La opacidad del gobierno ha revelado con toda claridad su desprecio al derecho a la información. El reciente espionaje de activistas y comunicadores reconfirma esa hipocresía. Mientras por un lado Presidencia promueve reformas de transparencia, por el otro permite el monitoreo subrepticio de los opositores; mientras con una mano inscribe al país a programas internacionales de apertura de datos, con la otra se querella contra quienes buscan un marco legal más abierto y democrático. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Contrasentido del peñanietismo: la denuncia por vigilancia ilegal –el nuevo escándalo del sexenio– ocurrió en el seno de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), un espacio creado para el avance de la transparencia y la democracia. Fue en febrero cuando las organizaciones denunciantes que integraron el informe #GobiernoEspía detectaron la vigilancia ilegal sobre dos activistas de la salud inmersos en un plan de la AGA. En los meses siguientes fueron documentando más casos y, al observar la lista de los espiados dada a conocer el pasado lunes 19, se advierte que todos participan en la agenda de la transparencia, emplean las herramientas disponibles para documentar el quehacer gubernamental o forman parte de organizaciones relacionadas con la materia. De por sí, los últimos años se han registrado severos retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información: el gobierno, sus proveedores, contratistas y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han evitado difundir información mediante interpretaciones a modo o procesos judiciales. En el caso del espionaje –y un mes después de que las organizaciones ciudadanas dejaran la AGA denunciando de manera pública la práctica de vigilancias ilegales– el INAI ha evitado abordar el asunto más allá del discurso. De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19-México, en mayo pasado su organización y grupos aliados pidieron al INAI que revisara de oficio los contratos con empresas de inteligencia proveedoras del gobierno, pero ni en eso ni en materia de violación a datos personales el organismo garante actuó. Proceso solicitó una entrevista con el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, para profundizar en esas omisiones, pero no obtuvo respuesta. La AGA es una iniciativa multilateral, integrada por 75 países. México fue uno de los ochos países fundadores. La alianza busca generar avances en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana y, para ello, cuenta con un secretariado técnico tripartita en el que –desde su creación, hace cinco años– participó un Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC). El pasado 23 de mayo, los integrantes del NSOC abandonaron la mesa acusando vigilancia ilegal sobre los dos investigadores-activistas de la salud. Fragmento del reportaje en la edición impresa de Proceso 2121, ya en circulación