TOLUCA, Edomex. (apro).- El Congreso local aprobó el nombramiento de siete magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes se encargarán de operar el sistema estatal anticorrupción pese a que tienen antecedentes que los vinculan con el PRI o el PRD. De acuerdo con el entramado jurídico anticorrupción que entrará en operación el miércoles 19, los recién ratificados se encargarán durante los próximos 10 años de investigar y sancionar los casos graves de corrupción de los servidores públicos del Estado de México y municipios. Con la designación, este lunes 10 entrarán en funciones, como integrantes de la Sala Superior, Rafael González Oses Cerezo, hasta hace unos días director general jurídico consultivo del gobierno estatal; Gerardo Rodrigo Lara García, exdirector general adjunto de Asuntos Jurídicos del IPAB y exsubdirector de apoyo legal fiduciario de Banobras. También ese día iniciará funciones América Elizabeth Trejo de la Luz, funcionaria de la dirección general adjunta legal y de transparencia de la Subsecretaría de Infraestructura mexiquense; mientras que Teresa de Jesús Martínez Ibáñez, quien ya cuenta con experiencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Tricaem) como proyectista, fue adscrita a las Salas Regionales. El 30 de agosto se sumarán a la Sala Superior Claudio Gorostieta Cedillo, exdirector de lo Contencioso en la Procuraduría Fiscal, y Arlen Jaime Merlos, hija del exdirigente perredista José Luis Jaime Correa, y la exdiputada y exregidora por el mismo partido Rocío Merlos Nájera. Jaime Merlos fue comisionada de transparencia durante algunos meses y removida a mediados de 2015 por los mismos diputados que ahora la designaron, arguyendo entonces falta de méritos curriculares y profesionales. Para las Salas Regionales, también en esa fecha, se sumará Lidia Elizalde Mendoza, quien se desempeñaba como secretaria de acuerdos en el Tricaem, mismo que se convertirá en Tribunal de Justicia Administrativa en próximos días. Durante su comparecencia ante las comisiones de dictamen, González Oses se comprometió a, como magistrado, excusarse en los asuntos que conoció como director jurídico-consultivo en la Consejería Jurídica del gobierno estatal, y solicitó crear más plazas para atender la carga de trabajo del nuevo tribunal, pues tan sólo en el caso de las fotomultas rememoró que se promovieron más de cien mil controversias contra ese esquema. Al ser cuestionada por el diputado panista Víctor Gálvez sobre su filiación partidista, Jaime Merlos evadió responder y justificó con nerviosismo que cumple con los requisitos de ley. En tanto, Lara García rechazó que su experiencia en el sector de la banca se encuentre peleado con el derecho administrativo, pues en el IPAB solucionó controversias entre contratantes y contratistas. Por su parte, la diputada perredista Juana Bonilla consideró que la currícula expuesta por los postulados se queda corta porque pudieron presentar propuestas para fortalecer el sistema anticorrupción estatal y, desde su punto de vista, faltó transparencia sobre las funciones desempeñadas en 2017, debido a que muchas hojas de vida carecían de estos datos. También lamentó que sólo una candidata llegó al Tricaem por examen de oposición, confió en que la trayectoria de los demás no se base en la recomendación, cuota o compadrazgo, y criticó que los candidatos hayan evadido responder los cuestionamientos de los diputados. Pese a las dudas y señalamientos, este mediodía la Diputación Permanente avaló por unanimidad las designaciones promovidas por el gobernador Eruviel Ávila.