CHILPANCINGO, Gro. (apro).- A casi dos meses de que el gobierno de Héctor Astudillo Flores anunció el operativo policiaco militar denominado Relámpago, para tratar de restablecer el orden en la región de la Tierra Caliente, las libertades ciudadanas están suspendidas y las garantías como el libre tránsito simplemente no existen. Ayer, un grupo de seis reporteros de varios medios documentaron la dramática situación que se vive en el poblado de La Agavia, considerado como el bastión de Raybel Jacobo de Almonte El Tequilero, donde el lugar se ha convertido en un pueblo fantasma, ante el desplazamiento forzado de más de 400 personas por la narcoviolencia. A través de un reporte oficial, el gobierno estatal informó que brindó protección a los comunicadores, al afirmar que una veintena de policías estatales a bordo de tres patrullas oficiales, escoltaron a los comunicadores de la cabecera de San Miguel Totolapan al poblado de La Agavia sobre un tramo de seis kilómetros de terracería surcado por militares, luego de que el pasado 19 de junio, cuatro policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y un civil murieron durante un enfrentamiento donde también resultaron heridos siete agentes federales. Posteriormente, los comunicadores fueron resguardados por los policías estatales hasta la ciudad de Iguala, ante la falta de garantías para transitar libremente sobre la vía federal que conecta la zona norte con la región de Tierra Caliente. De esta manera, los reporteros y fotoperiodistas realizaron su labor en una zona silenciada por la violencia, impunidad y corrupción gubernamental, donde grupos delictivos disputan las áreas de producción y trasiego de heroína, así como el control de la explotación minera en los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan ante la mirada complaciente de autoridades de los tres niveles y el Ejército. Dos meses antes, las autoridades ya habían actuado de la misma forma, al trasladar vía aérea a un grupo de comunicadores al municipio de San Miguel Totolapan porque en la carretera no había garantías transitar libremente ante la presencia de grupos armados vinculados con el narco que mantienen retenes sobre la vía federal en los municipios de Teloloapan, Acapetlahuaya y Arcelia. A pesar del contexto de suspensión de libertades ciudadanas y el desplazamiento forzado de personas por la violencia, el gobernador Astudillo se niega a reconocer la crisis humanitaria que vive la sociedad en la región de Tierra Caliente, conformada por nueve municipios, y la zona norte que colinda con el sur del Estado de México donde el narco lo controla todo. Ello a pesar de que la misma situación de extrema violencia y silencio se replica en otras zonas como Chilapa, Acapulco y Chilpancingo, donde pandillas y grupos de autodefensa operan impunemente y mantienen el control de territorios completos, situación que refleja ausencia plena de gobierno. El pasado 11 de mayo, el gobernador Astudillo anunció la operación policiaco militar denominada Relámpago en los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan, con el propósito, dijo, de detener a El Tequilero y el líder del grupo antagónico de La Familia, identificado como Jonhy Hurtado Olascoaga El Mojarro. No obstante a la fecha, la impunidad campea en la región de Tierra Caliente donde El Mojarro ha sido señalado por el gobierno federal de ser socio de empresas mineras asentadas en Arcelia, entre ellas la de Carlos Ahumada Kurtz y la de Campo Morado. Mientras que el fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, aseguró que el verdadero líder de la banda de Los Tequileros, es el exalcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, quien actualmente se desconoce su paradero porque solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido.