CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El juez de Control, Eduardo Eduardo Alexis Ornelas Pérez, vinculó a proceso al extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jesús Manuel Esparza Flores, por ocultar un millón 836 mil 194 pesos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, que presuntamente fueron desviados al PRI a través del exdiputado local, Pedro Villalobos Fragoso. La audiencia concluyó anoche y, en esta ocasión, el exfuncionario sí asistió, vestido con uniforme gris del Centro de Reinserción Social número 1, donde enfrenta otra causa penal también por peculado, ya que presuntamente desvió más de 500 mil pesos para pagar vacaciones para su familia a diferentes destinos. Asimismo, el agente del Ministerio Público ventiló que sólo en el ejercicio fiscal de 2013, Esparza Flores también encubrió 52 observaciones en la cuenta pública del Poder Ejecutivo, cuyo titular era César Duarte Jáquez, así como 41 al Instituto Chihuahuense de la Salud (una de las dependencias más cuestionadas porque dejaron sin medicamento y con una deuda millonaria a la actual administración, creación empresas cercanas a funcionarios, entre otras irregularidades), y 13 al Tribunal Superior de Justicia. Estas últimas evidencias las encontraron durante el cateo que realizó la Fiscalía General del Estado, el 29 de enero pasado, luego de que denunciaron que eran destruídas ante la demanda penal interpuesta contra el entonces auditor, por el diputado panista, Jorge Soto Prieto. En el caso de la demanda por la omisión en la cuenta pública del ayuntamiento de Parral, se derivó porque lo denunció quien era coordinador de auditores de la ASE, Eleazar Rubio Meléndez, quien informó que la administración municipal no justificó los descuentos del 5 por ciento aplicados a los trabajadores y el destino final fue el CDM del PRI, por lo que el exauditor permanecerá en prisión por lo menos seis meses más, lapso que determinó el juez para concluir la investigación, de acuerdo con la causa penal 1704/2017. La cantidad señalada fue obtenida a través de cheques remitidos a Ericka de los Ángeles Solís Muñoz, quien no tenía relación de ningún tipo con el ayuntamiento, pero es la hija de la secretaria particular del expresidente municipal, y por lo menos siete fueron endosados a Pedro Villalobos, quien presuntamente los entregó PRI municipal que él dirigía. Por su parte, el exalcalde Miguel Jurado Contreras, ocultó bajo el concepto de manejo de cuenta de apoyo social las aportaciones del 5 por ciento que exigían a los trabajadores municipales y que después eran desviadas al Comité Municipal del PRI. Cuando la ASE observó esa situación, sobre el concepto en el que el municipio giró hasta 22 cheques a nombre de Ericka de los Ángeles Solís, el municipio respondió que se trataba del manejo de una cuenta de apoyo social a la que los empleados del municipio abonaban el 5 por ciento de su salario y que se les descontaba en automático. Sin embargo, no encontraron ninguna evidencia de apoyo social, por lo que la auditoría solicitó copia de los cheques emitidos en favor de esta mujer, en anverso y reverso, y descubrieron en un primer envío de siete de estos cheques que estaban endosados a Pedro Villalobos, a quien se destinaban finalmente las aportaciones de los trabajadores municipales disfrazadas como apoyos sociales. Los testimonios de auditores de la ASE señalaron que A Humberto Tena Estrada y César Edel Guerrero González (cercanos a Esparza Flores), les pidieron eliminar la irregularidad por el desvío de la presidencia municipal de Parral al PRI municipal, para evitarles problemas con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). El Municipio respondió las observaciones, pero no estaban solventadas y el testigo dio a conocer que Humberto Anastasio Tena Estrada, que en ese tiempo era el titular de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y posteriormente jefe de la oficina de la Auditoría a Organismos Descentralizados Estatales, le pidió eliminar del borrador del Informe Técnico de Resultados, dicha irregularidad de los 22 cheques. Los auditores encargados de la cuenta solicitaron que esa petición por escrito, pero no se las dieron y dejaron la observación en el borrador subrayada con amarillo, porque atentaba contra el ente auditado. A pesar de que enviaron el informe también por correo a sus superiores, no lo incluyeron en la información que llegó a la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado ni la subieron a la plataforma digital de la ASE.