CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consorcio conformado por las empresas Construcciones Aldesem y Epccor –la primera de origen español y beneficiadas por contratos multimillonarios en México-- fue el responsable de la construcción del “Paso Exprés” en la autopista México-Cuernavaca, una obra defectuosa por la cual el gobierno federal le otorgó un contrato por mil 45 millones de pesos en 2014. Pese a los señalamientos de daños patrimoniales durante la fase de construcción y a la oposición de los vecinos, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró esta ampliación del libramiento de la autopista el pasado 5 de abril, y anoche --apenas tres meses después-- se abrió un socavón en la carretera, en el que cayó un automóvil con dos o tres personas a bordo. Su suerte sigue desconocida. Sin sorpresa, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –dependencia a cargo del proyecto de infraestructura-- no mencionó las evidencias de corrupción que rodearon la obra desde el principio. El funcionario echó la responsabilidad de la tragedia sobre las “lluvias totalmente atípicas” que cayeron en los últimos días: aseveró que las intemperies provocaron el desbordamiento de un riachuelo, que trajo consigo “la basura que encontró en el camino”, la cual a su vez “taponeó un drenaje que está debajo de la carretera”. Poco tiempo después de la adjudicación del contrato multimillonario al consorcio de empresas españolas –la cual se concretó en noviembre de 2014--, la agencia Reuters señaló los vínculos familiares entre los fundadores de Epccor y la empresa Gutsa Infraestructura, la cual había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2011 por incumplimientos, entre otros en la construcción de la polémica Estela de Luz. Entre 2014 y 2016, la SCT otorgó nueve contratos en torno al “Paso Exprés”, por un monto de mil 152 millones de pesos, de acuerdo con consultas realizadas al portal de registro de los contratos federales Compranet y al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Aparte de la construcción, la dependencia a cargo de Ruiz Esparza contrató a la empresa Sacc Ingeniería SA de CV para “coordinar” el proyecto de ampliación –por un monto de 38 millones de pesos--, y otorgó un contrato de 42 millones pesos a la empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología SA de CV para supervisar las obras. El reportero Arturo Rodríguez indicó, en la edición 2112 de la revista Proceso, que el “Paso Exprés” destacó como uno de los casos más graves de daños patrimoniales entre las obras inauguradas en 2017 por Peña Nieto. Según el reportaje, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que “más de la mitad del presupuesto asignado a la obra en 2015 tuvo un destino opaco, irregular y sin comprobación, cuya principal causa fue la autorización de pagos por 257.4 millones de pesos por mano de obra, materiales y equipos de manera injustificada”. “La lista de irregularidades sigue en montos más discretos hasta sumar los 270 millones de pesos, entre los que destacan sobrepagos a contratistas, modificaciones de precios irregulares y pago de materiales que no correspondían con lo que necesitaba la obra”, abundó. Contratistas españolas Tanto Epccor como Construcciones Aldesem crecieron en México mediante multimillonarios contratos de obra pública, otorgados por los gobiernos federal y estatales. Los dueños de Epccor son los hermanos Juan Diego, José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz, hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, el fundador de Gusta Infraestructura. El año pasado, Epccor se asoció con el grupo español Sacyr Construcciones, y ambas ganaron un contrato de obra pública de mil 400 millones de pesos para instalar la losa de cimentación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Para realizar las obras del megaproyecto más importante de la administración de Peña Nieto, Epccor y Sacyr incorporaron una empresa el pasado 4 de enero, llamada Sacyr Epccor NAICM, SAPI de C., cuyo consejo de administración está incorporado por Enrique Alonso Zuñiga, Pablo Manuel Gutiérrez Ramírez y Juan Diego Gutiérrez Sainz. De acuerdo con su página de Internet, Grupo Aldesa –matriz de Construcciones Aldesem-- lleva ocho años operando en México, periodo en el que se colocó entre los principales grupos constructores del país, gracias entre otros a los numerosos contratos de obra pública que obtuvo de los gobiernos federal y estatales. Entre las obras adjudicadas destacan el Túnel Emisor Poniente II, en el Estado de México, proyectos carreteros –entre ellos la autopista Durango-Mazatlán o Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas--, la construcción de la planta de la empresa automotriz Audi en Puebla, o proyectos energéticos. Aldesem también obtuvo el contrato de construcción de la torre de control del NAICM, en consorcio con la empresa mexicana Jaguar Ingenieros, por un monto de mil 242 millones de pesos. En Perú, Grupo Aldesa se asoció con la empresa OHL, también de origen española, para la construcción del Museo Nacional de Arqueología, por un monto de cien millones de euros, equivalentes a dos mil millones de pesos mexicanos. Además de tener directivos estrechamente vinculados con el PRI, la empresa OHL fue señalada en múltiples casos corrupción en la operación de obras de infraestructura en México, y particularmente en el Estado de México.