea Nacional aprobó, con el voto unánime de la oposición, una moción de censura para destituir a Reverol como ministro del Interior, lo que seguramente no tendrá ningún efecto porque el Tribunal Supremo de Justicia suele invalidar todas las resoluciones legislativas de ese tenor. De acuerdo con San Miguel, la “rebelión popular” que vive el país y la profunda crisis económica, política y social que agobia a los venezolanos “tienen un efecto telúrico en el seno de la Fuerza Armada Nacional”. Lo que cabe esperar, señala, es “que, en la medida en que la situación evolucione hacia escenarios más complejos, se agudicen las grietas que se están haciendo evidentes entre los diferentes grupos de poder al interior del mundo militar”. Constituyente “comunal” Las imágenes de la represión oficial circulan todos los días por decenas en las redes sociales. En ellas se observan escuadrones antimotines de la GNB disparando contra los manifestantes armas de fuego, bombas lacrimógenas usadas como proyectiles o perdigones. También abundan los videos de encapuchados que se movilizan en motocicletas mientras accionan sus armas de fuego contra la multitud. Son los llamados “colectivos”, los grupos paramilitares del régimen. Ellos hacen el trabajo represivo más sucio, como lo hicieron Los Halcones en la matanza estudiantil del Jueves de Corpus en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971. En abril pasado, por ejemplo, el joven Miguel Ángel Colmenárez fue interceptado en una manifestación junto con cuatro amigos por varios hombres de civil que les pidieron sus documentos, les preguntaron por qué estaban protestando, los despojaron de sus pertenencias y les ordenaron tirarse al piso. Enseguida les “arrojaron dos artefactos explosivos conocidos como aturdidoras y luego dispararon con una escopeta”, señala el reporte de la fiscalía venezolana. Colmenárez murió de 11 impactos de perdigones. Un amigo dijo a los investigadores que los autores del crimen fueron “‘colectivos’ que iban con la Guardia Nacional”. El presidente Maduro responsabiliza de la violencia a “la derecha venezolana” y a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos que convoca a las protestas. Pero la fiscalía no tiene evidencias de que alguno de los muertos en las protestas sea responsabilidad de la MUD o “la derecha”. Por el contrario, hace unos días la fiscal general, Luisa Ortega, desmintió a Maduro. El presidente había asegurado que la muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete, ocurrida en una protesta en el estado de Barinas, era producto del disparo de una “pistola de perno” usada por la oposición. Sin embargo, la funcionaria afirmó que el joven perdió la vida como consecuencia de un proyectil lacrimógeno “disparado por la Guardia Nacional”. La GNB es un cuerpo militar que forma parte de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Está integrado por 70 mil efectivos, el doble que hace cuatro años, y cuenta con uno de los equipos antimotines más modernos de América Latina. La respuesta de Maduro frente a las protestas no sólo ha sido la represión. También optó por radicalizar un proyecto político que es repudiado por la oposición, buena parte de la comunidad internacional y cada vez más chavistas, además de por un creciente grupo de intelectuales latinoamericanos de izquierda que había respaldado la Revolución Bolivariana del fallecido presidente Hugo Chávez. El mes pasado Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente “comunal” que estará integrada por la “clase obrera, indígenas, comunas, misiones y otros representantes de gremios”. Para la MUD esto significa que los constituyentes “comunales” serán únicamente militantes o simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. “Esto será consumación del golpe de Estado continuo de Maduro a la Constitución para perpetuarse en el poder, mientras el país está que arde por la protesta social, la pobreza, la hiperinflación y la escasez crónica de alimentos y medicinas”, considera la MUD. Callejón con salida Venezuela tendrá en 2017 su cuarto año consecutivo de desplome económico. El PIB ha perdido la cuarta parte de su valor desde 2013 y la pobreza, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida que realizan varias universidades, afecta a 82% de los hogares, la cifra más alta de los últimos 70 años. La escasez de alimentos es tan crónica que, según esa encuesta, 75% de venezolanos perdió en promedio ocho kilos y medio de peso durante 2016 porque no encontró comida suficiente en el mercado o porque sus ingresos, cercenados por la hiperinflación, no le alcanzaron para completar su dieta. Esto resulta insólito en un país de 30 millones de habitantes que recibió 746 mil millones de dólares por exportaciones petroleras entre 2004 y 2014. Para Héctor Navarro, exministro de Hugo Chávez, la situación de deterioro económico y social sólo se explica por el desfalco de la cúpula gobernante a las arcas públicas, que él estima en 300 mil millones de dólares. La semana pasada, 165 académicos, sindicalistas, dirigentes sociales, exfuncionarios públicos y chavistas distanciados del proyecto de Maduro divulgaron una carta en la que rechazan la Constituyente propuesta por el presidente. Su argumento es que “resulta innecesaria e injustificada en el actual marco de crisis económica y social que sufre nuestra población y frente a la cual espera soluciones efectivas”. Además, señalaron, es inconstitucional porque elude el requisito de someter a referendo la convocatoria. La doctora en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, Elsa Cardozo, quien firmó la carta, explica a este semanario que el propósito que unió a un grupo tan plural “es la necesidad de frenar algo que nos parece muy grave, porque una nueva Constitución hecha a la medida de Maduro significaría el derrumbe institucional de Venezuela”. Los firmantes también expresaron su respaldo a la fiscal Ortega por hacer pública su oposición a la convocatoria de Maduro a la Constituyente con el argumento de que, “lejos de estimular el diálogo nacional, lo que ha hecho es caldear aún más los ánimos sin afrontar la grave crisis económica, social y política que vivimos”. La fiscal, dice Cardozo, se ha convertido en un espacio de confluencia en torno al cual venezolanos de distintas posiciones políticas pueden construir condiciones “para negociar un acuerdo que nos saque de esta crisis en forma pacífica y democrática”. El jueves 1 Ortega solicitó a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que declare nulos todos los actos referentes a la Asamblea Nacional Constituyente, porque su convocatoria la debe decidir el pueblo mediante el voto popular. “Estamos destruyendo el legado del presidente Chávez –dijo mostrando un ejemplar de la actual Constitución–. El chavismo es una corriente de pensamiento, no es un partido político, y en una Constituyente tiene que participar el pueblo”. Además, sostuvo que uno de los propósitos de la convocatoria de Maduro es “justificar esta feroz represión que estamos viviendo”. Cardozo considera que, aunque el gobierno de Maduro intensifique las acciones represivas, “llegará el momento en que esa vía se agotará y la oposición tendrá que negociar con interlocutores válidos del chavismo. La fiscal Ortega es uno de ellos”. Para San Miguel, el problema de una solución negociada “es cómo construirla y con qué actores, pero cualquier escenario que se abra paso en el país involucra a la Fuerza Armada Nacional, tanto el de una negociación política como el del gobierno perpetuo que busca Maduro”. También, agrega, “el escenario de una guerra civil que se ha especulado pasa por los militares, porque la única posibilidad de que esto ocurra es que la fuerza armada se parta en dos. Sólo ellos tienen las armas”. Para ella, en la crisis venezolana y en su eventual desenlace “hay dos factores determinantes: el papel de la fiscal general, por ser la funcionaria de más alto rango que ha enfrentado a Maduro y por lo que representa para el chavismo tradicional, y el peso de la gente en la calle”. Estas dos ecuaciones, dice, “son las más poderosas”. Este reportaje se publicó en la edición 2119 de la revista Proceso del 11 de junio de 2017.