WASHINGTON (apro).- Cuando dirigentes mexicanos y estadunidenses estaban por concluir la “Conferencia sobre prosperidad y seguridad” celebrada la semana pasada en Miami, el presidente Donald Trump se presentó en la ciudad, pero no para apoyar a los participantes en esa reunión. Más bien llegó a Miami para cumplir con la promesa de campaña que hizo a la comunidad anticastrista de línea de dura, concentrada en La Pequeña Habana, de acabar con la détente con Cuba, construida cuidadosamente por su antecesor. “El año pasado les prometí ser una voz contra la represión”, le dijo a la multitud de conservadores cubano-americanos que abarrotaba el Teatro Manuel Artime. “Y también una voz a favor de la libertad del pueblo cubano. Ustedes salieron a votar y aquí estoy como lo prometí, como lo prometí. Yo les hice una promesa a ustedes y yo cumplo mis promesas”. “Ahora que soy su presidente -continuó Trump- Estados Unidos va a exhibir los crímenes del régimen cubano y a ponerse del lado del pueblo de Cuba”. Luego, el presidente utilizó su tribuna de golpeador para acusar al gobierno de Raúl Castro, desacreditar la política de compromiso positivo de Barack Obama y exigir que Cuba capitule en su sistema de gobierno, como un quid pro quo para mejorar las relaciones. En un intento por coaccionar a Cuba, que se anticipa inútil, Trump anunció nuevas y significativas restricciones a la libertad de los ciudadanos estadunidenses para visitar las isla, así como para futuros intercambios comerciales con Estados Unidos. “Con efecto inmediato -declaró Trump-, estoy cancelando el acuerdo totalmente unilateral del anterior gobierno con Cuba”. Bueno, no exactamente. Según un documento todavía secreto de posibles alternativas elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y filtrado a la prensa en Washington, los asesores de Trump consideraron dar a Raúl Castro un ultimátum de “todo o nada”: mejorar la situación de derechos humanos en Cuba o enfrentar un corte total de relaciones diplomáticas y lazos económicos. Pero expertos del CSN hicieron notar que una opción tan draconiana eliminaría los mecanismos económicos y políticos de presión para lograr reformas en Cuba, resultaría costoso para las empresas estadunidenses que invirtieron en la isla, pondría en riesgo la colaboración con las autoridades cubanas en asuntos de seguridad nacional, como el trabajo conjunto en materia de narcotráfico y migración, y además dañaría las relaciones de Estados Unidos con México y el resto de los países de América Latina, que persistentemente han llamado a normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. En cambio, Trump optó por un conjunto de sanciones moderadas, pero acompañado de la restauración de un tono imperial que le dicta condiciones a Cuba. Obama, le dijo a la audiencia, hizo “un terrible y equivocado acuerdo con el régimen de Castro”. Pero “esos días han quedado atrás -reivindicó con su típica fanfarronería-, ahora nosotros tenemos las cartas en la mano”. Cuba, agregó, no tendría “más opción” que ceder. [caption id="attachment_479880" align="aligncenter" width="1200"] Un cubano se rasura en la Casa del Migrante en Nuevo Laredo. Foto: AP / Rodrigo Abd[/caption] Nuevas sanciones En Miami, el presidente firmó una orden ejecutiva que establece un nuevo paquete de restricciones a los viajes y el comercio. Titulado Memorandum de Seguridad Nacional para reforzar la política de Estados Unidos hacia Cuba, el documento de ocho páginas delinea “acciones iniciales”, que “darán fin a prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno cubano o a sus fuerzas armadas”, y que “garantizan la adhesión a la prohibición estatutaria del turismo hacia Cuba”. De ahora en adelante, de acuerdo con la directiva, los ciudadanos de Estados Unidos ya no podrán viajar a Cuba como individuos, a menos que su propósito esté incluido dentro de las excepciones específicas a la prohibición de viajes, como la actividad periodística, el trabajo religioso o la investigación académica. Ahora, la vasta mayoría de los viajeros tendrá que ir como parte de un viaje autorizado “de pueblo a pueblo”, una forma mucho más cara de visitar Cuba. Peor aún, cuando regresen, los viajeros enfrentarán ahora el hostigamiento y la intimidación del gobierno: la exigencia de los oficiales de migración de “la información completa y detallada de todas las transacciones relacionadas con los viajes autorizados”, como prueba del cumplimiento con las regulaciones de viaje; una potencial “auditoría” por parte del Departamento del Tesoro; y fuertes multas si se descubre que quienes visitaron Cuba violaron las nuevas restricciones. Entre estas restricciones está la prohibición a ciudadanos y empresas estadunidenses de hacer cualquier tipo de negocio con entidades económicas –hoteles, restaurantes, autobuses, tiendas– controladas por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). Este grupo es el conglomerado estatal más grande, opera bajo la supervisión del ejército cubano y controla 60% de la actividad económica de la isla. La prohibición de interactuar con cualquier negocio asociado con GAESA limitará significativamente la expansión de la presencia comercial de Estados Unidos en