CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un día de que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, resuelva el futuro de la línea 7 del Metrobús que correría por el Paseo de la Reforma, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad de México confía en que todas las instancias legales le darán la razón. “Todas las vías legales las estoy agotando para efecto de demostrar que no hay un esquema de falta de legalidad o de permisos o de respaldo”, dice en entrevista con Apro el titular de la dependencia, Manuel Granados Covarrubias. En sus oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el funcionario asegura que el “permiso integral” que otorgó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el pasado 19 de junio, además de revelar la aprobación federal de la obra, es la pieza clave que tumba los cuatro argumentos jurídicos con los que el juez Silva García otorgó la suspensión temporal y luego la definitiva, con base en el amparo promovido por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) el pasado 18 de mayo. Las razones que expuso el juez son: la afectación de las áreas verdes del Bosque de Chapultepec; el daño en la estructura urbana protegida de Paseo de la Reforma y sus áreas verdes; el cuidado de árboles en riesgo de ser talados a causa de la construcción; y la protección de monumentos y vestigios que tienen valor histórico y cultural. En general, según el consejero jurídico, “las preocupaciones del juez” son ambientales e históricas. Por eso, con el documento de respaldo del INAH, asegura: “tenemos la razón como gobierno de la ciudad, porque hay un sostén jurídico”. [caption id="attachment_472946" align="alignnone" width="1200"] Los autobuses de la Línea 7 serían de doble piso[/caption] Y sin soltar su discurso oficial, insiste en que cada uno de los argumentos señalados por la AMDA como por comités vecinales -las irregularidades ambientales, culturales y sociales- son “falsos”. Daños ambientales En el amparo 841/2017 que promovió la AMDA -asociación civil pionera en el trabajo en favor del medio ambiente y desarrollo sustentable- se demostró que en la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Específica (MIAE) el gobierno capitalino tenía previsto un derribo de 640 árboles a lo largo de todo el trazo que comprende la Línea 7, del paradero de Indios Verdes a la Fuente de Petróleos. Como lo publicó Proceso en su edición 2120, la MIAE -fechada el 30 de noviembre de 2016- consideró afectaciones al parque Winston Churchill, mejor conocido como “El Mexicanito”, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. En el documento oficial el gobierno local asentó que en 366 metros cuadrados se tenía contemplada la construcción de una estación, así como dos bahías: “una de ellas para el servicio de Metrobús y la otra para el transporte concesionado del Estado de México”. Cuestionado al respecto, el consejero Manuel Granados guarda unos segundos de silencia y responde: “No hay ninguna afectación al Bosque de Chapultepec porque el trazo de la línea no incide al interior del bosque. Tampoco se afectan los árboles del Bosque porque lo único que se usa es la vía”. -Pero en la MIAE está explícito que afectará el Parque “El Mexicanito-, replican las reporteras. -Justo los trabajos con el INAH obedecieron a eso… -Pero en la MIAE se establece que se van a quitar más de 600 árboles… -Falso. Son 350 árboles, pero no son… entiendo que por la zona son 18 árboles que no están al interior del Bosque. Tenemos un estudio en donde se dice cuáles son árboles factibles, viables, no viables… No sé el nombre del estudio, discúlpenme por no tener los elementos técnicos para precisar. Lo que sí puedo explicar es que la reposición de esos árboles, más, menos será uno por cada tres. Con titubeo, añade que hay un fondo ambiental en el que se dejará un recurso “para todos los temas ambientales… Ese dato lo tiene la Secretaría de Medio Ambiente. Lo jurídico es lo mío”. Y, de nuevo, insiste: “Eso sí se los puedo decir, que hay certezas jurídicas, que hay respaldo técnico, que hay un respaldo de todo lo que se ha dicho”. El patrimonio histórico Sin soltar el guion jurídico para defender la obra, el titular de la Consejería Jurídica asegura que la directora del INAH, María Teresa Franco González Salas, y el cuerpo técnico del gobierno local, comenzaron reuniones de trabajo sobre la Línea 7 “desde hace más de un año”, -aunque dice no recordar la fecha exacta-. Luego, insiste en que el “permiso integral” que le dio el instituto federal ya resuelve la polémica. Según el exlegislador del PRD -y hombre de confianza del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera- desde el inicio de los trabajos en noviembre de 2016, nunca hubo una negativa del INAH para impedir la obra, en razón de que “el corredor no es considerado como monumento artístico e histórico: el camellón y los monumentos sí, pero la vialidad no”. No obstante, un día después de que el Juez ordenó la suspensión definitiva de la obra -el 13 de junio-, el INAH emitió un comunicado en el que sentenció que no existía una “autorización general” al proyecto de construcción de la Línea 7 del Metrobús. La institución sólo confirmó el permiso para “trabajos iniciales” consistentes en el cambio de carpeta asfáltica en el carril de baja velocidad y siempre bajo una supervisión arqueológica. Al día siguiente, la Consejería Jurídica asumió la defensa jurídica del caso por orden directa de Mancera Espinosa, quien, al otro día advirtió: “El Metrobús va porque va. Soy respetuoso de las instituciones, pero todo tiene un límite. Vamos a ir de la mano a este litigio. Si tengo que mover algo, si tengo que quitar algo para beneficio de la gente, no me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar, que violamos suspensiones. Yo tengo que ver por el beneficio de la gente, además lo voy a hacer yo, el que lo