VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobernador Arturo Núñez se reservó emitir juicios sobre la solicitud de la defensa de José Manuel Saiz Pineda, extesorero del exmandatario Andrés Granier Melo, con el fin de que 57 personas comparezcan ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el megasaqueo a las arcas de la entidad. Núñez dijo que probablemente lo que se busca es alargar este proceso y las autoridades serán quienes determinen si procede o no la petición de Saiz Pineda. El titular de la FGE, Fernando Valenzuela Pernas, mencionado en la lista de los 57, respondió por su lado que no podía abundar en el tema, pero que todo apuntaba a una “estrategia jurídica” de la defensa del extesorero de Granier para alargar el proceso que lo tiene preso desde junio de 2013. “En cualquier oportunidad están presentes en los medios acusando la violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, por eso cuido mucho los comentarios”, justificó el fiscal. “El objetivo por el cual nos incluye a los 57 dicen que es para que se determine quiénes eran los responsables de la asignación de los recursos presupuestales, y aparecen ahí empresarios del gremio periodístico. Es una lista disímbola, auténticamente una estrategia jurídica pero no nos toca a nosotros dar un juicio de valor”, argumentó. También dijo desconocer por qué él y otros que no fueron funcionarios en el sexenio granierista son citados a declarar y que, en su caso, está dispuesto a comparecer, y sólo está a la espera del acuerdo que tome el Ministerio Público para dar a conocer qué va a ocurrir con este caso. Valenzuela Pernas es citado a declarar como diputado local del PRI durante el periodo 2010-2012, segundo tramo del sexenio de Granier Melo. El gobernador Arturo Núñez también se refirió a los 88.5 millones de pesos en efectivo hallados en mayo de 2013 en una propiedad del padre de Marlis Cupil, exsecretaria de Saiz Pineda. El mandatario informó que el dinero aún no ha sido reclamado, y por ello no hay forma de saber de quién es, por lo que podrían ser recursos del gobierno del estado o de la Federación. Luego señaló que por razón de procedimiento quien los recuperó y los puso en salvaguarda fue el gobierno del estado, lo cual le da mano en el reclamo si nadie más lo acredita como propietario. El dinero fue encontrado el 22 de mayo del 2013 dentro de una refaccionaria ubicada en la ranchería Lomitas del municipio de Nacajuca, propiedad del padre de Marlis Cupil. Dos días después, la exsecretaria de Saiz Pineda apareció en una cama de un hospital de la Ciudad de México denunciando que había sido torturada por la policía y que sus declaraciones, imputando al extesorero como dueño del dinero, se habían obtenido por la fuerza. Sus abogados presentaron queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en su recomendación 042/2013 dio la razón a Marlis, la cual fue utilizada por la defensa para probar que fueron violadas las garantías individuales de su clienta. En abril de 2015, luego de andar prófuga, Marlis Cupil fue exonerada de lavado de dinero, delito que le había imputado la Procuraduría General de la República (PGR). Los 88.5 millones de pesos se depositaron en Banjército y posteriormente movidos al Banco de México. Hasta ahora no se sabe cuántos intereses han generado esos recursos.