Indígenas de Chiapas marchan contra megaproyectos hidroeléctricos, petroleros y mineros

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Indígenas zoques de la región noroeste del estado, arropados por organizaciones sociales, ciudadanas, religiosas, magisteriales y estudiantiles, marcharon este jueves contra los megaproyectos que amenazan sus tierras y sus territorios, como la construcción de presas hidroeléctricas, pozos petroleros y concesiones para la minería extractiva.

Como pocos movimientos y causas en Chiapas, la del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio agrupó este día la solidaridad de decenas de grupos civiles que se unieron a la marcha que inició en la entrada poniente de la capital y concluyó con un mitin en la plaza central.

Ahí, los líderes se pronunciaron contra los megaproyectos que “traerán muerte y no vida y desarrollo, como argumenta el gobierno federal”.

Al darse a conocer este jueves que 12 pozos petroleros de la zona norte de Chiapas fueron eliminados de la Ronda 2.2 hasta que no haya una “verdadera consulta” con los pueblos indígenas de la región, los inconformes llamaron a no bajar la guardia y seguir firmes en la lucha.

“Ganamos una batalla, mas no la guerra”, dijeron los oradores.

Tras la reforma energética aprobada en 2013, junto con las 10 reformas constitucionales, los indígenas chiapanecos vieron en ella una amenaza de despojo de sus tierras, en particular las de los pueblos zoques.

Por ello, empezaron a organizarse en un movimiento “de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra” para enfrentarse a los proyectos extractivos que amenazan la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.

“Sobre nuestros territorios la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; una ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; un proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; un geo-parque en el mismo Volcán con dos mil 400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago”, dijeron los oradores en su pronunciamiento.

En total, son más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos amenazadas por los proyectos extractivos, dijeron.

Los inconformes alertaron que la amenaza más directa sobre sus tierras es la licitación que realiza desde agosto del 2016 la Secretaría de Energía (Sener), a través de la Ronda 2.2 para concesionar 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, dos de los cuales tienen impacto en Chiapas.

Exigieron la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2, demandaron el respeto al derecho a la consulta, rechazaron otorgar el permiso para el proceso de licitación y la concesión de los pozos, además de que exigieron la cancelación de las concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos en los municipios del Pueblo Zoque.

La amenaza en detalle

Según los denunciantes, 84 mil 500 hectáreas de tierras de nueve municipios del norte chiapaneco serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio zoque.

El bloque 10 afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan para obtener aceite superligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11, afectaría 41 mil 900 hectáreas de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero.

La instalación de 12 pozos petroleros en la zona provocaría “graves daños ambientales, económicos y culturales como el uso excesivo de agua (se calcula que cada pozo requiere 20 millones de litros de agua); desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública”.

La Ronda 2.2 pone en riesgo un total de 16 arroyos y cuatro manantiales de las comunidades zoques de Chapultenango, Ixtacomitán, Francisco León y Tecpatán.

Entre los afectados estarían los ríos Yomonó y Totopac en Tecpatán; el Movac y Susnubajk en Chapultenango; los ríos Tumbak y Magdalenas en Francisco León y el río Blanco en Ixtacomitán, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para la agricultura y el equilibrio ambiental del territorio.

Un riesgo fuerte, dijeron los denunciantes, son los tubos que atravesarían las tierras zoques y que, en caso de romperse, contaminarían toda la red de mantos freáticos del subsuelo en 60 kilómetros a la redonda.

Otro riesgo del proyecto de hidrocarburos, añadieron, es que cambiaría el uso de suelo del territorio ya que actualmente las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental. Al instalar los pozos petroleros, pasarían a uso industrial por las empresas extractivas que dejarían tras de sí “un paisaje desolador de tierras inservibles” como pasó en el ejido Nuevo Volcán Chichonal municipio de Juárez.

“Por eso, reiteramos que estos son proyectos de muerte”, indicó Basilio Díaz, uno de los oradores.

La consulta

En el caso del territorio zoque, a partir de septiembre de 2016, la Sener ha intentado llevar a cabo un proceso de consulta en las comunidades zoques, aunque sólo para aparentar lo que exige la Ley Nacional de Hidrocarburos, “porque en la realidad no se ha consultado a todas las comunidades afectadas”, dijo Fermín Ledesma Domínguez, otro de los líderes del movimiento.

Según dijo, sólo se consulta a los agentes rurales, mientras que las comunidades hablantes zoques no han tenido traductores en su propia lengua materna. Por eso, dijo, las supuestas consultas “han sido engañosas y bajo presión a cambio de que algunos ejidos reciban proyectos como ampliación de caminos, puentes y drenaje, pero sabemos que solo son obras para que las empresas saquen mejor el petróleo”.

Además, en las supuestas consultas no se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental de los proyectos, por tanto, se ha violado el derecho a la información.

Los inconformes explicaron que los megaproyectos extractivos “representan muerte”, por eso las comunidades zoques anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, el agua, la tierra y la vida, así como para defender su derecho a la libre autodeterminación.

Detallaron que en los municipios de Chapultenango, Francisco León, Tecpatán e Ixtacomitán se han levantado firmas en actas de asamblea que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio. Éstas ya han sido entregadas a instancias federales y legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias.

Los inconformes dijeron que ya hicieron las denuncias correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales.

“Hoy ante la opinión pública, nos declaramos en permanente defensa del territorio zoque de Chiapas, que muestra aquí, en la capital de Chiapas, el rostro de la dignidad, el rostro del Pueblo Zoque que defiende el presente y el futuro de nuestro Chiapas lleno de riquezas y que han sido explotados para el interés de unos cuantos”, dijo María Sánchez, otra de las activistas.

Sener suspende licitaciones

Ayer, la Secretaría de Energía informó que, en coordinación con distintas autoridades federales y estatales, ha hecho el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a comunidades indígenas relacionadas con las áreas contractuales 10 y 11 de la Ronda 2.2.

En una misiva, detalló que el objetivo de la Consulta es establecer un diálogo intercultural entre el gobierno de la República con las comunidades indígenas zoques y tzotziles involucradas. Dicho proceso consiste, añadió, en informar las características, alcance e implicaciones del proceso de licitación, así como alcanzar acuerdos y en su caso, obtener el consentimiento para el desarrollo de las actividades.

La dependencia aseguró que durante el desarrollo de la consulta se realizan reuniones de trabajo y asambleas en comunidades indígenas y que, “derivado del contexto social, político y económico”, determinó ampliar el plazo para el diálogo.

Y añadió: “La Sener ha solicitado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) excluir las áreas contractuales 10 y 11 de la versión final de las bases de licitación de la Ronda 2.2, para efecto de salvaguardar los derechos e intereses de las comunidades indígenas”.

No obstante, comentó que las áreas contractuales 10 y 11, “previo consentimiento otorgado por las comunidades indígenas involucradas, podrían incluirse en futuras convocatorias para el desarrollo de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”.

Comentarios