va a hacer soy yo”. Durante la entrevista, Granados Covarrubias desglosa el proceso que siguió tal autorización: “El juez le requiere al INBA que se pronuncie al respecto y dice que la avenida Reforma no está considerada como un monumento artístico. De hecho, ha sufrido en varios trazos intervenciones en distintas épocas. En 2005 se sustituyó todo el pavimento por concreto hidráulico”. Según su explicación, “el INAH autoriza la primera etapa, que es lo del carril. Al ser una obra amplia, lo que ha venido haciendo el INAH es dar permisos parciales, conforme va avanzando la obra”. “¿Es normal que una obra se apruebe por etapas?”, se le pregunta. Otra vez silencio. Y enseguida, responde: “Incluso hay un compromiso del gobierno de la ciudad de un rescate integral del corredor. Se ofreció eso. Tiene que ver con recuperar los espacios públicos”. -¿Quién se va a encargar de eso? -Los dos. -¿INAH y gobierno? ¿Qué garantías hay de que no ocurrirá lo mismo que con la restauración de la estatua de El Caballito? -Hay un trabajo conjunto. Esto está en la autorización. Lo firma Arturo Balandrano que es el coordinador nacional de monumentos históricos del INAH. Deuda ciudadana El teléfono de la oficina de la Consejería suena, eso le permite a Manuel Granados hacer una pausa en la conversación y, al colgar, se disculpa porque tiene que “acompañar al jefe a un evento”. Antes de concluir la entrevista, Manuel Granados insiste en que el gobierno capitalino tiene todos los argumentos jurídicos como “la prueba superveniente” de que no existe ninguna afectación y que nadie tiene de qué preocuparse: “no hay riesgo de daño a monumentos históricos o artísticos; no habría daño al Bosque de Chapultepec”. Sin embargo, su dicho se pone en duda al hablar del amparo que comités vecinales de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero interpusieron el viernes 16 ante la juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo, respecto a que las autoridades no realizaron una consulta ciudadana para respaldar la obra. De acuerdo con los ciudadanos afectados, el proyecto de movilidad que se empeña en construir Miguel Ángel Mancera violó las leyes de Movilidad y Participación Ciudadana, porque no hubo una consulta previa, pese a que las obras los perjudican directamente. La respuesta del consejero Manuel Granados es simple: los ciudadanos no solicitaron ninguna consulta. “Hay un diálogo, no propio, pero de las autoridades encargadas de ello, con los vecinos. Incluso, hay publicaciones de organizaciones de la sociedad civil, desde Greenpeace, hasta varias organizaciones de comités vecinales que han manifestado su apoyo a esta obra”, argumenta. Y se menciona otros factores alternos a la consulta que exige la ley: “Los levantamientos de opinión de varios medios de comunicación nos muestran que 80% de las personas están de acuerdo con la obra por un tema de disminución de contaminantes de cerca de 20 mil toneladas al año”. -¿Pero no hubo una consulta organizada por el gobierno, como dice la ley? -Las consultas tiene que darse por varios aspectos: primero que se soliciten antes de que se haga la obra pública; iniciada la obra no puede haber. -¿No lo tenía que haber hecho el gobierno antes de empezar a construir la obra? -Tuvieron que haberlo solicitado (los inconformes). La Ley de Participación Ciudadana es clara. Además, es en beneficio de la ciudadanía, o sea, el bien es mayor: 40% de ahorro en tiempos de traslado; cada unidad puede transportar a 140 personas en sustitución de 108 vehículos. Si bien es cierto que el artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana manifiesta que el plebiscito -uno de los instrumentos de participación de los citadinos- se debe solicitar al jefe de gobierno para someter a consideración la aprobación o rechazo de los “actos o decisiones trascendentales” antes de su ejecución; también es cierto que las autoridades locales están obligadas a garantizar el respeto al derecho de Consulta y a promoverla, como dice el artículo 15 de dicha legislación. Además, según el artículo 12, fracción VIII, los capitalinos tienen derecho a participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones de gobierno. Según los inconformes, esos derechos se violaron porque en el momento en que arrancaron las obras, ningún documento referente a la construcción de la Línea 7 era público. En la página de internet del gobierno capitalino, tanto la MIAE como el proyecto ejecutivo y las copias de las concesiones y permisos fueron publicados sólo hasta que el Juez Octavo en Materia de Distrito ordenó la suspensión de las obras. Este martes, vecinos que cuestionan la construcción dieron a conocer una carta en la que solicitaron al INAH cancelar la autorización, al considerarla “apresurada, simulada y con lagunas en el texto que permiten el negocio publicitario masivo”. Además, adelantaron que seguirán interponiendo amparos hasta que se logre la suspensión y la combatirán desde otros dos frentes: una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por posibles actos de corrupción de los funcionarios del INAH. Frente a este escenario, mañana miércoles 28, el Juez Octavo de Distrito, Fernando Silva, dará a conocer el curso que seguirá la obra. -Si el juez no levanta la suspensión, ¿qué va a hacer el gobierno capitalino? -Seguir. Nosotros también interpusimos un juicio de revisión ante un tribunal colegiado. O sea, las vías legales yo las estoy agotando todas para efecto de demostrar que no hay un esquema de falta de legalidad o de permisos o de respaldo. Y concluye: “No podría irse hasta el año que viene porque ya les demostré que lo que al juez le preocupa, ya le acerqué que no es así. La instrucción que yo tuve del jefe de gobierno es justo atender la parte legal, agotar todas las instancias legales para demostrar que tenemos la razón como gobierno de la ciudad. Eso es lo que estamos haciendo”.