CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La constructora brasileña Odebrecht negocia con Petróleos Mexicanos (Pemex) el pago de 16 millones 685 mil dólares adicionales por un contrato que obtuvo en 2014 para modernizar la refinería de Salamanca, Guanajuato, y que debió haber concluido desde 2015. El monto que reclama la empresa sudamericana --involucrada en el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica-- equivale a 300 millones de pesos, al tipo de cambio actual. De acuerdo con información difundida por la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), el contrato “Desarrollo de la fase I del proyecto conversión de residuales de la refinería de Salamanca” fue asignado en forma directa el 24 de noviembre de 2014 a un consorcio encabezado por Constructora Norberto Obedrecht SA, por un monto de 85 millones 251 mil dólares, equivalente a mil 184 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces. En el contrato se estableció como fecha de conclusión de la obra el 18 de noviembre de 2015, pero Odebrecht no cumplió. Al cierre de 2015 se había ejercido apenas el 23% del presupuesto para la obra, de acuerdo con una revisión al contrato que efectuó la Auditoría Superior de la Federación. El mismo día que la constructora brasileña debió concluir la obra, Pemex otorgó una ampliación de 120 días naturales. El nuevo plazo se estableció el 17 de marzo de 2016, según documentos oficiales consultados por MCCI. Sin embargo, la obra no pudo terminarse porque fue suspendida en marzo de 2016, según reportó Pemex a sus inversionistas en un informe entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El contrato tiene un avance del 98% y “se encuentra suspendido temporalmente por falta de recursos”, refiere el informe fechado el 27 de abril de 2017. En ese mismo reporte, Pemex notificó a sus inversionistas: “Se desarrolla un mecanismo de alianza que permita dar continuidad al proyecto. Actualmente se encuentra en revisión y análisis para la búsqueda del posible socio”. La negociación Como parte del proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’, en el que participan periodistas de 11 países, se solicitó al consorcio Odebrecht en Brasil un informe del estado de los contratos que obtuvo en México desde 2005. En el caso del contrato que obtuvo en la refinería de Salamanca, reportó que el valor de la obra se encareció casi 20%, al pasar de 85 millones 251 mil dólares (que era el monto inicial acordado en 2014 con Pemex) a 101 millones 936 mil dólares. El consorcio brasileño precisó que el monto adicional de 16 millones 685 mil dólares (equivalente a 300 millones de pesos) todavía no ha sido cobrado. “El valor final previsto (del contrato de Salamanca) está sujeto a aprobación del cliente”, en este caso Pemex, menciona el documento. El proyecto de conversión de residuales de la refinería “Antonio M. Amor” en Salamanca consiste en producir más y mejores combustibles, a la vez que se minimizan los contaminantes. Para ello, se requirió instalar nuevas plantas y modernizar otras existentes. En este proyecto Odebrecht está asociado con dos filiales del grupo mexicano ICA y de la trasnacional Fluor Corporation, calificada por Forbes entre las constructoras más grandes, con presencia en 25 países. El 21 de diciembre de 2016, ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante una Corte de Estados Unidos haber corrompido a políticos y funcionarios de 12 países, incluido México, en donde confesaron sobornos por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014 para obtener ventaja en contratos. A partir de esa confesión, la Secretaría de la Función Pública inició auditorías sobre todas las obras asignadas a Odebrecht y la Procuraduría General de la República abrió una carpeta de investigación. En la relación a los contratos entregada por Odebrecht, reconoció el incremento en el costo de otras tres obras ejecutadas en México. Por ejemplo, la constructora aceptó que hubo un incremento de 66% en la modernización de la refinería de Minatitlán, Veracruz, contrato que fue asignado en febrero de 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, pero que fue concluido hasta 2013, ya durante el actual sexenio de Enrique Peña Nieto. El contrato establecía un costo original de 634 millones 900 mil dólares, pero se concluyó en mil 055 millones de dólares. Dichos montos coinciden con una estimación que realizó en MCCI en un reportaje publicado en febrero del presente año. Odebrecht justificó que el incremento se debió a servicios adicionales y el aumento de precios en insumos. En la segunda etapa-norte del gasoducto Los Ramones, asignado en forma directa en 2014, la empresa sudamericana reconoció un incremento en el costo de 28 millones 390 mil dólares. Según la constructora, el contrato fue asignado por Pemex por un monto de 935 millones 139 mil dólares y se concluyó en 963 millones 529 mil dólares. Sin embargo, en sus informes a inversionistas, Pemex ha reportado que el tramo asignado a Odebrecht tuvo un costo de mil 200 millones de dólares. Sobrecostos en Tula El consorcio brasileño también reconoció un incremento de 65% en el costo del contrato de adecuación de plataformas y terrenos para el proyecto de reconfiguración de la refinería en Tula, que fue asignado en forma directa por Pemex el 15 de febrero de 2014. El contrato inicial era por mil 436 millones de pesos, pero tras dos ampliaciones presupuestales, terminó en 2 mil 384 millones de pesos, según la relación entregada por Odebrecht. El sobrecosto ascendió a 947 millones de pesos. Este incremento reconocido por la constructora brasileña es incluso superior al que se reportó el pasado 31 de enero de mayo en la sesión del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en el que se ordenó a Pemex abrir los contratos suscritos con Odebrecht. En dicha sesión, el comisionado Joel Salas informó que el contrato en la refinería de Tula se había elevado a 2 mil 315 millones de pesos, luego de que Pemex otorgó dos ampliaciones presupuestales. Justo en el lapso en que se dieron esas ampliaciones en Tula, Odebrecht pagó sobornos en México, según han confesado ejecutivos de la constructora. El 18 de diciembre de 2013, el Comité de Adquisiciones de Pemex acordó asignar sin licitación el contrato de Tula a Odebrecht, que se firmó dos meses después; luego, en noviembre de 2014, la petrolera autorizó una primera ampliación presupuestal. En el caso judicial que se sigue en Estados Unidos, los ejecutivos de la constructora revelaron que precisamente entre diciembre de 2013 (cuando se aprobó la adjudicación directa de Tula) y finales de 2014 (cuando se dio la ampliación del contrato), la División de Operaciones Estructuradas (mejor conocido como el departamento de sobornos) pagó seis millones de dólares a funcionarios mexicanos, cuya identidad no ha sido revelada. Además, el director de la misma oficina de sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, confesó en Brasil que en noviembre de 2014 recibió una solicitud para hacer pagos ilícitos con valor de 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, de acuerdo con un documento judicial difundido a mediados de abril por MCCI, mismo que está firmado por el ministro brasileño Edson Fachin. La fecha en la que supuestamente se pidió el soborno para Lozoya (noviembre de 2014) coincide con el otorgamiento de la primera ampliación del contrato de Tula para la empresa brasileña. En el documento judicial obtenido por MCCI aparece el nombre de Luis Weyll, en aquel entonces director de Odebrecht en México, como testigo de la petición del soborno para el director de Pemex. La constructora brasileña informó que actualmente tiene vigente un contrato en México: la construcción de obras externas y accesos a la refinería de Tula. Esa obra fue asignada el 12 de noviembre de 2015, por un monto de mil 939 millones de pesos. En el contrato, Pemex estableció como plazo para concluir el 29 de abril de 2017. Un mes y medio después de haber vencido ese plazo, Odebrecht informó que “el proyecto no ha finalizado”, por lo que no pudo determinar cuál será su costo final. Este contrato fue firmado por Gustavo Escobar, encargado de la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex, y por Marcelo Da Fonseca, gerente administrativo de Odebrecht, según logró comprobar MCCI, pese a que el documento que ha hecho público el gobierno federal tiene censurados los nombres de los involucrados. La firma se realizó ante Luis Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México y el cual presuntamente presenció en noviembre de 2014 la petición de un soborno para Emilio Lozoya. También atestiguaron la asignación tres altos funcionarios de Pemex: el director de producción, Miguel Tame; el director de proyectos, Leonardo Cornejo, y Alejandro Martínez Sibaja, director general de Transformación Industrial.