TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (Cdmch) denunció omisiones tras declaratoria de alerta de género (AVG), así como faltas al debido proceso y acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres y el feminicidio. A más de medio año de ordenarse la AVG, instancias del gobierno estatal han incumplido en desplegar las medidas urgentes para atender el grave incremento de actos violentos y feminicidios en la entidad, dio a conocer Martha Figueroa Mier, miembro del Cdmch. El 18 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), comunicó al gobernador Manuel Velasco, y al Cdmch, organización peticionaria de la AVG, la formal declaratoria de la alerta para implementar medidas urgentes de seguridad, prevención, justicia y reparación, así como visibilizar la violencia de género y mensaje de “cero tolerancia” a abusos, además de garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, como parte de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio, las activistas denunciaron hoy el grave incumplimiento de los acuerdos básicos para avanzar “en torno a la implementación de acciones que hemos discutido en tres sesiones ordinarias del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), del cual también formamos parte”. Igual señalaron que hay omisiones por parte de los operadores del sistema a su deber de preservar la vida, la integridad física, los derechos e intereses de las mujeres en situación de violencia. Además, acusaron, debido a la falta de capacitación, voluntad, interés y negligencia de fiscales, peritos, policías, traductores, y secretarios de las unidades dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), observan patrones comunes en el trato que dan a las mujeres que denuncian una situación de violencia. Igual han documentado que no existe un espacio adecuado para escuchar a la víctima de violencia, ya que generalmente este procedimiento se realiza en el área de atención inmediata, que es un espacio abierto, carente de mobiliario, donde se revictimiza a las personas que acuden a interponer su denuncia inicial. Los activistas también deploran que el personal a cargo no tiene claridad de cómo actuar cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión reciente, ya que esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y que requieren atención hospitalaria. Además, se carece de atención inmediata y eficaz, ya que se dilatan los trámites y no se brinda información sobre el procedimiento a seguir, los tiempos y recursos en la intervención, aparte de no proporcionarle a la víctima copia ni lectura y revisión de su declaración, entre otras omisiones. Por último, las activistas advirtieron que se mantendrán “atentas y vigilantes a las acciones que el Estado implemente para cumplir con su obligación de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en la entidad”.