MONTERREY, N.L. (apro).- Luis Gerardo Marroquín, secretario de Obras Públicas en el sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz, fue vinculado hoy a proceso por asignar, de manera irregular, la construcción de un canal pluvial a una empresa que incumplió con la entrega de los trabajos que tuvieron un costo de más de 40 millones de pesos. La juez de Control, Verónica Cecilia Díaz, encontró que el exfuncionario es presunto responsable del delito de ejercicio indebido de funciones, al analizar las condiciones en que fue entregado el contrato para la construcción de un canal de desagüe en el Interpuerto Monterrey, en el municipio de Salinas Victoria, 25 kilómetros al norte de la capital. La fiscal Anticorrupción, Cynthia Aguilar Guerra, expuso que el exfuncionario celebró un contrato de obra con la empresa Ruisolk Construcciones SA de CV para la construcción del pluvial 1, con una cotización inicial de 929 millones 109 mil pesos. La relación entre el gobierno de Nuevo León y la firma constructora quedó sellada con la firma que hicieron el 9 de octubre del 2014, aunque la Contraloría estatal encontró que, de manera irregular, la dependencia que dirigía Marroquín Salazar no recibió el respectivo estudio de ingeniería necesario para avalar el proyecto. Además, en la investigación emprendida por la administración de Jaime Rodríguez se detectó que para la misma obra fueron firmados tres convenios modificatorios, en enero, junio y julio del 2015 -tiempos de Medina-, cada uno con sobrecostos y pagos improcedentes, sin que fueran respaldados por dictámenes técnicos, como marca la normatividad. Incluso, de acuerdo con la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción, el primero de los convenios fue acordado tiempo después de que fuera firmado el respectivo documento. Al analizar la ejecución de la obra, los peritos encontraron que la construcción pluvial programada era de cinco mil 900 metros lineales, pero únicamente fueron construidos 910 metros, y con modificaciones en los trabajos de excavación, según la Fiscalía. Por lo anterior, la jueza Díaz estableció que el exsecretario de Obras Públicas actuó de forma dolosa con grado de participación directa y material durante el proceso y ejecución del pluvial. La Fiscalía solicitó aplicar contra Marroquín, también exalcalde de Allende, prisión preventiva como medida cautelar, pero la moción fue rechazada debido a que la defensa del ahora vinculado presentó dos suspensiones provisionales otorgadas por el juez segundo de Distrito en Materia Penal Administrativa contra la orden de detención y para evitar que la fuerza pública lo obligara a presentarse en el juicio. La agente ministerial alegó que los recursos no tenían efecto para el caso del exfuncionario vinculado, debido a que fueron otorgadas antes de que se dictaran las medidas, pero la juez se mantuvo en su criterio y permitió que enfrente el proceso en libertad. El plazo para cerrar la investigación quedó establecido para el próximo 20 de julio.