ZACATECAS, Zac. (proceso.com.mx).- El gobierno del Estado violó derechos de los habitantes de la comunidad de Salaverna, donde opera la empresa minera Tayahua de Carlos Slim, quienes fueron desalojados el 23 de diciembre del 2016 de la comunidad, según un informe de la Comisión estatal de los derechos humanos que hizo público el expediente después de que la secretaria de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, rechazó las recomendaciones que le hizo el organismo. La presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez Campos, señaló que el gobierno del estado debió proteger a la población de la comunidad y no otros; en este caso, de la Compañía Minera Tayahua, y dio la calidad de desplazados a los afectados, de acuerdo con los parámetros y criterios internacionales, particularmente para los afectados por las actividades mineras. Domínguez Campos convocó a los medios para difundir el contenido de la recomendación 03/2017 relativa al desalojo en Salaverna, municipio de Mazapil, y anunció que ante la negativa de la titular de la Secretaría de Gobierno, remitirá el expediente al Congreso del estado para que éste cite a comparecer a la funcionaria. La Secretaría de Gobierno no tenía facultades para sacar las pertenencias de los habitantes que fueron desalojados, ni para demoler las viviendas, por lo que se excedió de sus atribuciones, lo mismo que el personal de Protección Civil y de Seguridad Pública estatal que participó en el desalojo. Fabiola Torres Rodríguez tendrá que explicar a los legisladores las razones por las cuales se negó a aceptar la recomendación de la comisión, dijo la presidenta del organismo. En este caso, la funcionaria señalada como responsable de violaciones a los derechos humanos es la coordinadora de asesores de la secretaria de Gobierno, Raquel Ortiz Sifuentes. La Comisión señala también responsabilidades de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia y del director de Protección Civil, Juan Antonio Caldera Alanís. Estas instancias sí aceptaron las recomendaciones derivadas de la investigación efectuada por el organismo. Según el informe, el gobierno estatal violó derechos de legalidad y seguridad jurídica de los habitantes de Salaverna que fueron desalojados el 23 de diciembre, con el argumento de que se encontraban en un área inestable con el riesgo de deslaves. Un grupo de vecinos de la localidad ha denunciado durante años presiones de la minera para ser reubicados. Parte de la población aceptó cambiarse a Nuevo Salaverna, un conjunto de casas edificadas por la empresa minera de Grupo Frisco, pero otra parte se negó a dejar sus viviendas y permanece en la comunidad. Con bulldozers y camiones de mudanzas, las autoridades demolieron una iglesia, viviendas y sacaron las pertenencias de quienes se negaban a salir, hasta que llegaron reporteros y personal de la Comisión estatal de derechos humanos, lo que frenó el desalojo, según señaló la propia titular del organismo. De hecho, en la recomendación de la CDHEZ se refiere que uno de los dictámenes técnicos empleados por el gobierno para justificar el desalojo de los habitantes de Salaverna fue elaborado por la propia minera Tayahua. Por ello, se pide a la Dirección de Protección Civil efectuar un nuevo estudio sobre las condiciones de la zona, así como un segundo dictamen sobre el impacto de las explosiones derivadas de las actividades de la Minera Tayahua en el subsuelo de Salaverna. La presidenta de la Comisión resaltó que en los meses posteriores a esta intervención, no se ha manifestado alguna situación de desastre atribuida al presunto riesgo inminente que argumentaba el gobierno estatal. “Pese a que las autoridades responsables ha sido negados por las autoridades responsables, hay suficiente evidencia de que la actuación del comandante Juan Antonio Caldera Alanís, director de Protección Civil y de las servidoras públicas de la secretaria de Gobierno, Raquel Ortiz Sifuentes excedió el límite de sus atribuciones legales, vulnerando los derechos de los agraviados”, leyó la presidenta de la CDHEZ. Incluso, a pesar de que la coordinadora de asesores Raquel Ortiz aseguró haber acudido el 23 de diciembre a Salaverna en calidad de observadora, esto fue desmentido en la investigación con los testimonios de los elementos de las propias corporaciones, quienes señalaron que la funcionaria daba las instrucciones para el desalojo ese día. La recomendación fue entregada a las instancias estatales el 12 de junio, y responde a la queja interpuesta por seis de los afectados por el desalojo –consignado en su momento por Apro-, los cuales deberán ser inscritos en el Registro estatal de víctimas, a solicitud de la CDHEZ, indemnizados, así como se les debe brindar el apoyo psicológico que requieran. Sin embargo, en un comunicado la Secretaría de Gobierno rechaza la personalidad de afectadas de las personas quejosas, lo que es uno de los motivos que argumenta para negarse a admitir la recomendación.