CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La complicidad se lleva bien con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Al menos, con quienes lo controlan: los representantes de los tres poderes formales del Estado y sus comparsas de entidades autónomas. Si ni siquiera quisieron hacer un exhorto al Ejecutivo federal para que les diera un informe sobre las denuncias de espionaje a ciudadanos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, mucho menos querrán investigar los muy probables actos de corrupción que hay detrás de la compra de los equipos y software de intrusión. A pesar de las pocas evidencias que se han podido conocer sobre los arreglos de funcionarios públicos para el cobro de comisiones y la intensa terciarización de esas compras gubernamentales, el Comité Coordinador del SNA rechazó la propuesta de la única representante ciudadana en esa instancia, Jacqueline Peschard, para pedir un informe sobre las denuncias. Con el argumento de que no está probado que en efecto se haya espiado a los periodistas y activistas que denunciaron el acoso, los coordinadores del SNA decidieron que no hay tema que requiera una aclaración pública, como lo establece la ley del propio sistema. La propuesta de Peschard fue rechazada de forma unánime por los integrantes del Comité que representan a los poderes formales. En primer lugar, Arely Gómez, la secretaria de la Función Pública. Es decir, la encargada del Ejecutivo federal para combatir la corrupción. A ella se sumó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, encargado en el Legislativo de revisar las cuentas públicas, y el representante del opaco Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza. Como representantes del Estado mexicano, tuvieron el apoyo del presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Acuña, y del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurán, quien de senador del PRI se convirtió por gracia presidencial en magistrado. Arely Gómez debió excusarse de esa votación. Las disputas al interior del gobierno de Peña para atribuir la adquisición y operación del sistema Pegasus la pusieron la semana pasada en el centro de las filtraciones periodísticas. Fue durante su gestión en la Procuraduría General de la República (PGR) que operó Pegasus. Aunque lo heredó de Jesús Murillo Karam, y no ha sido solamente durante su gestión que se ha usado ese malware, Arely Gómez tiene un claro conflicto de interés para pronunciarse desde el SNA sobre la idoneidad de pedirle cuentas, aunque sea por exhorto, al Ejecutivo al que sirvió. El Comité Coordinador que controla el SNA menos querrá desentrañar la manera en que funcionarios civiles y militares han usado los recursos públicos para la compra de esos equipos. La Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR y la Policía Federal, también en manos del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, han designado a funcionarios de nivel para negociar la adquisición de esos equipos. De ellos sólo sabemos lo que el hackeo a la empresa italiana Hacking Team y las filtraciones periodísticas han dejado ver. Con el pretexto de la seguridad nacional, esa información se mantendrá reservada. Los ciudadanos mexicanos son espiados con equipo que se compra con el pago de sus impuestos. Pero no tienen el derecho a saber quién y cómo negoció esas compras. Tampoco, gracias al Comité Coordinador del SNA, a hacer apenas un exhorto a Peña Nieto para que informe sobre las actividades de espionaje que han sido exhibidas por la prensa internacional. Comentarios: @jorgecarrascoa