A principios de diciembre de 2013, una joven fue violada en un hotel de la colonia Doctores. La agredida mató a su violador, aunque las autoridades le imputaron el homicidio y la encarcelaron. Durante tres meses, la abogada Ana Katiria Suárez emprendió su defensa hasta lograr su liberación y, ahora, narra su singular lucha contra el oprobioso sistema de justicia mexicano en el libro En legítima defensa. Yakiri Rubio y la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal, editado por Grijalbo en mayo pasado. Proceso adelanta partes medulares de la investigación. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 2013 decidí defender la libertad de una mujer, Yakiri Rubio, quien fue secuestrada, violada y apuñalada por dos sujetos de apellidos Ramírez Anaya. Ella, en un ejercicio de la legítima defensa y en una lucha instintiva peleó por su vida y, al verse en la posibilidad de salvarla, apuñaló de muerte a uno de sus agresores, mientras que el otro ya había huido del lugar 30 minutos antes para “lavar a una virgencita”… La historia me obligó a confrontar a un sistema enfermo de soberbia, podrido de injusticia, sin claudicar y levantando la voz con la razón; así me enfrenté a quienes cuestionaban el valor que podría tener la palabra de una mujer defendiendo a otra. ¿Por qué debemos luchar por los derechos de las víctimas en las instancias jurisdiccionales? ¿Por qué debemos recurrir a poner en riesgo nuestras vidas como defensores y defensoras a costa de la reputación de la “autoridad”? La denegación de justicia en los casos de delitos de género es pan de todos los días y la lucha por hacer cesar la injusticia se vuelve mortal. ¿Cómo espera este gobierno que una mujer crea que la corrupción y misoginia no ponen en riesgo y en un alto grado de vulnerabilidad su vida y libertad? Forjemos vías que demuestren que conociendo nuestros derechos sabremos qué exigirle a “aquellos” que constantemente esconden y entorpecen los caminos de la justicia, quizás por pereza, quizás por incredulidad o por falta de humanidad. Cualesquiera que sean las razones, hoy estoy segura que al exigir justicia se rescatan vidas, libertades y la dignidad que todos merecemos frente a la autoridad. Éste es mi testimonio, el cual ofrezco precisamente en la época en que la lucha contra la violencia de género en nuestro país ha cobrado un auge inusitado. Hoy, cuando la llamada primavera violeta, la máxima concentración y movilización de mujeres en la historia mexicana, comienza a ver sus primeros frutos (…) Hoy, cuando ajenas a partidos políticos, filiaciones, credos y formas de la diversidad, las mujeres decimos resueltas que ya basta, ya ha sido suficiente. La primera audiencia pública del caso tuvo lugar el martes 17 de diciembre de 2013, un día después de mi toma de protesta y de mi desagradable encuentro con el juez 68 (Santiago) Ávila Negrón, quien ese día estuvo ausente porque se tomó sus respectivas vacaciones decembrinas, por lo que fue sustituido por su secretario de acuerdos, Jesús Sevilla Flores. Esta primera audiencia de término constitucional pudo haber sido, sin duda, la oportunidad del sistema judicial y de procuración de justicia mexicano de detener lo que era una arbitrariedad mayúscula: ese día era competencia del Juzgado 68 reclasificar el delito u ordenar la inmediata libertad de la joven por falta de elementos para procesarla. Presenté unas cartas de recomendación en las que se demostraba que Yaki no era una delincuente ni procuraba el trato con hampones como los hermanos (Miguel y Luis Omar) Ramírez Anaya. También tenía en mi poder documentos que daban fe de las actividades de Yaki y su padre en pro de la erradicación de las adicciones y la violencia por medio de exhibiciones y clases de salsa en diversas zonas de la Ciudad de México y otras partes del país. (…) Para la PGJDF el caso de Yaki estaba suficientemente claro. Su titular, Rodolfo Ríos Garza, se apresuró a declarar ante los medios el mismo día de la resolución: “Tenemos testimoniales en la averiguación previa, donde ella entra con una persona de manera voluntaria y derivado del dicho de ella no está acreditado que existiera una violación”. Fue entonces cuando busqué exponerle mi preocupación directamente a Ríos Garza. Me reuní con el procurador en diversas ocasiones, acompañada por los padres de Yaki, defensoras de género e integrantes de la sociedad civil de la comunidad LGBT. Con ellos buscaba la salida para reparar el daño causado por la procuraduría. (…) Desde el día después de los hechos el caso comenzó a visibilizarse en los medios gracias a que personal del Ministerio Público filtró información, como suelen hacer, a los reporteros de periódicos amarillistas. En esas notas iniciales se reprodujo con vehemencia la línea de investigación oficial. En los titulares uno podía leer: “Prostituta mata a su amante”. La historia del crimen pasional, en sus modalidades que van de la novia celosa a la amante vengativa y la prostituta rencorosa, encontraría con los días eco sobre todo en la prensa escrita, en la que la joven, movida por la rabia de una vida indigna, asesina sin miramientos ni piedad alguna a su inerme pareja sentimental o su proxeneta. En internet, donde los tiempos de la noticia y el suceso cobran otra dimensión, la información fluyó de otra manera. Allí no reinó la mentira ni el titubeo. En