la isla, así como el número de hoteles disponibles para los grupos de viajeros estadunidenses. “Debemos canalizar los fondos hacia el pueblo cubano y no hacia un régimen que ha incumplido con los requerimientos más básicos de una sociedad justa y libre”, sostiene la directiva de la Casa Blanca. Pero las nuevas regulaciones claramente van a incentivar lo opuesto. Bajo la relajada apertura del presidente Obama hacia Cuba, los individuos -entre ellos estudiantes universitarios y personas mayores con curiosidad por conocer Cuba- podían autodesignarse a sí mismos como viajeros “de pueblo a pueblo”. Ahorraban dinero al ir por su cuenta y alojarse en una de las 22 mil casas privadas que están actualmente disponibles bajo el concepto Airbnb (vuelo, alojamiento y desayuno), aportando ganancias directas a los cubanos promedio que tienen cuartos para rentar. Y, al moverse en taxis privados para ir de un lado a otro, también llenaban los bolsillos de los taxistas que constituyen ahora una parte creciente del nuevo sector privado en Cuba. Por la naturaleza de su tamaño, sin embargo, los grupos de viaje tendrán ahora que alojarse en hoteles estatales no supervisados por GAESA y transportarse en autobuses estatales no operados por GAESA. Así que bajo el plan de Trump, los fondos serán desplazados del pueblo cubano hacia las empresas controladas por el Estado. Las nuevas restricciones también significan que menos ciudadanos estadunidenses viajarán a Cuba, disuadidos por los costos más altos y las intimidantes amenazas gubernamentales. “Las prohibiciones adicionales y la vigilancia de los viajes únicamente va a confundir a los estadunidenses y disuadirlos de viajar a Cuba”, afirma Collin Laverty, quien maneja una de las agencias de viajes más grandes: Cuban Educational Travel. Menos viajeros, observó, causarán “significativas dificultades económicas a los empresarios cubanos y a las familias cubanas promedio, al igual que a los estadunidenses que laboran en el sector del hospedaje”. [caption id="attachment_469886" align="aligncenter" width="1200"] La embajada de Estados Unidos en Cuba. Foto: AP / Ramón Espinosa[/caption] Saboteando una política exitosa En los hechos, Trump ha sacrificado el apoyo de Estados Unidos al sector privado de Cuba, así como el derecho constitucional de los ciudadanos estadunidenses de viajar libremente, por ninguna otra razón lógica más que revertir en su lista otra política más de su antecesor. Tanto en lenguaje como en substancia, la nueva política de Trump ha destruido los meticulosos esfuerzos del gobierno de Obama para abrir una nueva era de relaciones bilaterales, civilizadas y respetuosas, entre Washington y La Habana. Su arrogante retorno a la perpetua hostilidad que dominó el enfoque de Estados Unidos hacia la Revolución Cubana hasta el 17 de diciembre de 2014 –el día en que Obama y Raúl Castro anunciaron un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas– ha saboteado un logro histórico en política exterior, que indiscutiblemente hizo avanzar los intereses nacionales e internacionales de Estados Unidos y contribuyó significativamente a importantes cambios socioeconómicos en la isla. “En tanto que el presidente Obama despertó por igual las esperanzas de estadunidenses y de cubanos mediante una apertura con visión de futuro en las relaciones diplomáticas, comerciales y de pueblo a pueblo, el presidente Trump está retrocediendo a una trágicamente fallida mentalidad de Guerra Fría, al reimponer restricciones a estas actividades”, respondió elocuentemente a la nueva directiva el exasesor de la Casa Blanca, Benjamin Rhodes, arquitecto de la política de Obama hacia Cuba. “Las acciones de Trump han devuelto las relaciones entre Estados Unidos y Cuba a la prisión del pasado, haciendo retroceder las perspectivas de reforma dentro de la isla e ignorando las voces del pueblo cubano y de una mayoría de estadunidenses, sólo para recompensar a una pequeña y menguante comunidad de electores”, agregó. El gobierno de Raúl Castro ha respondido como lo haría cualquier gobierno nacionalista y orgulloso: denunciando “las nuevas medidas de endurecimiento del bloqueo, que están destinadas a fracasar como se ha demostrado repetidamente en el pasado, y que no lograrán su propósito de debilitar a la Revolución ni doblegar al pueblo cubano, cuya resistencia a las agresiones de cualquier tipo y origen ha sido probada a lo largo de casi seis décadas”. Rhodes además predice con firmeza que el enfoque de Trump -para utilizar una de sus frases favoritas- será “un perdedor”. “El embargo debería ser -y lo será- desechado. El compromiso debería -y lo hará- prevalecer”, argumenta Rhodes. “El anuncio de Trump debería ser visto como lo que es: no un paso adelante para la democracia, sino el último e ilógico estertor de una corriente política estadunidense con un récord de 50 años de fracasos: aquella que, erróneamente, presume que podemos controlar lo que ocurre en Cuba”. (Traducción: Lucía Luna) *Peter Kornbluh es director del Proyecto Cuba de la Organización Archivos de Seguridad Nacional, con sede en Washington, y coautor, con William LeoGrande, del libro Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana (FCE, 2015).