Rodrigo Medina y la agonía de vivir amparado

El exgobernador priista Rodrigo Medina. Foto: Miguel Ángel Carmona El exgobernador priista Rodrigo Medina. Foto: Miguel Ángel Carmona

MONTERREY, NL. (apro).- Aunque no está en la cárcel, pese a las acusaciones de millonarios desvíos que penden sobre él en Nuevo León, el exgobernador Rodrigo Medina vive en una constante incertidumbre, debido a que el amparo que lo protege puede expirar en cualquier momento, afirma el Fiscal Anticorrupción de la entidad, Ernesto Canales Santos.

Así como el priista, decenas de quienes fueran sus colaboradores en el pasado sexenio, así amigos y familiares, tienen qué vivir pegados al documento que les ha entregado algún juez federal, para evitar que sean ingresados a prisión por los ilícitos en los que se encuentran vinculados a proceso o por si requieren el recurso, dice el funcionario.

La Fiscalía que dirige tiene notificación de que, por lo menos, 60 personas han tramitado juicios de amparo, en relación al macro operativo judicial denominado Operación Tornado, emprendido por la administración de Jaime Rodríguez Calderón para detectar desfalcos de sus antecesores, que dejaron el estado en ruinas.

Canales reconoce que la ciudadanía está harta de la impunidad, y que muchos ciudadanos se sienten frustrados por no ver en la cárcel a Medina de la Cruz y a los demás servidores públicos que, de acuerdo con los juicios, le ayudaron a desfalcar Nuevo León, aunque asegura que ninguno de ellos vive con tranquilidad.

“No es agradable vivir con un amparo bajo el sobaco, porque aún cuando están dormidos, deben traer el amparo a un lado de la cama y constantemente tienen la incertidumbre de perder el amparo. Por eso, la protección no es para ellos una solución permanente”, dice en entrevista el subprocurador.

Medina y sus colaboradores enfrentan juicios por desvíos de más de tres mil 600 millones de pesos que aparentemente saquearon de las arcas estatales en el pasado sexenio 2009-2015.

El exgobernador fue recluido en el Penal del Topo Chico el 26 de enero pasado, por orden del juez de control que lo vinculó a proceso por peculado y daño al erario, aunque solo estuvo 18 horas internado, pues salió con un amparo.

Vivir con miedo

Como parte de la Operación Tornado, hasta ahora han sido imputados 28 funcionarios de primero, segundo y tercer niveles de la anterior administración y si bien es cierto hasta ahora solamente uno se encuentra en prisión, los demás están libres, a causa de la tramitación del recurso federal, pero con más de una vinculación.

Todos están nerviosos, dice el Fiscal, porque en la mayoría de los casos, enfrentan penas que van hasta los 12 años de cárcel. En el caso particular de Medina, corre el riesgo de ser sentenciado hasta 36 años, por tres vinculaciones que penden sobre él.

No hay fecha para que concluyan los juicios y sean dictadas sentencias, aunque ya transcurrió el primer año desde que fuera presentada la primera imputación contra ellos, el 3 de junio del 2016.

Están en libertad, pero encontrarse vinculados le acarrea, a cada uno, costos pecuniarios y sociales, pues las defensas son costosas y los juicios les proporcionan mala fama.

“No están liberados de los cargos. El proceso sólo está detenido. También les cuesta mucho dinero la defensa, porque el amparo es un tema complicado y requiere de mentes muy preparadas para su práctica. Además, el prestigio profesional ya queda mermado porque las acusaciones son públicas, y la sociedad sabe porqué se les juzga. Igualmente, al interior de sus familias, tienen qué dar una explicación a sus hijos de por qué son juzgados. Cierto, no están en la cárcel, pero no le deseo a nadie estar en una posición como esa”, considera.

Por eso, al dirigirse a la población dice que aunque los amparos les ayudan a los exfuncionarios a evitar la cárcel, por ahora, solamente les sirven para dilatar los procesos.

“La juez federal que concedió un amparo, no liberó a Rodrigo Medina porque le quitó los cargos. Está libre por una cuestión formal, pero las acusaciones que pueden llevarlo a la cárcel ahí están y siguen su curso. Se entorpecen por el amparo, pero inevitablemente va a llegar una sentencia, que va a determinar si es culpable o no. Ganan el plazo, no el caso.

“Es cierto que no se ven cumplidas las aspiraciones de la sociedad, que quieren un castigo de cárcel para un exgobernador que cometió actos de corrupción, pero aunque no esté tras las rejas, él sigue siendo juzgado y enfrenta consecuencias muy importantes. Y me refiero a él y otros 20 funcionarios vinculados a proceso que están en la misma situación”, aclara.

En una nueva investigación abierta, Humberto Medina Ainslie, padre del exgobernador y la esposa de este, Greta Salinas, acudieron a declarar por enriquecimiento ilícito del exgobernador. Estas dos personas también llegaron a sus comparecencias con un amparo bajo el brazo.

La protección que otorgan los juzgados tienen efecto en la forma, no en el fondo, afirma el Fiscal, y no modifican los méritos del caso, pues solamente retrasan la resolución, por lo que pide que se reforme la ley para que los amparos sirvan para actuar contra violaciones a las garantías y no contra los procedimientos procesales, a menos que estas impliquen un atropello a los derechos de la persona (Proceso 2120).

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