TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Familiares, amigos y activistas de organizaciones civiles interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, para que investigue lo que pasó en torno al asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder del movimiento antiminero de Chicomuselo, Chiapas, perpetrado la tarde del 27 de noviembre del 2009 en ese poblado. A ocho años, denunciaron que el crimen sigue en la impunidad y los principales responsables por omisión o comisión son la empresa minera canadiense Blakcfire, la propia Embajada de Canadá en México que sabía de las amenazas de muerte, así como el exgobernador Juan Sabines Guerrero y algunos de sus operadores políticos. La familia Abarca, miembros de la organización Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dieron a conocer que el martes pasado interpusieron la queja ante a la CIDH contra el Estado mexicano por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros derechos que le fueron violados a Mariano Abarca Roblero. José Luis Abarca Montejo recordó aquella tarde del 27 de noviembre del 2009, cuando sicarios vinculados a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration que iban a bordo de una motocicleta, acribillaron a Mariano Abarca a tiros cuando platicaba afuera de su restaurante, en el municipio de Chicomuselo. Tras los balazos, también resultó gravemente herido Orlando Velázquez Rodríguez, uno de sus compañeros de lucha. Nacido en 1959, en ese mismo poblado donde fue ejecutado, Abarca Roblero fue un defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, lo que le valió ser reconocido al interior de su pueblo. También fue uno de los fundadores de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). “Su asesinato se llevó a cabo para acallar y desmovilizar la lucha por la defensa del territorio, la protección de los bienes naturales y el resguardo de la vida que él encabezaba junto con la población de Chicomuselo, porque tenían el propósito de retirar a la empresa Blackfire y (que) dejara de hacer daño a la salud de la población, así como frenar la destrucción de los ecosistemas”, dijo José Luis Abarca. Indicó que antes de su asesinato, y durante todo el proceso de su lucha, su padre fue víctima de un largo proceso de criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas que incluyeron el levantamiento de cargos falsos que lo llevaron a pisar la cárcel. “No obstante, su verdadera y pertinaz transgresión fue la irreductible defensa de los derechos humanos, porque su convicción y espíritu lo impulsaron a pretender una pronta y expedita procuración de justicia en contra de quienes, de forma arbitraria y recurrente, violan la ley, incumplen normatividades y se protegen bajo el brazo de la corrupción y la impunidad, esa que desde hace años el gobierno mexicano ha incorporado como patrón de conducta”, recordó su hijo. Añadió que su padre visibilizó y denunció a los actores involucrados en el saqueo de los bienes naturales de su comunidad, así como también señaló a los responsables de las acciones de intimidación emprendidas contra su persona y el movimiento social. Entre los principales actores que lo atacaron destacan: el expresidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velásquez Calderón, y el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. Su padre, dijo, tampoco escatimó esfuerzos para denunciar a los directivos de la empresa canadiense Blackfire Exploration como los principales responsables, quienes, apoyados por la indebida actuación tanto de la policía estatal como de la policía municipal, efectuaron diversas agresiones encabezadas por los trabajadores de la empresa que se presentaban con armas largas y amenazantes en contra de los campesinos en resistencia. José Luis Abarca Montejo denunció que desde el 27 de noviembre del 2009, cuando fue asesinado su padre, y hasta la fecha, la investigación por parte del Estado mexicano se encuentra paralizada. Destacó que después de estar detenidos varios implicados --todos ellos con algún vínculo de trabajo con la empresa Blackfire--, y luego de haber sentenciado a uno de ellos (2010), hoy todos, incluyendo al sentenciado, se encuentran en libertad. “Tampoco hay nuevas líneas de investigación orientadas a la búsqueda de los actores intelectuales y materiales que den certidumbre tanto a nosotros su familia, como al resto de sus compañeros”, indicó. “Nuestra familia está indignada ante la ineficiencia, ineficacia y torpeza del sistema de procuración de justicia en México. El gobierno mexicano ha hecho caso omiso y ha mostrado muy poco interés sobre nuestras exigencias, por lo tanto se ha mostrado indolente en la protección de nuestro derecho a saber la verdad y deniega una de sus funciones más importantes, siendo esta la procuración de justicia”, dijo Abarca que argumentaron ante la CIDH. Manifestó que todos estos años de impunidad, han estado luchando por encontrar justicia y castigo a los culpables por el asesinato de su padre, por lo tanto, durante este tiempo han fortalecido algunas líneas de investigación que evidencian el cabildeo permanente a cargo del gobierno canadiense, a través de su Embajada en México, y que ha realizado ante el gobierno mexicano, “porque a pesar de haber tenido pleno conocimiento del conflicto social y los riesgos para con mi padre, no sólo hicieron caso omiso de los hechos, sino por el contrario, haciendo gala de la diplomacia de negocios canadiense, legitimaron y apoyaron la actuación violenta y violatoria de la empresa minera Blackfire”. Dijo que han buscado, sin éxito, en las maltrechas ventanillas de la justicia mexicana y canadiense, lo cual ha servido para demostrar, una vez más, el abandono de la institucionalidad y en consecuencia, la total indefensión en la que se encuentran y que deben afrontar como mexicanos y mexicanas a causa de los atropellos del sistema. “Es por ello que hemos decidido acudir ante CIDH, para entregarles una petición y queja contra el Estado mexicano por su no actuación en la protección en vida de mi padre, así como evadir la búsqueda de justicia después de su asesinato”, agregó. Explicó que en esta petición participan como acompañantes co-peticionarios: la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual su padre era integrante; la asociación chiapaneca Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México, y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Abarca Montejo resaltó que el atentado que le quitó la vida a su padre no es un hecho ni único ni aislado en contra de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente tanto en México como en Latinoamérica, pues se trata de un patrón de comportamiento sistemático en donde son cuatro los actores que actúan contra de resistencias. “Estos son los gobiernos corruptos y desnacionalizados quienes, entre otras cosas, desregulan leyes para justificar y legalizar el saqueo; el gobierno canadiense que insiste en encabezar el despojo de los bienes naturales de los pueblos de América latina; las fuerzas policiacas y militares quienes actúan como grupos privados para la protección de las trasnacionales y; los golpeadores, paramilitares, sicarios y grupos del crimen organizado, quienes bajo el cohecho y la prebenda se encargan de introducir el miedo, el terror y la muerte en los pueblos”, precisó. Ahora esperan que la CIDH reciba, revise y acepte este nuevo reto para la procuración de justicia que pusieron desde ayer en sus manos. “Para nosotros son una esperanza contra la impunidad que permite estar en concordancia con el ejercicio de la plenitud de nuestros derechos humanos. Con esto también pretendemos establecer un precedente legal al denunciar, a nivel internacional, los vínculos entre las autoridades mexicanas y la embajada de Canadá por permitir que las empresas mineras atenten contra la vida de las y los defensores en México”, concluyó Abarca Montejo.