OAXACA, Oax. (apro).- El juez Séptimo de Distrito de Salina Cruz, Nelson Loranca Ventura, multó a los 42 diputados del Congreso de Oaxaca por desacato al Poder Judicial de la Federación (PJF), debido a que no atendieron el juicio de amparo 426/2016, promovido por el abogado Rafael García Zavaleta, quien prestó sus servicios profesionales al municipio y luego lo demandó civilmente por falta de pago. El argumento de la multa es la “omisión, ignorancia o complicidad” de los legisladores al desacatar el apercibimiento del Juzgado y sólo cuando se dieron cuenta que podría iniciárseles un proceso de inhabilitación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobaron un decreto de manera fast track. Al vencer el término legal que les dio el PJF, el juez impuso a cada diputado propietario una multa equivalente a la cantidad de 200 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, que asciende a 16 mil ocho pesos, al tiempo que se giró oficio al administrador local de recaudación de rentas para que se haga efectiva la multa impuesta a los integrantes de la LXIII legislatura local. El pasado jueves 22 de junio, cuando fueron notificados de la sanción y la posibilidad de ser inhabilitados, los diputados sesionaron de inmediato y a las 13:00 horas, el Congreso emitió un decreto que contempla una partida especial para que los ayuntamientos paguen laudos y sentencias. Ahora, el presidente municipal de Salina Cruz, Rodolfo León Aragón, militante del PRI, tendrá que acatar la orden del juez federal de pagar dos millones de pesos a García Zavaleta por los servicios profesionales prestados a ese ayuntamiento. De lo contrario, podría iniciársele un proceso de inhabilitación a todo el cabildo. El origen de este conflicto se remonta al trienio 2005-2007 de la entonces presidenta municipal de Salina Cruz, Edith Escobar Camacho. Ella firmó un contrato de servicio profesionales con Rafael García Zavaleta para llevar el caso del ayuntamiento en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex), que se negaba a pagar el predial. Como parte de su trabajo, el litigante interpuso un juicio y logró embargar un barco remolcador de Pemex, situación que obligó a la paraestatal a negociar y pagar 12 millones 600 mil pesos por concepto de predial. Ese recurso se utilizaría para mejorar el mercado de mariscos. Sin embargo, presuntamente la presidenta municipal se quedó con el dinero y no le pagó los honorarios al abogado. Ante el incumplimiento de contrato, García Zavaleta inició una demanda civil contra el ayuntamiento y aunque la jueza civil de Salina Cruz emitió una sentencia en su favor, las autoridades no le pagaron con el argumento de que los bienes municipales son inembargables. Y es que, hasta entonces, el Congreso no había legislado para que los presidentes municipales se hicieran responsables y se pudieran embargar sus cuentas bancarias. Debido a que la jueza civil se negaba a actuar en el embargo, el afectado interpuso un juicio de amparo en el juzgado de Distrito y éste a su vez ordenó al Congreso estatal emitir un decreto como marca la Ley Orgánica Municipal que instruyera que los municipios deben gestionar una partida especial para pagar laudos y sentencias. El pasado 8 de junio, la Oficialía de Partes del Congreso de Oaxaca recibió el documento con oficio 1118, mismo que fue canalizado a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación. Sin embargo, los legisladores no acreditaron cumplir con lo ordenado por el juez dos días antes, el 6 de junio, en relación a la ejecutoría de amparo. Pese a que el término legal es de tres días, se les otorgó una ampliación, la cual trascurrió del 9 al 13 de junio. No obstante, desacataron el ordenamiento judicial, motivo por el cual la autoridad precedió a una sanción con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Los diputados trataron de enmendar su error y procedieron a aprobar fast track el decreto para evitar ser inhabilitados por la SCJN.