La ley federal para combatir el robo de hidrocarburos, en vigor desde enero de 2016, mostró palmariamente su inutilidad el mes pasado, cuando ocurrió el enfrentamiento entre militares y presuntos huachicoleros en Quecholac, Puebla. La razón: nació contrahecha a raíz de la pugna que libraron dos áreas de Pemex durante el proceso legislativo. Por un lado estaba el proyecto elaborado por el departamento jurídico de la empresa productiva del Estado; por otro, el área de seguridad de la misma, encabezada por Eduardo León Trauwitz, un general que goza de todas las confianzas del presidente Enrique Peña Nieto. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dos semanas antes del enfrentamiento entre militares y habitantes de Quecholac, Puebla, que dejó ocho muertos, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya había iniciado la revisión a las gasolineras del llamado “Triángulo Rojo” para detectar la posible venta de hidrocarburo robado. Pese a tener información que ubica a Puebla como el estado que tiene 60% de las tomas clandestinas para robo de hidrocarburos, de saber el número y ubicación de las gasolineras en la zona de mayor robo de combustible y de conocer cuánto compran y venden en realidad esos expendios, Pemex arrancó la revisión apenas el pasado 18 de abril. Y no fue sino hasta el jueves 1 cuando anunció la cancelación de siete franquicias, todas en municipios poblanos de la zona de mayor robo: Palmar de Bravo, Cuyoaco, Tecamachalco, Huixcolotla y Quecholac. En dicha zona hay 42 gasolineras, revela el mapeo de Pemex –del cual Proceso tiene copia–; según datos de exlegisladores que ayudaron a confeccionar la ley contra el robo de hidrocarburos, “la cadena de conductas ilícitas, entre ellas la comercialización de los hidrocarburos, tiene como uno de sus mercados principales algunos establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustible, en donde el producto adquirido ilícitamente, y supuestamente bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor”. Así lo estableció el 9 de septiembre de 2014 el entonces diputado federal Marco Antonio Bernal Gutiérrez, en la exposición de motivos de su propuesta de ley contra el robo de hidrocarburos. Y aunque desde el inicio de su gestión, Enrique Peña Nieto sabía del incremento en el robo de combustible, dejó que el tema avanzara e incluso que la ley “se congelara” en el Senado, luego del freno que puso el general Eduardo León Trauwitz, revelan quienes participaron en la confección final de ese ordenamiento. Choque de propuestas Cuando Peña Nieto asumió la Presidencia se encontró con que en 2012 las pérdidas por robo de hidrocarburos ascendieron a 33 mil 200 millones de pesos y que al cierre de 2013 se detectaron 3 mil 46 tomas clandestinas; hoy, según datos del diputado federal Rodrigo Abdalá, quien cita como fuente a Pemex, dichas tomas suman 6 mil 200 y se ubica a Puebla con 60% de ellas, es decir 3 mil 720. Proceso consultó con personal de Pemex que participó en el llamado Grupo de Análisis Legislativo y que hoy ya no labora en la empresa productiva del Estado; de acuerdo con sus dichos, el exdirector jurídico de la petrolera, Marco Antonio de la Peña, impulsó una ley que sancionara y sobre todo confiscara las gasolineras que vendieran combustible robado, como una medida para romper la cadena delictiva. Las mismas fuentes asientan que el tema quedó un año “en la congeladora legislativa”, pues quien fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando gobernaba el Estado de México, el brigadier Eduardo León Trauwitz, ahora titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, intentó frenar el proyecto legislativo. Los exfuncionarios, quienes pidieron el anonimato, relataron cómo León Trauwitz se valió de dos personajes para lograr su cometido: Rosario Brindis, una de sus cercanas colaboradoras y encargada de enlace legislativo (Proceso reveló en su número 2113 que se abrió una indagación en su contra por presunto tráfico de influencias para beneficiar a su esposo en un contrato por 567 millones de pesos) y el entonces senador Omar Fayad, hoy gobernador de Hidalgo. De acuerdo con el relato, el entonces director jurídico de Pemex, Marco Antonio de la Peña, elaboró un proyecto donde se tipificaba como delito grave el robo de hidrocarburos y se perseguía de oficio, se establecían sanciones económicas y penales, se aplicaba la extinción de dominio y se creaba una agencia especializada dentro de la Procuraduría General de la República. El encargado de presentar la propuesta fue el diputado priista Marco Antonio Bernal. Los exfuncionarios detallan que De La Peña habló con el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien le expresó: “Esto es necesario y le urge a la empresa”. Lozoya remitió a De la Peña con Javier Romo Michaud, entonces asesor del director de Pemex, y ambos decidieron presentar la iniciativa vía la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Así, el proyecto recayó en el entonces secretario de la comisión de Energía, Marco Antonio Bernal. Por conducto de Brindis, León Trauwitz se enteró del proyecto de De la Peña, por lo cual elaboró un contraproyecto y contactó al Senado para que fuera éste la cámara de origen; aunque el tema se pudo tramitar gracias al senador David Penchyna, titular de la Comisión de Energía, fue Fayad, entonces presidente de la Comisión de Seguridad, quien se quedó con el proyecto. La iniciativa León Trauwitz-Fayad preveía sanciones más elevadas y la creación de una fiscalía especializada, pero omitía el aseguramiento de gasolineras que vendieran