cuestión de horas y días, conforme fueron surgiendo detalles y reacciones ante el caso, se convirtió en un episodio inverosímil cuyas contradicciones no tardaron en hacerse patentes. El azoro dio paso a la incredulidad. Algo no encajaba. No en vano la inusual historia transcurría en una ciudad y en un país donde en los últimos años se han hecho comunes la falta de esclarecimiento de graves casos delincuenciales, los descalabros judiciales mayúsculos, la fabricación de culpables y la transgresión a los derechos humanos. Ciudad y país donde las mujeres, además, son especialmente frágiles como parte de los grupos vulnerables. Muy pronto la muchacha encarcelada tuvo un rostro, una identidad, y su caso se convirtió en una causa, gracias a diversos afectos solidarios: femeninos, feministas y otros en pro de la igualdad y la diversidad. Una de las razones que debieron echar por tierra desde el principio la afirmación de que Yaki era pareja de su violador es que ella pertenece a la comunidad lésbico-gay. Yaki o Yakiri ahora tenía nombre, aunque hasta antes de aquel 9 de diciembre sus allegados la conocieran como Rubí. En total dimos más de un centenar de entrevistas… Tenía que apoyarme en los medios. Pronto descubrí caminos que no conocía como una litigante común. Solicité a los periodistas que me permitieran verificar los datos de sus notas. Me interesaba fundamentalmente que hubiera precisión en la terminología jurídica. No dormía; terminaba de litigar y revisaba todo el material de prensa. Para entonces yo ya había sufrido tres atentados, además de varias amenazas por redes sociales, con mensajes como “El próximo es tu papá”, “Pinche cabrona, ¿qué se siente defender a una asesina?”, “Le acabas de ver la cara a todo el país”. (…) La única forma que encuentro de erradicar abusos como el que sufrió Yaki al ser consignada, les decía a los padres y familiares, es brindarle información a los ciudadanos sobre los derechos que tienen para decirle no a la autoridad. Yaki siempre lo repitió en sus entrevistas: “Como dice mi abogada, si yo hubiera conocido mis derechos al momento de llegar a la Agencia 50, nada de esto hubiera pasado”. Y ése, finalmente, es también uno de los objetivos de estas líneas: informar. Porque el Estado no se ocupa de hacerlo para mantenernos en el engaño, manipulados como títeres; al desconocer nuestros derechos tenemos miedo, y al tener miedo, no exigimos. Y ante el desconocimiento y la desinformación surgen los abusos de la autoridad hacia los ciudadanos. El 23 de diciembre de 2013 presenté la apelación contra el auto de formal prisión que tenía a Yaki en una situación muy delicada. Correspondería a la Quinta Sala Penal pronunciarse mientras el proceso seguía su curso en el Juzgado 68. (…) Hasta hoy me acompañan guardias armados a todos lados en vista de las amenazas y los tres atentados que sufrí en las diversas etapas del proceso, guardias que ha dispuesto para mi custodia el mecanismo federal de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Gracias a este caso descubrí el universo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, el cual me ayudó a darme cuenta de que mi trabajo como abogada penalista había consistido, en un sinnúmero de casos, precisamente en la defensoría de género y de derechos humanos. Sencillamente no me había dado cuenta. Jamás volví a ser la misma desde el momento en que alguien me dijo: “Usted es defensora de los derechos humanos”. Se lo debo en gran parte a Olivia Rubio, mi aliada principal en esta defensa. (…) En todas las audiencias que se llevaron a cabo en el Juzgado 68 estuvieron presentes los dos ministerios públicos y la directora de todos los ministerios adscritos al reclusorio, apoyando la representación de Luis Omar. Por un lado, los tres, en conjunto, elaboraban las preguntas de los interrogatorios y objetaban las mías. Mientras tanto, observaba cómo mi lucha debía estar por encima de los vanos intentos de estos servidores públicos por desgastarme. Les dejé claro que sin importar el número de veces que objetaran mis preguntas, las reformularía hasta que fueran admitidas, con la finalidad de evidenciar hasta el más mínimo detalle el derecho que tenía Yaki a la libertad. (…) Así fue el ritmo y la tensión de casi 30 audiencias que se hicieron durante el caso, especialmente las que se desarrollaron en el Juzgado 68. (…) La audiencia del lunes 3 de marzo de 2014 fue la más importante. Ese día también esperábamos la resolución de la Quinta Sala tras la apelación del auto de formal prisión por homicidio calificado. Entonces llegó al Juzgado 68 la resolución de la Quinta Sala que tanto esperábamos. El juez la recibió, cambió su semblante y procedió a leerla. La expectación consumió todo el recinto. El juez suspendió la audiencia sin previo aviso. Se acercó a la rejilla de prácticas. Me acerqué también. Sabíamos que estaríamos escuchando el resultado de la segunda batalla. Y así fue. PRIMERO. Se ordena la FORMAL PRISIÓN o PRISIÓN PREVENTIVA a YAKI RUBÍ RUBIO AUPART, como probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO cometido con exceso en la legítima defensa, previsto en los artículos 83 último párrafo, 123 y 124 del Código Penal para el Distrito Federal, por el que se le seguirá proceso penal. Este adelanto del libro se publicó en la edición 2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.