SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (Proceso).- Aquí los conocían como Ramón Alberto Guerra Valencia y Patricia Marcela Fernández García. Decían ser mexicanos. Él se dedicaba a los bienes raíces, y ella, a la meditación y la sanación. Pero el pasado, ese en el que fueron marcados como terroristas por el régimen de Augusto Pinochet, los alcanzó. Ella en realidad es Marcela Mardones Rojas. Él, Raúl Escobar Poblete. Chilenos ambos, acusados por el régimen pinochetista de planear y ejecutar un atentado el 1 de abril de 1991 en el Campus Oriente de la Universidad Católica, donde murió el senador Javier Guzmán, líder de la Unión Demócrata Independiente y uno de los hombres más cercanos al dictador sudamericano.­ Desde entonces, convertidos en Patricia y Ramón, se refugiaron en San Miguel de Allende. El hombre fue detenido el pasado 30 de mayo por agentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guanajuato, acusado de participar en marzo en el secuestro de una extranjera residente en esta ciudad. Marcela fue detenida el pasado viernes 9, cuando ya había abandonado San Miguel de Allende, donde era conocida y muy estimada como una mujer dedicada a la sanación y a la meditación, según consigna el portal News San Miguel. En entrevista telefónica, el abogado de Ramón, José Luis Vargas Ramírez, sostiene que el chileno se encontraba en el lugar y el momento equivocados y que su detención es un montaje: “Es un chivo expiatorio para lucimiento de la procuraduría; que lo hayan detenido y resultara ser quien es, fue algo absolutamente casual”, afirma el abogado. La mañana del pasado 27 de marzo, Nancy N, estadunidense de origen francés y residente de esta ciudad desde hace unos ocho años, desayunó en un local de comida orgánica en la colonia Guadalupe; al salir de ahí fue subida violentamente a un vehículo. Ese día las redes sociales difundieron inicialmente la desaparición o secuestro de una niña –en las cercanías hay una escuela– y en el transcurrir de las horas se supo que en realidad se trataba de una mujer de 65 años. Un taxista nervioso El abogado de Ramón explica que la mañana del 30 de mayo un taxista recibió la encomienda de entregar un paquete en un restaurante de la ciudad. Cuando circulaba por el libramiento a Dolores le pareció ver que una camioneta blanca lo seguía, se puso nervioso y llamó a la Policía Municipal. Quien conducía la camioneta blanca era Ramón, quien fue alcanzado bajo el puente Bicentenario. “Él iba a su casa después de haber dejado a su hija en la escuela y de hacer unos trámites”, afirma su defensor. El taxista y Ramón fueron interrogados. El paquete que el chofer del taxi iba a entregar, según lo señalado por la PGJ, contenía un dedo de la secuestrada y cuatro cartas redactadas por ella, como prueba de vida para la negociación del rescate. Ramón, por su parte, negó haber estado siguiendo al taxista y alegó que iba hacia su casa cuando fue detenido. Ese 30 de mayo, cerca de las 11:00 horas, Vargas Ramírez recibió una llamada de Ramón, quien le decía que policías lo estaban reteniendo en la carretera a Dolores Hidalgo con el argumento de que las placas de su vehículo estaban reportadas como robadas; le avisó que en caso de requerir de su ayuda le volvería a marcar. Lo hizo un minuto después, confirmando que lo llevaban detenido, aparentemente a las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia en esta ciudad. El abogado y la pareja de Ramón se dirigieron a esa instancia y allí les informaron que no tenían reporte del asunto. Recorrieron entonces la Policía Municipal, las oficinas de la PGR y posteriormente acudieron a denunciar su desaparición. Un día después, narra el abogado, recibió una llamada de la Subprocuraduría de Justicia en la que le pedían presentarse para acompañar a Ramón, quien tendría que presentar su declaración en la Unidad Antisecuestros de la PGJ, en la ciudad de Guanajuato. El abogado señala que, según lo consignado en la carpeta de investigación, la secuestrada fue liberada por sus captores la mañana del 31 de mayo. El jueves 1, el procurador guanajuatense, Carlos Zamarripa Aguirre, presentó a Ramón como integrante de una banda internacional que presumiblemente había cometido varios secuestros más en San Miguel de Allende y la región; esto, además, fue interpretado como la posibilidad de que se tratara del mismo grupo responsable de secuestrar al excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos; a la exnuera de Martha Sahagún, Mónica Jurado Maycotte; y empresarios locales. Horas después Ramón –el único detenido– fue presentado ante un juez de control de oralidad en una audiencia en la cual la procuraduría aseguró que al detenido le fueron encontradas dos cartas, supuestamente también escritas por la secuestrada. Con estos elementos Ramón fue vinculado a proceso e ingresado al Cereso 1000, en el municipio de Valle de Santiago. Esta versión fue impugnada mediante una apelación de Vargas Ramírez, quien afirma que, una vez que fue detenido por la PGJ, Ramón no fue presentado ante ninguna autoridad y pasaron 30 horas antes de que su amigo y defensor supiera que se encontraba en la Subprocuraduría de Justicia. En la audiencia ante el juez de control de oralidad, la PGJ argumentó que Ramón tenía consigo dos cartas presuntamente escritas por la víctima de secuestro –que a esas horas ya había sido liberada– y que había estado siguiendo al taxista que entregaría el paquete con otras cartas y el dedo para la negociación del rescate. “Pero el fiscal faltó a la verdad, porque esas supuestas cartas no figuran en la carpeta de investigación del Ministerio Público, no está establecida la cadena de custodia de las mismas. Es una acusación con pruebas sembradas, y por eso impugné la vinculación a proceso”, reitera Vargas Ramírez. Además, tampoco está establecido en la investigación que la víctima del secuestro haya reconocido al chileno. Pero el abogado se llevó una gran sorpresa cuando supo que las huellas de Ramón dieron positivo en la base de datos de las autoridades federales, con la ficha roja de búsqueda de la Interpol. “Lo conozco desde hace unos 10 o 12 años, se ha dedicado a los bienes raíces y a la fotografía, jugamos futbol en algunos equipos, estuvo en una asociación de padres de una escuela. Desconocía absolutamente ese pasado en Chile que ahora se sabe”, cuenta Vargas a Proceso. A San Miguel, el también conocido como Comandante Emilio llegó con Marcela (o Patricia), pero la pareja se separó y aquél se unió posteriormente a una española con la que vivía hasta el momento de su detención. La pareja actual de Ramón salió de San Miguel después de que las autoridades aseguraron su casa y todos sus bienes. Ramón y su abogado desconocen su paradero. “Fui a verlo el domingo. ‘Tengo un pasado del que ya te enteraste’, me dijo. Si sale librado de la acusación de secuestro, lo extraditan. Ya nada podemos hacer”, finaliza Vargas. Este reportaje se publicó en la edición 2120 de la revista Proceso del 18 de junio de 2017.