combustible robado. Según las fuentes, lo que León Trauwitz deseaba era una “ley a modo y un juzgador a modo”, elevadas sanciones para poder negociar y tener a su cargo el control de los llamados trazadores, los químicos mediante los cuales se identifica el recorrido de los combustibles, desde su salida de Pemex hasta su llegada a las gasolineras. Pero sobre todo, quería controlar la fiscalía mediante la imposición en el cargo de una persona ligada a él. Bernal presentó la iniciativa del exjurídico de Pemex; el 9 de septiembre de 2014 se aprobó y fue enviada como minuta al Senado para su revisión y aprobación. Pero nunca se discutió. Paralelamente surgió la iniciativa de Fayad, impulsada por León Trauwitz, relatan las fuentes. Es decir, se congeló la propuesta de los diputados, confeccionada desde el área jurídica de Pemex. El 11 de noviembre de ese mismo año, Fayad presentó el documento y durante el proceso de discusión el senador acudió con Lozoya Austin para hablar del tema. Así, al Poder Legislativo llegaron dos proyectos distintos que a lo largo de un año se vieron frenados. Los promotores de las distintas iniciativas, De la Peña y León Trauwitz, tuvieron serias diferencias a lo largo del año en que se mantuvieron en la congeladora ambos documentos. Pero éstos “rompieron en definitiva” luego de que el general intentó exhibir al abogado de Pemex; incluso le espetó: “Es que tu proyecto está cojo”. Más tarde el general tuvo otro enfrentamiento, pero ahora con el área de Logística de Pemex. De acuerdo con las fuentes, el choque se dio cuando estaba por determinarse en la ley la inclusión de los trazadores. León Trauwitz quería mantener el control de los trazadores, en tanto que Logística exigía lo mismo pues sostenía que era su responsabilidad cerciorarse de que los litros fueran de a litro o que la calidad tuviera determinados grados de químicos, siguen las mismas fuentes. Después de presentadas ambas iniciativas, la discusión se atoró un año. Enojo de permisionarios En el proyecto De la Peña-Bernal se incluía la Ley Federal de Extinción de Dominio; se preveía que cuando un permisionario estuviera vinculado con el robo de hidrocarburos, “de inmediato” se notificaría al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que la empresa “asegurara” o “confiscara”. Pero también acotaba en su artículo 29 que “deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión del hecho delictivo”. Este punto, que nunca se previó en la propuesta del Senado y de León Trauwitz, provocó enfrentamientos verbales entre permisionarios y legisladores. Luego de que el Senado “olvidó” por completo la minuta de la Cámara baja, los diputados decidieron incorporarse a las discusiones del Senado para no quedar fuera. Así, cuando el documento Fayad-León Trauwitz llegó con los diputados éstos le hicieron cambios, sumándole parte de lo “olvidado” en el “cajón legislativo”. Un día antes de que la ley contra el robo de hidrocarburos se avalara finalmente en el Senado (el 15 de diciembre de 2015), hubo un encontronazo entre legisladores y el abogado de los empresarios gasolineros, quienes estaban contra la aplicación de la ley de extinción de dominio. Senadores panistas se opusieron fuertemente, pero al final se incluyó el aseguramiento de las gasolineras, a pesar también de la posición de León Trauwitz, narran los exfuncionarios de Pemex. La ley finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016 (Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos) y no incluye la creación de una fiscalía, como demandaba León Trauwitz, quien es el encargado, por parte de Pemex, de impedir el robo de hidrocarburos. La fiscalía especializada estaba avalada al grado de que la entonces procuradora general, Arely Gómez, la discutió con Lozoya, se previó que Pemex donara el edificio, y según las fuentes, “ya se tenía todo montado”. Tanto se avanzó, que también se previó utilizar la exrefinería de Azcapotzalco como búnker para la fiscalía que investigaría el robo de combustible. “Se hizo la inversión para la fiscalía pero no se puso en marcha como tal”, comentan los exfuncionarios de Pemex. Algo que finalmente no se incluyó y que el exabogado de Pemex planteó fue “vigilar toda la cadena de custodia” del hidrocarburo; es decir cómo llegaba el combustible, desde la refinería hasta la gasolinera. En el proyecto se pensó en varias alternativas para detectar y evitar el robo. Por ejemplo, se pensó en unas “pelotas” que estarían dentro de los ductos y que, al prenderse la alarma de una posible toma clandestina, avanzarían y bloquearían el orificio; “incluso se analizó cuál y de dónde se tomaría la tecnología; al final se consideró que no podría funcionar”. En cambio se decidió por los trazadores. Finalmente éstos se incluyeron en la ley, aunque no se definió quién tendría su control, si Pemex-Logística o Seguridad. La ley entró en vigor el 12 de enero de 2016, pero el incremento de las tomas clandestinas no ha bajado, en tanto que la extinción de dominio apenas se ha aplicado a siete de las 42 gasolineras del Triángulo Rojo. Tres de ellas pertenecen a Pablo Morales, alcalde de Palmar de Bravo y quien luego de la suspensión de sus establecimientos negó tener vínculo alguno con el crimen organizado. “Una cosa es una auditoría y otra que te quiten la concesión”, comentó. En el número 2000 de Proceso, la corresponsal en Puebla, Gabriela Hernández, consignó que durante su informe de gobierno, en febrero de 2016, Morales dijo que gracias a los huachicoleros que operan en su municipio, los ciudadanos compran gasolina más barata.