COLIMA, Col. (apro).- Manzanillo, la ciudad con el mayor número de asesinatos de mujeres durante el periodo de 2000 a 2015 en el estado, quedó fuera de la Alerta de Violencia de Género (AVG), emitida el pasado martes por la Secretaría de Gobernación (Segob) para cinco municipios de Colima. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el lapso señalado se cometieron 181 homicidios de mujeres, de los que 54 (29.8%) ocurrieron en Manzanillo, 47 (25.9%) en Tecomán y 45 (24.8%) en Colima. Aunque para 2016 todavía no se conocen cifras oficiales clasificadas por sexo de la víctima y municipio de ocurrencia, existen datos de que se duplicó el número de homicidios de mujeres en comparación con los anteriores, pues de acuerdo con información revelada por la PGJE, hasta noviembre de ese año se habían registrado 55 casos en todo el estado, mientras que las cifras del Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) indican que durante 2017 han sido privadas de la vida unas 27 mujeres. Por lo tanto, el acumulado de cifras indica que desde el año 2000 a la fecha, han ocurrido en la entidad 263 homicidios de mujeres, 82 de ellos en el último año y medio. A pesar de las evidencias de que Manzanillo encabeza la incidencia de asesinatos de mujeres, 30 meses después de que fue solicitada, la AVG fue declarada únicamente para cinco de los diez municipios del estado: Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. Desde el 20 de mayo anterior, cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) presentó el proyecto de declaratoria, representantes de dos de las organizaciones solicitantes se pronunciaron por la inclusión de los diez municipios. En una serie de observaciones enviadas a la Comisión, la directora del Centro de Apoyo a la Mujer, María del Carmen Nava Pérez, y la presidenta de la Fundación Ius Género, Evangelina Flores, plantearon: “Consideramos que la declaratoria debe incluir a todos los municipios de la entidad o, en su caso, la propia declaratoria deberá contener justificación de las razones o criterios que tomaron en consideración al dejar fuera los municipios de Manzanillo, Armería, Minatitlán, Ixtlahuacán y Comala”. Sin embargo, el organismo de la Segob no atendió esta observación y únicamente precisó que, “particularmente, se requiere (sic) acciones específicas en Manzanillo”. Las acciones que aparecen en la declaratoria son las siguientes: Diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres y realizar programas de capacitación en la aplicación de la NOM 046 en materia de derechos humanos y derechos de las usuarias, con un enfoque de género, multiculturalidad e interculturalidad, dirigido a las y los prestadores de servicios de salud de urgencias y de gineco-obstetricia, particularmente, dirigidos al personal médico y de enfermería que está en contacto directo con las usuarias. En rueda de prensa, María del Carmen Nava recordó que cuando la Conavim les preguntó qué pensaban de los cinco municipios considerados para la AVG, “insistimos sobre todo en Manzanillo, y hasta ahorita no sabemos cuál fue el criterio que tomaron en cuenta para no incluirlo, cuando todos los datos que se les estuvieron enviando lo ubican como uno de los municipios violentos en el estado, lo que nos parece grave”. Sin embargo, dijo esperar que ante el relativamente tamaño pequeño del estado, todas las medidas que se van a impulsar para los municipios donde sí se declaró la alerta, se generalicen a los no tomados en cuenta, pues no significa que ahí no exista violencia. La secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, Armida Zepeda Mesina, señaló que uno de los municipios excluidos de la AVG, Manzanillo, representa un gran foco de violencia en general y en especial de género. Por lo tanto, consideró que deben crearse en Manzanillo un Centro de Justicia para Mujeres, una Casa de Emergencia y verificar que los centros de salud se encuentren en servicio permanente, además de aplicar para todo el estado las acciones específicas anunciadas para el municipio costero. En suma, añadió Zepeda, “queremos que todas las medidas que se implementen en los municipios considerados en la Alerta de Violencia de Género se contemplen en el resto del estado; tenemos noticia de que ayer apareció otra mujer asesinada en Manzanillo precisamente, entonces esto no para ni va a parar”. Nava Pérez refirió que ni aún con la alerta en proceso se ha detenido la violencia contra las mujeres en Colima, “tampoco pensamos que va a parar ahorita, porque sabemos que esto no es automático, todo va a depender de la manera como se vaya trabajando y sobre todo de que se trabaje también a largo plazo, por eso es tan importante lo de la educación”. Evangelina Flores denunció que durante los 30 meses que transcurrieron desde que fue solicitada la AVM, en diciembre de 2014, la Conavim violentó todos los procedimientos, pues no fueron respetados los 15 días para conformar el grupo de trabajo, los 30 días para realizar la investigación y para la presentación del informe del gobierno del estado, donde “se dio información falsa sobre lo que se había hecho”. En tanto, el presidente del CAM, Víctor Manuel Cárdenas, indicó que la respuesta del gobierno estatal, emitida en octubre de 2015, contenía una información “bastante débil y muy oscura incluso”, lo que evidenció que las autoridades estatales no le habían dado mucha importancia al asunto, pero se siguió trabajando hasta la fecha en que la Segob emitió la declaratoria de la AVG. Conforme a lo establecido en ésta, el gobierno estatal deberá diseñar un programa de trabajo que permita implementar una serie de medidas de seguridad, prevención y justicia, entre ellas una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que logre la recuperación de espacios públicos; acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, y la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata. Asimismo, la declaratoria incluye la integración de un banco de datos de violencia contra la mujer que permita identificar contextos de violencia y, consecuentemente, diseñar políticas públicas efectivas; la capacitación y profesionalización de las y los funcionarios públicos en perspectiva de género y de derechos humanos, y la difusión de campañas de prevención para estudiantes, profesoras y profesores, y la sociedad general. Otras medidas solicitadas son la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; acciones para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño, y la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia.